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viernes, 29 de noviembre de 2013

¿Democratización? La lista de jueces amigos que envió el Gobierno al Senado

Un ex abogado de Amado Boudou, un ex letrado de Felisa Miceli, un integrante de 'Justicia Legítima', un asesor que llegó en tiempos de Aníbal Fernández, un defensor de la bandera K de la "Democratización de la Justicia", un abogado de Madres de Plaza de Mayo, un columnista de 'Tiempo Argentino', 'Télam' y radio Nacional, un.... Los nombres propuestos son a priori para subrogar la Casación Penal, donde pueden recaer causas que involucren a funcionarios del Gobierno.


El Poder Ejecutivo Nacional mandó al Senado de la Nación el pliego con los nombres de los candidatos a conjueces para la Cámara Federal de Casación Penal. Con la firma del ministro de Justicia, Julio César Alak, la lista de los 10 candidatos que quiere el Ejecutivo ya ingresó en la Comisión de Acuerdos.  Algunos nombres conocidos, otros no tanto. 
 
El primero de la lista es Nicolás Fernando D'Albora, un joven jurista, reconocido como un "gran" miembro de la "nueva camada" e integrante de una histórica familia del medio. Fue abogado del grupo Callejeros y patrocinó a la familia Orentrajch, en la famosa causa de narcotráfico "Viñas blancas".
 
Lo acompaña en la lista, Carlos Alberto Oscar Cruz, vocal de la asociación de abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En 2006, Cruz fue designado como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, por decisión del ex presidente, Néstor Kirchner. Fue abogado de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, en la causa en la que se la condenó por "encubrimiento agravado".
 
No es el único candidato que defendió a funcionarios: Martín Magram fue abogado del vicepresidente, Amado Boudou, en la causa en la que se lo investigó por papeles irregulares de un vehículo.  
 
Marcelo Roberto Buigo es otro de los candidatos. Formó parte de los firmantes de "Una Justicia Legítima", el colectivo de juristas e integrantes de funcionarios del Poder Judicial que encabezó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Buigo también apoyó con su firma, junto a funcionarios del kirchnerismo, la defensa pública al ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, cuando la oposición pidió su juicio político.
 
Otro de los elegidos por Alak es Norberto Federico Frontini, asesor de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos e integrante de la "Comisión Asesora de cibercrimen", creada por Aníbal Fernández en sus tiempos de jefe de Gabinete.
 
Claudio Marcelo Vázquez, defensor de la bandera que el gobierno nacional levantó como "Democratización de la Justicia", es otro de los nombres.
 
Luego aparece el nombre más reconocido de la lista: Eduardo Barcesat. Abogado de las Madres de Plaza Mayo, constitucionalista y reconocido especialista en derechos humanos.
 
Se suma Roberto José Boico, abogado cercano a Barcesat, defensor de gran parte de las leyes impulsadas por el gobierno nacional y columnista del diario 'Tiempo Argentino', la agencia estatal 'Telam' y Radio Nacional. El lunes escribió una columna defendiendo el acuerdo del oficialismo con Irán, para el avance de al causa Amia.
 
La lista la cierra el joven, Alan Iud, jefe jurídico de las Abuelas de Plaza de Mayo. Iud es reconocido entre los abogados por su experiencia en su poca edad.

miércoles, 21 de agosto de 2013

La Corte Suprema rechazó algunas leyes por "inaplicables"

La Corte Suprema de Justicia se pronunció este miércoles 21/08 en contra de varios puntos de las leyes que fueron sancionadas en el Congreso de la Nación y a la cual el oficialismo denominó la “democratización de la justicia”. Lo hizo mediante tres acordadas consecutivas.Lo hizo con respecto a la ley 26.861, la norma 26.857 y la ley 26.856. Todas corresponden al paquete de leyes de iniciativa del Ejecutivo sancionadas por el Congreso de la Nación y que el oficialismo denominó la "democratización de la justicia".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-La Corte Suprema de Justicia se pronunció este miércoles 21/08 en contra de varios puntos de las leyes que fueron sancionadas en el Congreso de la Nación y a la cual el oficialismo denominó la “democratización de la justicia”. Lo hizo mediante tres acordadas consecutivas.
Con respecto a la ley 26.861, referida al concurso público para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, el máximo tribunal consideró que régimen legal "no resulta aplicable en el ámbito de esta Corte" e invocó el artículo 113 de la Constitución Nacional.
De esta manera  la Corte Suprema "como autoridad de aplicación" de la Ley 26.861 "sancionará la reglamentación del procedimiento de concursos previstos para el ingreso al Poder Judicial". Entre las iniciativas que propone el máximo tribunal es la creación de una comisión de interpoderes para colaborar en la instrumentación de la selección de personal, para la cual llamó a sectores"pertenecientes al empleo y la función pública del Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y el Ministerio Público".
Otra de las normas que cuestionó la Corte fue la norma 26.857, que sancionó el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. Al respecto, el tribunal declaró la "inaplicabilidad" del artículo 6, que depositó en la Oficina Anticorrupción la aplicación de la norma, y estableció que será la Secretaría General y Administración de la Corte la responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de ese cuerpo.
Otra ley cuestionada es la 26.856  que dispuso la publicación en un diario judicial gratuito de todos los fallos judiciales. Los jueces consideraron que los objetivos centrales de la norma, ya que considera "se encuentran ya cumplidos" e invocaron la acordada 14/2013, que estableció la obligación de publicación de sentencias a través del Sistema Informático de Gestión Judicial, al que se accederá a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

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