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lunes, 15 de junio de 2015

El 60% de los beneficiarios del plan Progresar no son pobres

De acuerdo a Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, más de 700.000 jovenes estudian gracias al plan Progresar, al que el organismo estatal llama "un nuevo derecho que tienen los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo": una prestación económica universal de $ 900 por mes a condición de que acreditaran la concurrencia a establecimientos educativos o centros de capacitación. El Progresar es un plan social creado en enero 2014 por el gobierno nacional para subsidiar a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad de familias pobres pero.... (siempre en estas cuestiones hay un 'pero', que en este caso lo explicó el Instituto para el Desarrollo Económico Social Argentino).


"(...) El asistencialismo encubierto con el velo de la escolaridad o la capacitación inculca entre los jóvenes el derecho a la dádiva. Seguramente es redituable desde el punto de vista electoral, pero muy dañino para el presente y futuro de los supuestos beneficiarios. Por el contrario, con un sistema de becas para estudiantes que integran los hogares pobres y políticas laborales que fomenten el primer empleo se les daría a todos los jóvenes la oportunidad de progresar en base al esfuerzo y el trabajo. (...)".

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). El plan Progresar subsidia a jóvenes entre 18 y 24 años con la condición de que estudien. Aunque la meta es loable, la rusticidad de su diseño lo degrada a un mero mecanismo generador de dependencia y cultura por la dádiva. Además de no focalizarse en los hogares más pobres para igualar oportunidades, tampoco incentiva los avances en educación e induce a la inactividad laboral. Sería muy positivo sustituirlo por un sistema moderno de becas de estudio y una política laboral que fomente el empleo juvenil.
 
En base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC, se puede estimar la cantidad de familias que califican al subsidio en función de su ingreso. Tomando en consideración la información correspondiente al 3° trimestre del 2014, se observa que:
 
> En Argentina hay 12 millones de hogares urbanos.
 
> De estos hogares, 8,7 millones declaran tener ingresos inferiores a 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
 
> De éstos, sólo 3,5 millones de hogares, o sea el 40%, pertenecen al segmento del 30% de las familias de menores ingresos.
 
Estos datos muestran que la gran mayoría de los hogares urbanos del país califica dentro del criterio de tener ingresos inferiores a 3 veces el salario mínimo, pero sólo un 40% pertenece al segmento de la población de más bajos ingresos. De esta forma, con el cambio incorporado recientemente al plan Progresar, se estima que 6 de cada 10 hogares que califican al programa no son pobres.
 
La baja focalización en favor de los pobres es uno pero no el más importante de los déficits de diseño del plan Progresar. Peor es que, si bien declama promover el estudio, en la práctica no incentiva los avances en educación. Se limita al trámite burocrático de requerir una constancia de inscripción o alumno regular, pero prescinde del desempeño del beneficiario. En paralelo induce la inactividad laboral dado que no exige tampoco hacer los primeros intentos de incorporarse al mercado de trabajo, justo en una etapa de la vida cuando resulta más pertinente hacerlo. 
 
En la práctica, el Progresar no alienta el esfuerzo educativo ni induce a buscar un empleo, pero crea un enorme “ejército” de jóvenes dependientes del asistencialismo estatal. La cobertura actual del programa es de unos 700 mil jóvenes, pero con la nueva definición del requisito de acceso se podría llegar a 3 millones de jóvenes subsidiados.
 
Para no seguir dañando a la juventud, hay que desarticular este mecanismo que promueve la dependencia y erosiona la cultura del esfuerzo. Debería ser sustituido por otro que incentive la formación y la inserción laboral. Con los mismos recursos se podría establecer un sistema de becas, gestionado por los sistemas educativos provinciales, orientado a inducir el avance educativo de los estudiantes pertenecientes a los hogares más pobres.
 
Complementariamente, se podría utilizar el resto del presupuesto del programa para eliminar las cargas sociales al empleo de menores de 30 años. De esta forma, se facilitaría la inserción laboral de todos los jóvenes dándoles la oportunidad de obtener mediante su propio esfuerzo ingresos superiores a los $900 que da el Progresar.
 
El asistencialismo encubierto con el velo de la escolaridad o la capacitación inculca entre los jóvenes el derecho a la dádiva. Seguramente es redituable desde el punto de vista electoral, pero muy dañino para el presente y futuro de los supuestos beneficiarios. Por el contrario, con un sistema de becas para estudiantes que integran los hogares pobres y políticas laborales que fomenten el primer empleo se les daría a todos los jóvenes la oportunidad de progresar en base al esfuerzo y el trabajo.

viernes, 15 de mayo de 2015

"Niñas de 12 o 13 años se embarazan para cobrar un plan social"

La ex Senadora Nacional, Hilda ‘Chiche’ González de Duhalde, volvió a plantear la cuestión del abuso de los planes sociales y las necesidades de los más pobres aunque con declaraciones polémicas: "Niñas de 12 o 13 años se embarazan para cobrar un plan social", aseveró y agregó que “en las unidades sanitarias, algunas obstetras me cuentan que las chicas dicen: 'Estamos haciendo salario', porque le van a dar 400 pesos".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Polémicas declaraciones de la ex senadora y esposa deEduardo DuhaldeHilda ‘Chiche’ González de Duhalde respecto del uso de los planes sociales destinados a las madres: "Aunque parezca mentira, niñas de 12 o 13 años se embarazan para cobrar un plan social", expresó a la señal de TV paraoficialista CN23.
En las unidades sanitarias, algunas obstetras me cuentan que las chicas dicen: 'Estamos haciendo salario', porque le van a dar 400 pesos", añadió Duhalde.
Ante la repregunta de los entrevistadores, ‘Chiche’ ratificó sus dichos y preguntó: "¿Por qué voy a darle un programa a una mujer que queda embarazada, si lo que tengo que lograr es que una chica de 12 o 13 años no quede embarazada?".
"Muchas veces la necesidad y el desconocimiento hacen que crean que quedando embarazadas salvan su vida, y en realidad la hipotecan", añadió.
Luego, se refirió a la realidad del peronismo y sus diversas vertientes: "Soy peronista desde que nací, pero cuando hablamos de peronismo, ¿de qué hablamos? ¿Es el menemismo, es el kirchnerismo, fue Duhalde, es De la Sota? ¿Quién representa al peronismo?".

jueves, 27 de marzo de 2014

Duro revés: Cristina ya no puede esconder el manejo de los planes sociales

La Corte Suprema de Justicia ordenó al ministerio de Desarrollo Social que dirige Alicia Kirchner brindar información respecto a cómo y quiénes distribuyen los planes sociales, y también quiénes son los beneficiarios. El fallo fue firmado por todos los miembros de la Corte, excepto Eugenio Zaffaroni.


El fallo fue firmado por todos los miembros de la Corte, menos Eugenio Zaffaroni.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Corte Suprema de Justicia ordenó al ministerio de Desarrollo Social brindar la información íntegra requerida por la ONG CIPPEC sobre los planes sociales de asistencia a la comunidad que dicha cartera, dirigida por Alicia Kirchner, administra.
 
La mencionada ONG había requerido que se le informara acerca de los padrones de beneficiariosde transferencia limitada y/o subsidios otorgados en concepto de “ayuda social a personas”durante 2006 y 2007. También las transferencias a “Otras instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro”, sean estas organizaciones locales, instituciones comunitarias o asociaciones barriales, identificando individualmente el nombre de la organización receptora, programa bajo el cual recibe el subsidio y valor monetario de cada una de las transferencias realizadas en el año 2006 y 2007.
 
Además, había solicitado información sobre el alcance territorial y los funcionarios públicos de nivel nacional, provincial o local y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales que intervengan en algún momento del proceso de la entrega de las prestaciones y de los intermediarios que otorgan los planes (municipios, organizaciones sociales, etc.).
 
Según lo resuelto por el Tribunal, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá dar a conocer el modo en que ejecuta el presupuesto público asignado por el Congreso de la Nación específicamente respecto de estos programas, publicó el Centro de Información Judicial.
 
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda recordaron que en el precedente “ADC” del 4 de diciembre de 2013, el tribunal reconoció que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el art. 13.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.
 
También se señaló que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó quela libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias.
 
En este mismo orden de ideas, recordó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos instó a los Estados a que respeten el acceso a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.
 
Agregó que las obligaciones del Estado Nacional en la materia también han sido señaladas, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión” elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que reconoció que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho".
 
También, con cita del precedente “Claude Reyes” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Máximo Tribunal destacó que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Esta doble vertiente debe entenderse como derecho individual de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada.
 
Así, haciendo propio lo manifestado por el Tribunal internacional, en el fallo se sostiene que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
 
En concordancia con ello, se afirmó que la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas.
 
Asimismo, se afirmó que el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.
 
También reiteró que la información debe ser entregada sin necesidad de que el requirente acredite un interés directo para su obtención o una afectación personal, tal como lo establece el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ello por cuanto, y tal como lo señaló el Comité Jurídico Interamericano, el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al interés que los justifica.
 
En tal contexto, los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda sostuvieron que la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud de información de carácter público, pues esta no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina. Sostuvieron que de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materias de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal.
 
El voto también concluyó que cuando se trata de información pública el Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en tanto no se refiera a datos “sensibles” cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor.
 
También se subrayó que, según la ley, los “datos sensibles” son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas. En razón de ello, se destacó que atento que la información reclamada por CIPPEC no se refería a ninguno de los aspectos señalados, no podía ser calificada como “sensible” . En consecuencia, se concluyó que la negativa del Estado Nacional a acceder a lo solicitado por la actora carecía de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecían como meras excusas para obstruir el acceso a la información. En este contexto, se señaló que debe prevalecer el principio de máxima divulgación de la información pública.
 
Así, se entendió que los datos solicitados, debidamente evaluados por CIPPEC, constituyen una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos.
 
Por estas razones, se concluyó que la negativa del Estado a brindar esta información a la asociación que la requirió resulta ilegal, por no encontrar base en un supuesto normativamente previsto. Y que la conducta asumida por el Estado Nacional atentaba inválidamente contra los valores democráticos que animan el derecho de los ciudadanos de acceder a información de interés público.
 
En el voto también se hizo hincapié en la trascendencia que revisten los programas de asistencia social a cargo del Estado Nacional para proveer a lo conducente para el desarrollo humano y lograr el objetivo del progreso económico con justicia social e igualdad de oportunidades (conf. art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional). En razón de ello, se remarcó que la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad que los hace merecedores de esa ayuda pero, en cambio, permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación.
 
Por último, atendiendo al reclamo social existente en nuestro país y a las recomendaciones formuladas en foros internacionales, se señaló que el legislador debe dictar urgentemente una ley que regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.
 
Por su parte, los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibayvotaron por separado aunque en sentido concordante con los principales fundamentos desarrollados por sus colegas. Señalaron que es inadmisible la defensa opuesta por el ministerio de Desarrollo Social en el sentido de que permitir el acceso a los padrones de beneficiarios pondría en evidencia la situación de “vulnerabilidad” social en que se encuentra cada uno de los empadronados. Destacaron que la “vulnerabilidad” de muchos conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario –expresaron-, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas.
 
Los ministros Petracchi y Argibay agregaron que la transparencia beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, subrayaron; “la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de la fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino de la sociedad toda”, concluyeron.

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