La Presidenta carga ahora con el peso de Boudou
Una cosa era Boudou tocando la guitarra y otra cosa sería si hubiera tocado dinero del Estado. Es la diferencia entre la frivolidad y la corrupción. Fuentes judiciales seguras han afirmado que la investigación contra el vicepresidente avanzó en las últimas semanas. El juez Ariel Lijo está citando a personas que participaron activamente en la extraña venta de la ex Ciccone a dueños que nadie conoce. En los próximos días convocaría, por ejemplo, a los ex propietarios de esa empresa para que le digan a quién le vendieron la imprenta. Hay otro récord histórico: es la primera vez que se expropia una empresa y que nadie protesta por eso. Ningún dueño, real o aparente, se quejó. ¿O es que, acaso, entre los expropiadores están los dueños?
Nadie defendió a Boudou en el Congreso. Algunos ensayos de defensa se complicaron con acusaciones implícitas. No hubo mala voluntad del oficialismo, sino confusión ante el desafío de defender lo indefendible. Un diputado de la oposición pidió a los oficialistas que levantaran la mano los que creían realmente en la inocencia del vicepresidente. Sólo Carlos Kunkel levantó su mano. Fue aplaudido por la oposición. Era un hombre de coraje, solo. El manual de instrucciones que habían recibido los oficialistas consignaba qué debían hacer a la hora de votar o de decir, pero no ante una pregunta inesperada sobre la inocencia de Boudou.
¿Qué llevó a la Presidenta a jugarse en un caso que ya modificó las encuestas y que está convirtiendo la corrupción en una relevante preocupación social? En los años 90, la entonces senadora Cristina Kirchner se fue del bloque peronista cuando éste le reprochó porque había pedido públicamente la renuncia de funcionarios menemistas imputados en el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Todavía no habían sido condenados ni procesados. La entonces senadora dio un portazo, pero antes dijo una frase que bien podrían repetirla ahora algunos senadores y diputados: El Partido Justicialista no es un cuartel ni yo soy una recluta.
Algunos dicen que la actual presidenta no quiere reconocer el error de haber designado a Boudou, absolutamente sola. Otros aseguran que ella sabe mucho más que lo que se supone sobre la sospechosa compra de la imprenta. También están quienes afirman que simplemente cree en lo que dice y que no quiere entregarle al periodismo la cabeza de su vice. El trámite de la expropiación y la inexplicable intervención de la ex Ciccone permiten concluir, en efecto, que ella está más pendiente de los medios periodísticos que de la investigación judicial.
¿Para qué apuró el Gobierno una expropiación exprés en el Congreso si la empresa ya estaba intervenida? La intervención de una empresa privada por parte del Poder Ejecutivo o del Congreso, debe subrayarse claramente, es inconstitucional. Sólo la Justicia puede dictar esa clase de intervenciones, pero no es la primera vez que el kirchnerismo recurre a ese procedimiento ilegal. Ya lo hizo con YPF y, mucho antes, con Aerolíneas Argentinas. Insistamos: si ya tenía a la empresa bajo control, ¿para que aceleró el trámite parlamentario? Está claro: sólo para acotar la exposición de Boudou a las sospechas públicas de corrupción.
Tampoco la expropiación variará en nada la investigación judicial. ¿Qué cosas cambiarán porque la ex Ciccone pasó de manos de Alejandro Vandenbroele a las de Boudou? ¿No son supuestamente socios en el entramado de la imprenta? ¿Vandenbroele no tuvo tiempo ya para hacer desaparecer los papeles comprometedores? El Gobierno espera que la expropiación saque a Vandenbroele (y, por lo tanto, a Boudou) del centro del escándalo. Punto. Se trataría de un encubrimiento mediático más que judicial.
Boudou está en el ojo del huracán. La Presidenta decidió compartir esa carga. El futuro es una común provocación para ellos. ¿Eso no explicaría, en parte al menos, el fervor reeleccionista que se apoderó del kirchnerismo? Cristina Kirchner motoriza en los hechos el proyecto de su propia permanencia. Suele cortar de un solo golpe los debates que no le gustan o que no le convienen.
Sucedió en la semana que pasó cuando se difundió el proyecto de abrir los countries. El proyecto existe y es del viceministro de Justicia, el camporista Julián Alvarez. La Presidenta entrevió más deserciones de la clase media que ya se le escapa. Los llamó personalmente al ministro de Justicia, Julio Alak, y al jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, para ordenarles una desmentida urgente. Nunca mandó, en cambio, frenar el debate por la reforma constitucional.
El radicalismo dice tener constancia de dos cosas. Una: el kirchnerismo planteará formalmente la reforma antes de fin de año. La otra: el oficialismo quiere cambiar en la Constitución el capítulo de los derechos y garantías de los argentinos, además de habilitar una segunda reelección consecutiva para Cristina Kirchner. Esos cambios, dicen, afectarían a la propiedad privada y a la libertad de expresión, derechos que ya han sido cuestionados por el kirchnerismo. Tales convicciones empujaron al radicalismo a buscar un "acuerdo democrático" con todas las fuerzas de la oposición. Puede hacerlo: es el único partido con el que se sientan todas las expresiones políticas en un mundo a veces chato, viciado por los prejuicios.
El primer partido político que se mostró formalmente de acuerdo con buscar esa coincidencia fue Libres del Sur, un ex aliado del kirchnerismo que ahora milita con Hermes Binner. El kirchnerismo esperaba que el primero fuera Mauricio Macri, pero lo sorprendieron por izquierda. Mala noticia.
Una coalición más peronista se está armando para refutar al cristinismo, incluido su proyecto reeleccionista. Son todos ex ministros de Néstor Kirchner (algunos también de Cristina) o ex gobernadores del primer mandato kirchnerista. Podrían participar de esa trama Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Alberto Iribarne, Jorge Busti, Jorge Obeid y, probablemente, José Manuel de la Sota.
El gobernador cordobés ya está pagando sus últimas rebeldías. Había en Córdoba reclamos multitudinarios y pacíficos de los gremios de los empleados estatales. Pero sucedió una manifestación violenta, con hombres encapuchados y bien pertrechados, el mismo día en que De la Sota se reunió con Macri. Algunos cabecillas violentos llegaron a Córdoba en taxis desde Buenos Aires. ¿Desde dónde, si no?
Sin embargo, varias encuestas señalan que una enorme mayoría social está en contra de la reforma constitucional. La opinión pública es la única valla no prevista por el kirchnerismo, aunque aparecerá más pronto que tarde. En su estrecho juego de política y de conspiraciones, de fantasmas y de poder, el cristinismo se olvidó de dialogar con la realidad.
Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
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