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miércoles, 1 de marzo de 2017

Avianca: Di Lello imputó a Macri por irregularidades en la explotación del espacio aéreo

Di Lello imputó a Mauricio Macri, a su padre Franco, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.



El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáuticos por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.

En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.

Además del Presidente, Di Lello impulsó la acción penal contra el titular del grupo SIDECO Franco Macri, el Secretario General de la Presidencia de la Nación Fernando De Andreis y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. En su presentación, los legisladores señalaron como eje principal del cuestionamiento la reciente venta de la empresa "Macair Jet" -del grupo económico liderado por Franco Macri- a la firma colombiana "AVIANCA" y las posibles contrataciones del Estado Nacional con dicha empresa.

La imputación también alcanza al Director General de Logística de la presidencia de la Nación Carlos Cobas, al titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea AVIANCA Germán Efromovich, al CEO de "Avian Líneas Aéreas" Carlos Benjamín Colunga López y al titular de "Unidos Air S.A." Diego Martín Colunga López. 
La imputación también alcanza a Franco Macri y a Guillermo Dietrich
También, la fiscalía instó la acción penal contra el Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez, luego de la ampliación de la denuncia realizada por los diputados. A estos últimos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil".
El fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de Sergio Torres.

martes, 21 de febrero de 2017

Denuncian a Macri por supuesto fraude tras entrega de rutas "low cost"

La justicia federal recibió este lunes una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros acusados por un supuesto fraude al Estado. El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.


La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. "Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas".

"La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante "colombiano" (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder", dice la denuncia.

La presentación quedó radicada ante el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez y fue realizada por Fernando Miguez de fundación por la Paz y Cambio Climático.

"Este fraude en contra del ESTADO NACIONAL tiene nombres y apellidos; MACRI, PEÑA, QUINTANA, DIETRICH, IRIGOIN y COLUNGA", dice la denuncia.

La presentación también alcanza a Juan Pedro Irigoin, titular de la ANAC, Mario Quintana, coordinador del gabinete económico y Carlos Colunga, vinculado al grupo Macri.

En la denuncia se advierte por un posible "quebranto de nuestra empresa de bandera ante una competencia desleal toda vez la misma compite con la empresa cuyo titular es la Familia MACRI".

"También el Presidente de AVIANCA es el ex CEO de Macair el Sr. Carlos Colunga, obviamente siguen siendo ambos empleados y testaferros de MACRI", dice la denuncia.

El denunciante pidió suspender todo lo actuado en ese sentido por el Estado y "en orden al poder dominante de los Sres. Funcionarios DIETRICH e IRIGOIN en relación a la presente denuncia solicito su URGENTE DETENCION toda vez ambos "FUNCIONARIOS DESLEALES" pueden entorpecer la investigación preliminar.

martes, 14 de febrero de 2017

El presidente Mauricio Macri fue imputado por presuntos delitos en el caso del Correo Argentino

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por delitos que habrían ocurrido en el marco el acuerdo alzando entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del titular del Ejecutivo.


Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabatella.

Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA), ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

martes, 27 de diciembre de 2016

La Justicia intimó al Gobierno a informar sobre el decreto

Los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán y Esteban Furnari le dieron plazo de 5 y 3 días respectivamente al Gobierno para que presente un informe sobre el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.



La justicia federal intimó al Gobierno a que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.
Los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán y Esteban Furnari ordenaron así las primeras medidas en dos causas en las que se pidió que se frene la aplicación del decreto 1206//16 que se contrapone a una ley del Congreso.
Los expedientes fueron iniciados por la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", que quedó a cargo de Ailán, y otro por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que está en manos del juez Furnari.
En el marco de la nueva ley de medidas cautelares, el gobierno debe entregar el informe correspondiente en el plazo indicado por el magistrado.
La jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. Ayer Furnari tomó idéntica decisión y le dio un plazo de tres días para que responda.
Los informes podrían llegar después de la feria judicial de verano, y una vez que los jueces los tengan en su poder, quedarán en condiciones de resolver si suspenden o no la aplicación del decreto.
Los amparistas, "Abogados por la Justicia Social" y el diputado Solá cuestionaron el decreto por ser contrario a lo que el Congreso Nacional había aprobado en mayo por ley 27.260 en la que excluía expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.
Cabe recordar que a fines de noviembre , Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios ingresaron a sus cargos.
El decreto fue rechazado y en la justicia se iniciaron causas en lo contencioso administrativo y además denuncias penales contra Macri, Peña y Prat Gay.
En una de ellas, la que presentaron diputados nacionales de Libres del Sur por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Macri, Peña y Prat Gay al requerir abrir la investigación.

Investigarán si Laura Alonso hace "persecución selectiva" desde la OA

Otro dolor de cabeza para Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, muy cuestionada por su accionar alrededor de las cláusulas secretas del contrato entre YPF-Chevron y las acciones del ministro Aranguren en Shell. Ahora la Justicia investigará si el organismo que preside incurre en una presunta "persecución selectiva" por la cual elige en qué causas intervenir y desiste de hacerlo en otras.



La gestión de Laura Alonso al frente de la Ofician Anticorrupción será investigada por la Justicia para determinar si elige en qué causas intervenir y desiste de hacerlo en otras y si hay una presunta "persecución selectiva".
La Sala II de la Cámara hizo parcialmente lugar al reclamo del extitular de la AFIP del gobierno kirchnerista Ricardo Echegaray, quien denunció "una supuesta persecución selectiva por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en supuesta violación de sus deberes específicos".
Los camaristas advirtieron que el planteo no fue debidamente analizado por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó que se revea, y que se le pida la opinión a la fiscalía para determinar si debe abrirse la investigación.
"El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo -como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo", advirtió el tribunal.
Para la Cámara "no ha recibido respuesta la pretensión (de Echegaray) de que se inicie una pesquisa para determinar si pudo haber existido un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder".
La Cámara dijo además que el juez Casanello "también deberá definir si, con relación a la hipótesis así planteada, concurre o no en cabeza de Echegaray un perjuicio directo que lo habilite a constituirse en querellante", indicó el portal minutouno.com.
La Sala II también se pronunció por confirmar la desestimación de un hecho denunciado por Echegaray contra el organismo. Se descartó la comisión de cualquier delito con relación a la presentación de un informe de la Oficina Anticorrupción en el marco de una causa del Juzgado Federal N° 12 seguida por enriquecimiento ilícito contra el extitular de la AFP.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Blanqueo y familiares: imputan a Mauricio Macri, a Marcos Peña y a Alfonso Prat Gay

El fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que el Gobierno abusó de su autoridad al permitir que familiares de funcionarios públicos puedan adherirse al blanqueo de capitales aprobado por el Congreso. Por eso, imputó hoy al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.


De esta manera, el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°9 hizo lugar a la denuncia penal de la líder de Libres del Sur, la diputada Victoria Donda, que también se tramita en el Juzgado n°4 de Ariel Lijo. En el Juzgado n°2 de Sebastián Ramos existe una denuncia similar realizada por la diputada kirchnerista María Emilia Soria.

Las legisladoras denunciantes advirtieron en sus presentaciones judiciales que el Decreto 1206/16 firmado por Macri, Peña y Prat-Gay "viola el espíritu" de la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal. Hasta la líder de la Coalición Cívica, la oficialista Elisa Carrió, había exigido excluir a los familiares de funcionarios públicos para evitar "acuerdos de impunidad".

Sin embargo, gracias al decreto publicado el 30 de noviembre en el Boletín Oficial, ahora pueden blanquear "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos antes mencionado (ver recuadro)". Para eso, los familiares deberán demostrar que los bienes a exteriorizar habían sido adquiridos previamente a la llegada del funcionario público al Estado.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Amplían la denuncia contra Michetti por el origen de los fondos de su fundación

El fiscal Franco Picardi solicitó medidas de prueba para determinar si Cecilia Brook, novia del periodista Alfredo Leuco, fue designada por la Vicepresidenta en el Senado para hacer trabajos en su fundación SUMA.



El fiscal Franco Picardi pidió que se investigue a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a Cecilia Brook, novia del periodista Alfredo Leuco, en el marco de una ampliación de denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade, en la causa por el origen de los fondos robados de la casa de la funcionaria en noviembre del año pasado.



La fiscalía solicitó medidas de prueba para determinar si Cecilia Brook "fue designada por la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Marta Michetti, en el Senado que ella preside cuando en realidad no cumpliría funciones en esa Cámara Alta sino en la Fundación SUMA", investigada por la justicia.

martes, 29 de noviembre de 2016

Denuncian a Macri y parte del gabinete por el memorando con Qatar

El presidente Mauricio Macri, su vice Gabriela Michetti, y parte del gabinete nacional fue denunciado por la firma de un polémico memorando con Qatar, en el que intervinieron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y Qatar Investment Authority (QIA). El acuerdo comercial alcanza los u$s 1.000 millones.


La denuncia, según informó el canal C5N, la presentó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Entre otros delitos, se acusa a Macri y sus funcionarios de funciones incompatibles y defraudación a la administración pública. 

Además de Macri, la denuncia alcanza a Michetti, y al asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Amaya Ortíz; la embajadora argentina en Doha, Cecilia Rossana Surballe; y la canciller Susana Malcorra. También al extenista Gastón "Gato" Gaudio, amigo del emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, quien cumplió las veces de "celestino" entre ambas partes. 

Una estructura offshore para la "eficiencia" en el pago de los impuestos y un administrador extranjero son dos de las polémicas cuestiones que surgen en el memorando que firmaron la Argentina y Qatar el 6 de noviembre, y que informó un matutino porteño. 

Argentina y Qatar firmaron el memorándum con el objetivo de que el gobierno qatarí realice importantes inversiones en nuestro país, pero suscitó la polémica porque el acuerdo incluye la creación de una estructura "offshore y la participación de un "gerente extranjero" que tendría todo el poder sobre el dinero.

Según la presentación, el anuncio fue realizado por la vicepresidenta Gabriela Michetti junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, en una sala del hotel Shangri-La.

De la comitiva formaron parte la propia Michetti; el asesor del presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe. Uno los asistentes llama la atención: en el encuentro estuvo el tenista retirado Gastón "Gato" Gaudio, amigo del Emir.

Para el denunciante, en principio podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público que las supuestas maniobras descriptas han irrogado.

En el caso, Gaudio fue imputado por el denunciante por supuesto tráfico de influencias, porque según sus dichos sería quien acerca a los saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

A los 98 años, murió el ex juez de la Corte Suprema Carlos Fayt

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt murió anoche a los 98 años, informó el titular del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo.


"Hace un ratito hablé con su hija, Graciela, y me lo confirmó", dijo Rizzo a Todo Noticias.
Rizzo, quien fue su abogado cuando el gobierno de Cristina Fernández lo quiso apartar del máximo tribunal, señaló: "Estaba internado. Anduvo mal, se descompuso, lo llevaron, pero se fue bien". 

Fayt fue integrante de la Corte desde el regreso de la democracia, en 1983, hasta fines de 2015, un día después de concluída la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien intentó removerlo del cargo en los últimos años.

El ex magistrado resistió esa movida y dijo que se iba a ir después de que la entonces jefa del Estado abandonara la Casa Rosada, cosa que cumplió un día después, el 11 de diciembre del año pasado.

Rizzo instó al Gobierno a "que declare duelo nacional por la muerte del maestro Carlos Fayt". Fayt nació en el seno de una tradicional familia católica salteña, oriunda de Tartagal, tenía raíces sirio-libanesas y políticamente se alineó con el socialismo.

Profesor emérito de la UBA y titular en la Universidad de Belgrano, Fayt fue también director del Instituto Argentino de Ciencia Política, entre otros cargos.

El 15 de septiembre de 2015, Fayt presentó su renuncia a la Corte Suprema, que se hizo efectiva a partir del 11 de diciembre del mismo año. Fayt también fue objeto de solicitudes de juicios políticos, y no sólo el kirchnerismo intentó removerlo con el argumento de su avanzada edad, ya que en su momento también lo hizo el ex presidente Eduardo Duhalde.

En 2015, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados -a pedido del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y de legisladores oficialistas- aprobó el pedido de una evaluación psicofísica de Fayt.

La actual vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, dijo esta noche: "Lo estábamos extrañando desde que se fue" y lo recordó como "un hombre importante y de muy buen humor". 


Carlos Fayt fue integrante de la Corte Suprema de Justicia durante 32 años y uno de los nombres más prolíficos de la Justicia argentina, por lo que su muerte desató el lamento de todos quienes lo admiraban.

Su nombre cobró gran relevancia en los últimos años, luego de una extensa polémica con el kirchnerismo en 2013, a partir de la Reforma Judicial impulsada por la ex presidente Cristina Kirchner en la que se proponía la creación de "jurados populares". Sin embargo, resistió el asedio y renunció el día siguiente a la asunción del presidente, Mauricio Macri.

Nacido en Salta en 1918 en el seno de una familia católica y de orígenes políticos socialistas, Fayt estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1949. En alguna oportunidad, recordó cómo la coyuntura política de aquellos tiempos retrasó la obtención del título.

"Mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires criticaba la reforma constitucional que aprobó Perón en 1949. Los jurados no me quisieron tomar el examen y tuve que escribir otra tesis. Yo, por mi parte, siempre admiré a los líderes socialistas Nicolás Repetto y Alfredo Palacios, pero me aparté del socialismo en el 58", dijo en una oportunidad en diálogo con La Nación en 2008.

Fayt llegó a la Corte en 1983 propuesto por Raúl Alfonsín, que había trabado relación con dirigentes de esa tradición durante la dictadura. Fayt pasó casi todos sus años en la Corte como ministro, salvo por un breve período en 2003.

El Gobierno kirchnerista intentó apartar al ministro de su cargo para lograr una vacante que abriera la posibilidad de reemplazarlo con un ministro afín que le permitiera construir una mayoría de jueces "amigables" con el Gobierno.

Ministros y diputados del Frente Para la Victoria denunciaron que Fayt no concurría a la Corte y lo acusaron de no estar en condiciones de seguir desempeñando el rol de juez.

Fayt contestó con entrevistas periodísticas en las que mostraba que la avanzada edad no había afectado su raciocinio y firmando fallos junto a sus pares."A Fayt lo quieren matar por estrés. Lo quieren matar porque es un acoso moral. Es un acto de perversión", había remarcado Elisa Carrió en su momento.

En septiembre de 2015 presentó su renuncia a la Corte, pero no la hizo efectiva hasta el 11 de diciembre de ese año, un día después de la asunción de Mauricio Macri como Presidente, cuando el kirchnerismo ya se había retirado de la Casa Rosada tras más de doce años en el Gobierno.

Fayt había confiado a sus colegas que se iría "cuando quiera y no cuando ellos lo mandaran". A casi un año de su decisión, el emblemático ex ministro de la Corte murió a sus 98 años.

martes, 22 de noviembre de 2016

Panamá Papers: nuevo pedido de pruebas contra Macri por lavado de activos

Un diputado pidió al juez Casanello que abra los archivos de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas que funcionó en Diputados, para extraer datos sobre el Grupo Macri. La cifra fugada por una de sus empresas coincide exactamente con el monto invertido en una de sus offshore.


Entre enero de 2002 y octubre de 2003 funcionó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas. El Grupo Macri estuvo entre los investigados por este tema, y la Comisión probó por entonces que el total de divisas fugadas ascendía a 58.572.227 dólares. Retomando esta información, el diputado Darío Martínez solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene "la inmediata apertura" de aquellos archivos para incorporar al expediente que investiga el presunto lavado de activos, impulsado a partir de las revelaciones de Panama Papers.

Martínez, legislador neuquino del Frente para la Victoria, viene aportando material a la Justicia sobre las offshore de Mauricio Macri en el marco de los Panama Papers y fuera de ellos. Según informó Página 12, decidió ampliar su denuncia ante Casanello y el fiscal Federico Delgado.

La información aportada por Martínez detalla el monto de las fugas de las empresas del Grupo Macri, relevadas por la Comisión Especial de Diputados. Una cifra le llamó especialmente la atención en ese listado: Socma Inversora Sociedad Anónima fugó 9.316.000 dólares. “Es muy llamativa la suma porque es la misma que Fleg Trading ingresó a Brasil para comprar las acciones de Owners do Brasil”, dijo el diputado a Página 12. Fleg es la offshore creada en 1998 por Franco Macri y Mauricio Macri en Bahamas.

Para determinar la fecha de las operaciones se necesita acceder a la documentación que los bancos enviaron a la Comisión Especial que presidió el entonces diputado Eduardo Di Cola e integraron Graciela Ocaña, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe.

“Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del Grupo Macri, en las cuales el señor Mauricio Macri era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de Fleg Trading LTA y Owners en la República Federativa de Brasil”, dijo Martínez.

Como en los archivos bajo guarda figura supuestamente el reporte de cada operación, su fecha, su monto y su destino, de allí es posible conjeturar que podría conocerse a qué cuentas radicadas en el exterior fueron girados los fondos. “Muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas”, afirmó el diputado denunciante.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Robo a Michetti: la Justicia pidió informes a bancos sobre cuentas de fundaciones PRO

El juez federal Ariel Lijo libró oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que entidades bancarias informen la cuentas que poseen las fundaciones del PRO, "Pericles", "Formar" y "Fundar Seguridad y Justicia", investigadas en la causa por el origen de los fondos que fueron robados de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti.


La Fundación Pericles está dirigida por Fabián Rodríguez Simón, estrecho colaborador del presidenteMauricio Macri; la Fundación Formar encabezada por el ministro de Transporte de la NaciónGuillermo Dietrich y la Fundación Fundar-Justicia y Seguridad de Burzaco. Todas apuntadas en la causa.

Cuando declaró en forma espontánea, Michetti dijo que los 200 mil pesos pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA que ella preside y unos 45 mil que eran para una refacción en la casa. Los otros 50 mil dólares son supuestamente de un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

Los diputados por el Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron que la Fundación SUMA tenía serias irregularidades y que junto a las otras fundaciones podrían ser usadas para el financiamiento ilegal de la política.

Lijo ya había dispuesto que se levantara el secreto bancario sobre las cuentas de la Fundación SUMA y ayer dispuso similar medida respecto de las otras.

También requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que envíe al juzgado los reportes de operaciones sospechosas que tuvieran las fundaciones.

viernes, 14 de octubre de 2016

Denuncian que apareció una nueva offshore de los Macri en Panamá y piden investigarla

Los Macri tiene otro motivo más preocuparse por sus negocios offshore: por primera vez desde el escándalo de los Panamá Papers salen a la luz vínculos entre el grupo Socma S.A. y Omexil S.A., una compañía radicada en Panamá que habría sido utilizada por la familia del presidente para realizar operaciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio a principios de los ochentas. 


La información a la que accedió en exclusiva ámbito.com ya está en manos del fiscal federal Federico Delgado. Fue aportada por el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona (h). 


Según los documentos oficiales del Registro Público de Panamá, Omexil S.A. fue anotada el 23 de marzo de 1981 por el estudio de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman. Posee el número de ficha 69.037. La inscripción se hizo en el asiento 6.139 del Tomo 145 del organismo estatal. El capital inicial fue de apenas u$s 500. Hasta allí no es más que otra de las miles de compañías panameñas, que en muchos casos sirven para evadir impuestos o lavar dinero. 

El primero de los vínculos entre Omexil y los Macri es Icaza, González-Ruiz & Aleman. "Es el mismo (bufete) que constituyera otras offshore del Grupo Macri, como Cadocsa, Kagemusha y Fiat Automóviles Interamericana, lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades", alertó Olmos ante el fiscal, y según pudo saber este medio. 

Compañía Americana de Obras Civiles S.A.(Cadocsa) se utilizó para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. Esa operatoria fue ventilada por ámbito.com tiempo atrás. En Kagemusha S.A. Mauricio y Franco Macri aparecen como directores. Fiat Automóviles Interamericana S.A. es una offshore asociada a la automotriz del Presidente. 

Tres de estas empresas fueron creadas en 1981 y todavía permanecen activas: Omexil, el 23 de marzo; Kagemusha el 11 de mayo, y Fiat el 16 de noviembre. Cadocsa fue inscripta el 11 de mayo de 1971 y hoy está disuelta. Sideco Americana S.A. es del 10 de junio del mismo año. 

"(Las fechas) revelan una habitualidad del Grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de Cadocsa y Omexil S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985", remarcó Olmos en el escrito entregado a Delgado. 

Tras solicitarle al fiscal que avance en la pesquisa con estos nuevos datos, el asesor parlamentario de Pino Solanas subrayó que una de las "dificultades" más evidentes para la investigación de las empresas offshore y sus verdaderos dueños es que en "la mayoría de los casos nunca aparecen los nombres de sus reales accionistas, siendo sustituidos por personas que prestan sus nombres, a los efectos que aquellos no queden identificados". 

• Hospitalarios 

Si bien Fiat Automóviles Interamericana sigue vigente, en abril pasado el gobierno de Panamá publicó la Resolución 201-2062 por la cual se ordena la disolución de las empresas que hace más de 10 años que no pagan la tasa única de sociedad anónima, que les permite operar libremente. Se sospecha que esta sociedad se utilizó para extender la venta de vehículos italianos en la región. 

La base de datos Opencorporates reveló que el presidente y director de Fiat Automóviles Interamericana S.A. es Erasmo Pelli, el exviceintendente de la ciudad suiza de Lugano. Cuando Macri era jefe de Gobierno firmó con Pelli en 2008 un convenio de cooperación entre municipios para construir un hospital en el barrio porteño que lleva el mismo nombre. Por ahora, el centro de salud Cecilia Grierson, inaugurado por Macri en 2009, no se convirtió en el Hospital de Alta Complejidad que los vecinos del sur de la Ciudad necesitan. Actualmente funciona solo con consultorios externos y sin servicio de internación. El PRO anunció que estará terminado tal cual lo planearon Macri y Pelli recién en 2020. 

• Incendiarios 

El segundo vínculo entre los Macri y Omexil S.A. se hizo humo, literalmente. Será desde ahora una terea de la Justicia su reconstrucción. Olmos denunció este jueves que Sideco Americana S.A., que antes se llamaba Impresit Sideco, admitió ante la Procuración General que en el incendio de Iron Mountain se quemaron varias cajas repletas de papeles importantísimos que eran de su propiedad. 

En el marco de una investigación criminal y ante el requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los Macri enviaron por motu proprio a la oficina antilavado Procelac un listado con los números de cajas y los rótulos temáticos que poseían en el depósito incinerado en intencionalmente en Barracas. La caja KN100156447 de Sideco tenía la etiqueta "VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR". 

Olmos está convencido que Sideco Americana, del Grupo Macri, depositó papeles de Omexil en Iron Mountain, los que habrían sido destruidos por el siniestro. "Esa circunstancia hace suponer sobre la existencia de negocios relacionados, y muestra como es la operatoria habitual del grupo, para burlar todo tipo de controles societarios, que puedan poner en evidencia actividades que están al margen de la ley", señaló. 

"Hasta que la Fiscalía Federal no profundice las investigaciones, no puede saberse cuál ha sido la participación que pueda haber tenido el ingeniero Mauricio Macri en Omexil S.A., pero cuando esta sociedad intervino en la operatoria de auto préstamos detectada, él era director y accionista de Socma S.A. y Sideco Americana S.A., lo que hace suponer el debido conocimiento del objetivo para el que fue constituida la sociedad, y el hecho de su vigencia actual", concluyó.

miércoles, 5 de octubre de 2016

Panamá Papers: amplían denuncia contra Mauricio Macri con documentos aportados por Franco

El diputado nacional del FpV Darío Martínez amplió otra vez la denuncia por presunto lavado de dinero por u$s 9,3 millones contra Mauricio Macri. Según puso averiguar ámbito.com, la nueva presentación fue motivada por los documentos que aportó Franco Macri a la Justicia, tras el escándalo surgido con los Panamá Papers.


Los papeles se presentaron este miércoles ante el fiscal federal Federico Delgado para que sean incorporados en la causa 3899/16, que tramita contra Macri. El escrito de Franco había sido presentado ante el Juzgado Civil N° 104, donde se abrió otro expediente, el 20.358/16, caratulado"Mauricio Macri c/ Fleg Trading TLD y otro sobre diligencias preliminares". Esta causa la inició el propio Presidente en otro fuero para deslindar supuestas culpabilidades penales, al mismo tiempo que acusó a su padre por todos los movimientos accionarios de las empresas donde él figuraba como director. En ese fuero se presentó Franco. El diputado Martínez obtuvo esas pruebas y las llevó al fuero penal, para que luego lleguen al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo deSebastián Casanello.

Uno de los documentos aportados por Franco revela dos puntos importantes para la pesquisa. Es una copia certificada firmada el 15 de octubre de 1998 donde consta que los directores son Franco, Mauricio y Mariano Macri y que ellos tres designaron a otros directores a partir de esa fecha. Según el diputado Martínez, esta acta oficial "reafirma la presunción inicial de que directorio y accionistas son las mismas personas", porque los tres ejercieron "su poder de designar nuevos directores" a la vez que "hacen uso del poder de la asamblea de accionistas que en cualquier sociedad nombra o renueva los directorios".

Pero además, Martínez aseguró que al jefe de Estado "le caben todas las generales de la ley" en las responsabilidades penales que se investigan porque ese documento comprueba que "del 31 de marzo de 1998 al 15 de octubre de 1998 Mauricio Macri -además de accionista- fue miembro pleno del Directorio de FLEG TRADING LTD".

"Esto significa que Mauricio Macri tuvo directa responsabilidad en los hechos que hemos aportado a la Causa en los cuales se presume pudo existir una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares", agregó en su escrito el legislador neuquino.

Con ese mismo documento aportado por el padre del Presidente y protocolizadas ante el escribano público Jorge Ledesma además se derrumbaría el argumento "público" de Mauricio de que Fleg Trading Macri "nunca tuvo movimientos, cuentas, ni dinero". 

El 21 de septiembre de 1998 Socma Americana S.A, vende a Fleg su participación accionaria en Owners Do Brasil Participacoes de 11.715.449 acciones por las cuales recibe u$s 9.341.000. La ampliación de la denuncia de Martínez recuerda que a los pocos días, el 30 de septiembre siguiente, los socios de Owners (Fleg y Socma) realizaron una nueva asamblea en Sao Pablo, donde decidieron votar una reducción de R$ 10.283.885 (u$s 8,5 millones). 

En ese acto, entregaron "a título de devolución de parte del Capital Social de forma proporcional a la participación societaria, a los socios accionistas los derechos de crédito que la sociedad posee emanados del contrato de convenio celebrado el día 6 de mayo de 1996 y agregados posteriores, con la empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA". 

Para el diputado, esto significa que Fleg retira ese "derecho de crédito" contra el hotel y spa por u$s 8,5 millones y que Fleg a partir de esa fecha se queda con 1.432.000 Reales de capital social de Owners. "Por lo tanto la 'prueba' aportada por Francisco Macri certifica que, en el momento de estos hechos, donde presumimos una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares, Mauricio Macri integraba el Directorio de Fleg Trading Ltd", alertó.

Otro de los documentos del padre que complica al hijo es la evolución de la declaración jurada de bienes en el exterior de Franco desde 1998 a 2005. Se trata de los formularios de AFIP F711. Esa planilla pretende demostrar que Fleg se constituyó en 1998 y se extinguió en 2005 sin haber tenido ninguna actividad, ni movimiento de dinero. 

Sin embargo, el legislador descubrió el monto del capital accionario declarado por Franco, unos $ 1.950que en los noventas eran dólares, se repite todos los años, pero que en el estatuto constitutivo de la empresa offshore el capital inicial era de u$s 5.000, dividido en 5.000 acciones con un valor nominal de u$s 1 cada una. "Si como se pretende argumentar que el 'dueño' de Fleg era Francisco Macri, el monto de acciones declarado al 31-12-98 debió ser ese valor: u$s 5.000. Si la firma creada en 1998, 'nunca tuvo movimiento, ni cuentas ni nada', debió conservar su capital inicial de u$s 5.000 inmóvil hasta 2005", pero no fue así, remarcó Martínez. 

En el escrito que ya está en poder del fiscal Delgado, el denunciante aseguró que 1.950 acciones, representan el 39% del capital accionario de 5.000 y se pregunta: "¿si Francisco Macri tiene el 39% de las acciones, quién tiene el restante 61%?".

Teniendo en cuenta que en Fleg los accionistas eran a su vez directores, y que no surgiría a priori la intención de los Macri de esconderse detrás de directorios "pantallas" con "prestanombres", Martínez cree que "no existe otra posibilidad" que Mauricio y Mariano dispongan el otro 61%, razonablemente el 30,5% cada uno. "Si la intención de Mauricio es negar su participación en la sociedad FLEG, las 'pruebas' que muestra su padre, no lo eximen, sino que por el contrario lo comprometen", sentenció.

Siguiendo la pista de los 1.950 pesos/dólares de capital de Franco y los u$s 5.000 iniciales de Fleg,Martínez armó un cuadro comparativo de la presunta evolución que debería haber declarado la familia presidencial y las empresas involucradas en la maniobra. "En el siguiente cuadro mostramos la evolución del capital de FLEG TRADING LTD. En el primer renglón vemos sus acciones en OWNERS. El segundo su acreencia contra el Hotel Nuraghe SPA. Luego, la evolución del dólar en nuestro país. El cuarto muestra la conversión a pesos del 39% capital que debió ser declarado en AFIP por Francisco Macri. El quinto y sexto los montos que debieron declarar Mauricio y Mariano Macri ante AFIP por el 30,5% correspondiente a cada uno", postuló el diputado en su presentación.

El cuadro refleja que los documentos que Franco aportó a la Justicia y que antes desde el Gobierno enviaron a la diputada Elisa Carrió son cifras "muy lejanas" de los 1.950 pesos/dólares que se declararon. "En el caso del investigado en esta causa, según estos cálculos, el Ingeniero Mauricio Macri debió declarar como acciones en el exterior de Fleg de 1998 al 2001 $ 2.849.000; al 2002 $ 9.601.000; al 2003 $ 8.347.000; al 2004 $ 8.461.000 y al 2005 $ 8.632.000", señaló el legislador nacional.

Por último, en la ampliación de la denuncia el dirigente kirchnerista recomienda al fiscal Delgado que le exija a Carrió que envíe al juzgado de Casanello toda la documentación secreta que le envió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a su casa y que más tarde mostró por Telenoche; que le pida a Peña los documentos originales aportados por los Macri; que solicite a Franco explicaciones de quiénes eran las 3.050 acciones de Fleg no declaradas como propias, y que reclame al escribano Ledesma todo papel referido a la empresa offshore que tiene en jaque al Presidente.

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