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martes, 29 de diciembre de 2015

1 decreto para suspender el Código Procesal Penal y otro para quitar poder a Gils Carbó

Con el decreto 257/2015, publicado hoy en el 'Boletín Oficial', el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. Y con el 256/2015, le restó poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Con el decreto 257/2015, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. 
 
La decisión, ratificada con la firma de todo el gabinete, sigue una sugerencia realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que advierte: "No se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido".
 
"La implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia", señala el decreto. 
 
Quedan, así, suspendidas las partidas presupuestarias y la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras y organismos.
 
Los legisladores tienen 10 días hábiles para cuestionar el decreto impulsado por Mauricio Macri, y de esta forma el nuevo Código sólo se implementará con la aprobación de "un plan progresivo de asignación de recursos".
 
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano.
 
Además, el Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. 
 
De esta manera, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota".
 
Los decretos
 
Decreto 256/2015
Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, modificada por la Ley N° 27.126 de creación de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, la Resolución N° 2067 del 7 de julio de 2015 de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 21 de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126, se dispuso la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO al tiempo que la citada norma estableció que la mencionada dirección “... será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.
 
Que, asimismo, por el artículo 24 de la Ley N° 27.126 se dispuso transferir la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales de la entonces SECRETARÍA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.
 
Que el mismo artículo 24 citado facultó a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar, en comisión de servicios, el personal necesario de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto se contare con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones.
 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2067/15 la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN dispuso la incorporación de la Dirección de Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
 
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en sus artículos 18 y 19 el alcance de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones.
 
Que esta garantía federal sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada.
 
Que si bien el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado.
 
Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.
 
Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.
 
Que, en tal sentido, deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes.
 
Que, en efecto, si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad.
 
Que, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que, por las razones expuestas, corresponde transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) al ámbito de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
 
Que, en consecuencia, corresponde a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
 
Que la medida objeto del presente es consistente con las razones que motivaron el egreso de dichas competencias de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y asegura el más acabado respeto de los derechos individuales y de las garantías constitucionales.
 
Que a los efectos de asegurar en forma fiel y oportuna las garantías y fines enunciados, resulta urgente abordar en forma preferente e inmediata dicha transferencia.
 
Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN se halla en receso hasta el 1° de marzo de 2016, hecho que impone evitar que las garantías constitucionales enunciadas anteriormente continúen sin protección efectiva, para lo cual resulta menester la adopción de medidas de carácter urgente y excepcional como la que se decide implementar mediante este decreto.
 
Que, además, estas circunstancias no permiten seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por la norma constitucional referida en el párrafo que antecede.
 
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Art. 2° — Transfiérese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
Art. 3° — Derógase el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126.
Art. 4° — La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM); dicho organismo estará a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
Art. 5° — La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 6° — Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015
 
 
 
Decreto 257/2015
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Ley N° 27.148, N° 27.149, N° 27.150, N° 27.198 y N° 27.063. Modificaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 27.063, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación N° 27.148, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N° 27.149, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación N° 27.150, la Ley N° 27.198, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 27.063, por el artículo 1°, aprobó el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN y, por su artículo 3°, estableció que dicho cuerpo legal entraría en vigencia en la oportunidad que estableciera una Ley de Implementación.
 
Que el 10 de junio del corriente año el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó un conjunto de leyes destinadas a implementar la reforma procesal penal instaurada en la Ley N° 27.063.
 
Que la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal N° 27.146 estableció, en su artículo 51, que: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen progresivo que establezca la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación”.
 
Que la Ley N° 27.148 rediseñó la estructura y funcionamiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN a fin de adaptarlo a las necesidades del sistema procesal acusatorio y que, con similar objeto, se dictó la Ley N° 27.149 en lo que respecta al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.
 
Que, por último, la Ley N° 27.150 estableció los mecanismos para implementar el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, y por el artículo 2° dispuso la entrada en vigencia de ese Código a partir del 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional.
 
Que en virtud de la magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el artículo 7° de la Ley N° 27.063, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido.
 
Que, en consecuencia, tal implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia.
 
Que las reformas operadas por las Leyes Nros. 27.148, 27.149, y 27.150, encuentran su razón de ser y operatividad funcional en la efectiva puesta en marcha del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN sancionado por la Ley N° 27.063.
 
Que, dada la imposibilidad de que ello ocurra antes del 1° de marzo de 2016, resulta razonable dejar sin efecto aquellos aspectos de las Leyes Nros. 27.063, 27.148, 27.149 y 27.150 vinculados con la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada.
 
Que, en atención al diferimiento de la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION aprobado por la Ley N° 27.063, corresponde también sustituir los artículos 39 de la Ley N° 27.148 y 65 de la Ley N° 27.149, toda vez que aluden a una pauta presupuestaria vinculada directamente a la efectiva puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras y organismos previstos por las respectivas leyes orgánicas del Ministerio Público.
 
Que, en consecuencia, se prevé el establecimiento de un mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.
 
Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo que se extiende hasta el 1° de marzo de 2016, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.
 
Que el presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención de su competencia.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 27.150 por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigencia. El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 27.148 por el siguiente:
“ARTÍCULO 39.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 65 de la Ley N° 27.149 por el siguiente:
“ARTÍCULO 65.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.”
Art. 4° — Deróganse los artículos 2° —texto según el artículo 43 de la Ley N° 27.150— y 3° al 37 del Anexo II de la Ley N° 27.063.
Art. 5° — Derógase el Título VI (artículos 81 al 88) de la Ley N° 27.148.
Art. 6° — Deróganse los artículos 75 al 81 y 83, y el Anexo I de la Ley N° 27.149.
Art. 7° — Sustituyese el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley N° 27.198 por el siguiente:
“Asimismo facultase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias.”.
Art. 8° — Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015

lunes, 12 de enero de 2015

Cristina anticiparía la vigencia del Código Penal para garantizarse los 16 fiscales

El viernes (9/01) el juez Enrique Lavié Pico dictó una medida precautelar a partir de una presentación del legislador bonaerense del Frente Renovador, Mauricio D'Alessandro para frenar los 16 nombramientos de fiscales realizados por la procuradora Alejandra Gils Carbó a través del nuevo Código Procesal Penal que todavía no entró en vigencia. Ése fue su principal argumento para tomar la decisión. De allí, la titular de la Procuración tiene 48 horas para apelar. Pero en el Gobierno nacional analizan tomar una medida drástica y de fondo y adelantarían la puesta en vigencia del nuevo Código, lo que podría ser anunciado este lunes (12/01) en una inusual conferencia de prensa de los bloques K, en el Congreso. La idea sería quitarle argumentos al magistrado para ratificar las designaciones de la Procuradora.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El Gobierno nacional está decidido a no resignar los 16 nuevos fiscales que nombró la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó y que la semana pasada una medida cautelar del juez Enrique Lavié Pico dejó en suspenso. Si bien la funcionaria tiene 48 horas para la presentación de su apelación, en un gesto inusual, legisladores del kirchnerismo de ambas alas del Congreso llamaron a una conferencia de prensa para este lunes (12/01), cortando sus vacaciones en medio de un enero de tradicional receso parlamentario.
La convocatoria a la prensa de senadores y diputados K será para anunciar una supuesta intromisión del Poder Judicial en las facultades del Legislativo.
Pero habría más detrás de ese llamado urgente a la prensa en una fecha donde el Congreso permanece sin actividad hasta febrero, cuando comienza el trabajo a nivel de comisiones y regresan los legisladores. El Gobierno podría presentar un proyecto de ley para adelantar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y así quitarle argumentos a Enrique Lavié Pico -y a quien lo suceda- en el freno a la designación de los fiscales.
El Frente para la Victoria aún goza de mayoría en ambas cámaras para garantizarse la jugada.
Según el diario Clarín, el Ejecutivo podría enviar al Congreso una ley complementaria que está prevista por el nuevo Código, para que éste pueda entrar en vigencia antes.
Paralelamente apuraría la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que organiza la nueva estructura.
Otro elemento previsto es la creación de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, que también sería apurada, de modo tal de contrarrestar el fallo judicial de Lavié Pico.
En tanto, en el llamado a la prensa difundido por Diana Conti se explica que “el Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución Nacional) ha creado por ley 27.063 nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación”.
“Su creación fue de absoluta necesidad y razonabilidad no solo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa publica en la actualidad. Así se fundamentó en el debate legislativo”, se recuerda, asegurando en ese sentido que la doctora Alejandra Gils Carbó, “consustanciada con esa necesidad, prontamente llenó los cargos con total legitimidad y legalidad”.
Sin embargo, advierte el comunicado, “una vez más, a través de medidas cautelares y precautelares del judicial, se pretende obstaculizar toda posibilidad de mejor justicia. Paralelamente, una campaña mediática inusitada por parte de jueces y fiscales y políticos oportunistas, confunde a la población con conjeturas absolutamente mentirosas. Se pretende atacar a la doctora Gils Carbó pero, en realidad, es el congreso nacional el que está siendo avasallado por esa campaña y por el judicia”.
Señala la convocatoria que “son facultades propias del Congreso para crear cargos judiciales y del Ministerio Público, las que se intentan impedir sin fundamento legal alguno y en defensa de intereses corporativos espurios”.
Por último, señala que “junto con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, el senador Miguel Pichetto, y otros legisladores, en conferencia de prensa defenderemos nuestras incumbencias, que son en definitiva las de nuestro pueblo y nuestras provincias”.
Desde la oposición, el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, reiteró que Gils Carbó es "la nave insignia del Gobierno para colonizar el Ministerio Público", y convocó a todos los precandidatos presidenciales y jefes de bloques parlamentarios a "comprometerse expresamente para dejar sin efecto y derogar toda disposición que se contraponga con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público".
Desde el massismo, Alberto Asseff expresó su "alborozo" por la decisión del juez Lavié Pico de suspender los nombramientos de fiscales que había firmado Gils Carbó y sentenció: "Hay justicia, hay esperanza. La arbitraria e ilegal designación de 16 fiscales fue suspendida hasta 2016 y con ello los ciudadanos de nuestro país respiramos un poco de aire puro. El intento de colonizar las fiscalías y asegurarse la impunidad ha sido fulminado por un juez que cumplió con su deber".

miércoles, 10 de diciembre de 2014

En plena batalla judicial, el Gobierno designó 2 jueces y 9 fiscales

En plena batalla K en el ámbito judicial, el Gobierno designó a 2 jueces y 9 fiscales, luego de promulgar el nuevo Código Procesal Penal. Los nombramientos se produjeron en Corrientes, Jujuy, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Rosario, Posadas, Neuquén y Tierra del Fuego.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El ámbito judicial, un terreno que desde hace tiempo se convirtió en escenario de una encarnizada batalla que provoca permanentes cruces entre el Gobierno, jueces, fiscales y políticos de la oposición, recibe hoy novedades desde el 'Boletín Oficial'.
 
La noticia es que, además de promulgar el Código Procesal penal, el Poder Ejecutivo informó la designación dos jueces provinciales y nueve fiscales en diversos puntos del paìs.
 
En el caso de los magistrados, los nombramientos fueron los siguientes: Cristina Elizabeth Pozzer será jueza del juzgado federal de primera instancia de Goya, provincia de Corrientes; en tanto que Mario Héctor Juárez Almaraz será juez de Cámara en el tribunal oral en lo criminal federal de Jujuy, provincia de Jujuy.
 
El doctor Sergio Leonardo Rodríguez fue designado fiscal nacional de investigaciones administrativas, en tanto que en la ciudad de Buenos Aires fueron designados fiscales Gabriela Fernanda Boquín (ante la cámara nacional de apelaciones en lo comercial); Miguel Angel Palazzani (en los tribunales orales en lo criminal federal, Fiscalía N° 2); y Juan Manuel Domínguez en los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la Ciudad.
 
A través del Boletín Oficial también se informó que Federico Guillermo Reynares Solari será fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario (provincia de Santa Fe, fiscalía N° 3); en el mismo puesto quedaron Carlos Martín Amad (en Posadas, provincia de Misiones); Pablo Fernando Parenti (en San Martín, provincia de Buenos Aires, fiscalía N° 4); Abel Darío Córdoba (en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén); y Adrián Jorge García Lois en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 
Nuevo Código
 
El Gobierno promulgó el nuevo Código Procesal Penal. La norma 27.063 fue sancionada el jueves pasado por la Cámara de Diputados por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones; y hoy quedó promulgada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 2321, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
 
La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
 
Entre otras cuestiones, el proyecto sancionado por el Congreso también establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
 
A partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías del país.
 
El decreto que promulga la normativa establece que el nuevo Código Procesal Penal “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.
 
Asimismo, dispone que el nuevo Código “será aplicable a la investigación de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en vigencia”.
 
Por otra parte, crea “en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3°, los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del Código aprobado por el artículo 1° de la presente ley, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación”.

sábado, 6 de diciembre de 2014

Impunidad asegurada: Es ley la reforma del Código Procesal Penal

Pasadas las 23 horas, este jueves 04/12 y en medio de una crisis de inseguridad. En la Cámara baja, en sesión especial, el oficialismo en la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal, al aprobar el proyecto por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, a pesar de las fuertes críticas de la oposición. La iniciativa venía con media sanción del Senado. Llamativamente, Martín Insaurralde y Dulce Granados, que tienen como banderas en sus campañas de seguridad, no avalaron el proyecto k, aunque no impidieron su tratamiento.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este jueves 4/12 a las 23 horas y en sesión especial, el oficialismo en la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Código Procesal Penal, al aprobar el proyecto por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones, a pesar de las fuertes críticas de la oposición. La iniciativa venía con media sanción del Senado.
Desde el arco opositor coincidieron en denunciar que la propuesta fue impulsada para garantizar "impunidad" para los funcionarios del Gobierno.
La sesión especial empezó a las 12.20 del jueves, con la presencia de 129 legisladores en el recinto, el quórum mínimo exigido por el reglamento, que logró conformar el Frente para la Victoria con un puñado de aliados. El tratamiento del nuevo Código Procesal había sido puesto por la Comisión de Labor Parlamentaria al final de la sesión especial, pero se adelantó el debate.
Los cruces entre el kirchnerismo y los diputados opositores
La legisladora Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), expresó: "Este Código le da protagonismo a la víctima" y, entre otras cosas, "utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad".
Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar “casi 1.700 cargos en el Ministerio Público, simpatizantes del gobierno nacional”.
Insaurralde no dio quórum
El kirchnerismo tardó ocho minutos más de lo previsto en reunir el quórum de 129 diputados necesarios para iniciar la sesión en la que se sancionará el nuevo Código Procesal Penal.
Lo habitual es que las reuniones se inicien a la media hora de iniciada la convocatoria, en este caso, a las 12.15. Sin embargo, el reglamento jamás indica que, pasado ese tiempo de tolerancia, la sesión debe darse por fracasada.
Finalmente, el kirchnerismo consiguió los 129 diputados a las 12.23, luego de que Carlos Raimundi y Gastón Harispe llegaran tarde.
Lo llamativo fue la ausencia de Martín Insaurralde y Dulce Granados, quienes tienen el tema de la seguridad en el tope de sus agendas, cuando en todo momento el Ejecutivo insistió que el nuevo Código contribuirá en la lucha contra el delito, al acotar los plazos de investigación judicial y acelerar los juicios por flagrancia, entre otras cosas.
El intendente de Lomas de Zamora y esposo de Jésica Cirio, en uso de licencia no se expresó sobre la reforma procesal penal y de hecho renunció a la Comisión de Legislación Penal cuando se debatió el proyecto. Su dimisión se interpretó entonces como una forma de rechazar la iniciativa oficial pero sin bloquear su tratamiento.Lo mismo podría caberle ahora a Dulce, esposa del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Código Penal: El kirchnerismo logró dictamen en Diputados

En una “profunda violación” del reglamento de la Cámara de Diputados, tal como denunció Patricia Bullrich (Unión Pro), el oficialismo impuso su mayoría este jueves (27/11) en la Cámara de Diputados para firmar el dictamen al proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El oficialismo buscará convertir la iniciativa en ley en una sesión especial que se realizará el próximo jueves.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados impuso su mayoría este jueves (27/11) para firmar el dictamen al proyecto de reforma del Código Procesal Penal, y rechazó el planteo reglamentario de la oposición, que además cuestionó varios puntos del proyecto aprobado en el Senado. De esta manera, el oficialismo buscará convertir la iniciativa en ley en una sesión especial que se realizará el próximo jueves.
El debate arrancó con una cadena de cuestionamientos reglamentarios por parte de la oposición, que reclamó sin éxito darle la cabecera del tratamiento a la Comisión de Legislación Penal, que preside Patricia Bullrich (Unión Pro).
Bullrich denunció una “profunda violación” del reglamento de la Cámara de Diputados por parte de su presidente, Julián Domínguez, al designarse a la Comisión de Justicia, a cargo de la kirchneristaGraciela Giannettasio, como conductora del debate. Es que, según la legisladora, la cabecera debería ser su comisión, donde había comenzado la discusión de la reforma procesal penal a principio de año, antes del ingreso del proyecto oficial al Congreso.
Para la macrista, el objetivo de esta “maniobra” fue que el oficialismo pudiera “manejar los tiempos y formas” del debate. Al contrario, afirmó que de haber recaído en ella la conducción del plenario, no hubiera permitido firmar los dictámenes este mismo día.
En el mismo sentido se manifestaron Mario Negri (UCR) y Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador), que incluso responsabilizaron a Domínguez a días de la sesión preparatoria donde la Cámara renovará autoridades.
Por otra parte, en la sesión sólo hubo una exposición de 30 minutos del ministro de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, que adujeron tener una cita en el Senado y se marcharon sin responder preguntas, según informa Semanario Parlamentario.
Al inicio de la jornada, Alak sostuvo que la reforma del Código Procesal Penal “tiene como objetivo hacer más eficiente la lucha contra el delito, en particular contra el crimen organizado”.
Según el funcionario, se trata de una “modificación profunda, que no es una deuda de la democracia sino de la República, porque si hay una institución, norma, código, que viene siendo denunciado como ineficaz en la historia de la Argentina es el de procedimiento penal”.
En particular, Alak destacó que el sistema acusatorio reemplace al inquisitivo, donde el “juez se hace cargo de la investigación, de proteger las garantías del imputado, de condenar y juzgar”.
Recordemos que el Senado ya aprobó el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el actual sistema judicial inquisitivo por uno acusatorio, con 39 votos a favor, del oficialismo y aliados, y 24 en contra, provenientes del arco opositor.
La iniciativa sufrió 42 modificaciones antes de llegar al recinto y fue discutida a lo largo de varias jornadas con exposiciones de jueces, camaristas y especialistas (ver notas relacionadas).

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Los k consiguieron media sanción a las reformas del Código Procesal Penal

El kirchnerismo consiguió en el Senado de la Nación, aprobar y girar a la cámara baja la reforma integral del Código Procesal Penal remitido por el Gobierno, al que le fueron aplicadas 42 modificaciones durante el tratamiento en comisiones.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este miércoles 19/11 el oficialismo consiguió en la Cámara Alta, tras casi seis horas de debate, una previsible aprobación a la reforma integral del Código Procesal Penal remitido por el Gobierno, al que le fueron aplicadas 42 modificaciones durante el tratamiento en comisiones, de esta manera pasa para ser tratado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en el Congreso con 39 votos a favor, integrados por el oficialismo y aliados, más la sorpresa del peronista pampeano Carlos y los representantes del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra y Carmen Crexell.
Los negativos
Hubo 24 votos negativos de todo el arco opositor, mientras que el senador Carlos Menem volvió al recinto tras casi un año de ausencia, pero no estuvo en su banca al momento de la votación.
¿En qué consiste el proyecto?
El oficialismo dispuso 42 modificaciones al texto original de la iniciativa, tras una serie de seis audiencias con especialistas y reclamos opositores en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa, que implica un cambio de sistema en el procedimiento de aplicación de justicia en materia penal, al pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, incluye el nuevo rol para el fiscal como investigador y para el juez, que pasará a garantizar el proceso y a aplicar la ley.
Entre los cambios aceptados por el oficialismo se encuentra la eliminación del concepto de conmoción pública como causal para negar la excarcelación de algún imputado, y la incorporación de un sistema de sorteo para la adjudicación de causas a los fiscales en lugar de las facultades que se le otorgaban la Procuración General de la Nación para asignar en forma discrecional.
Además, la incorporación como condición para considerar peligro de fuga de un imputado "la constatación de detenciones previas", y la "declaración de reincidencia por delitos dolosos", que en la práctica significa un cerrojo para evitar lo que en lenguaje popular se conoce "puerta giratoria", y la excarcelación de imputados con otras causas abiertas.

Las mentiras del nuevo Código y el caso emblemático del 'enriquecimiento' de Cristina

"El Código Procesal Penal busca la impunidad en todos los casos de corrupción", alertó un ex integrante del Consejo de la Magistratura sobre la iniciativa K, "ideada para beneficiar a funcionarios investigados", que debatirá hoy la Cámara de Senadores.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) "El Código Procesal Penal busca la absoluta impunidad de todas las investigaciones que se hagan sobre corrupción pública", declaró Alejandro Fargosi en radio Mitre.
La iniciativa podría lograr esta tarde media sanción en el Senado. El abogado, ex integrante del Consejo de la Magistratura, alertó sobre la "cosa juzgada fraudulenta" que no podrá ser revisada por tribunales superiores en caso de que avance la iniciativa que ideó el kirchnerismo.
"Esos fallos truchos, donde el juez no hizo lo que tenía que hacer o el fiscal no apeló, no se van a poder dar vuelta. El caso emblemático es el del enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner", ejemplificó el especialista.
La Presidente fue beneficiada por una resolución del juez federal Norberto Oyarbide en un caso en el que se analizaba el incremento de su patrimonio. Pese a que la oposición tenía algunas sospechas, la causa quedó cerrada luego de que el fiscal no apelara la decisión de primera instancia.
Fargosi cree además que con la sanción del nuevo Código Procesal se va a llenar de "fiscales designados a dedo" por la Procuración de Alejandra Gils Carbó. 
"Y son fiscales que no están preparados, porque acá no hay equipos de investigación; en Argentina no tenemos un CSI Miami, los fiscales, por más buenos que sean, se tienen que matar para avanzar", sentenció.
El nuevo Código, que se aplicará en los juzgados federales de todo el país y en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, prevé el cambio hacia un sistema acusatorio, donde los fiscales toman la rienda de la investigación y los jueces pasan a ser protectores de las garantías constitucionales.
El proyecto original contenía la posibilidad de prisión preventiva por "conmoción social" para casos como el del "motochorro" que intentó asaltar a turistas en La Boca. Sin embargo, como no estaban claros sus alcances, la oposición pidió eliminar ese artículo.

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