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lunes, 28 de julio de 2014

Apuntan, otra vez, a las Madres por el manejo de fondos (y la mano de Boudou)

Después del escándalo de Sueños Compartidos, la Fundación de las Madres vuelve a estar en la mira por el fideicomiso, puesto por el Gobierno, cuyo administrador pasó de cobrar el 1% al 16% de todo el dinero que pasa por la entidad, en una construcción de la cual también fue parte Amado Boudou, vía su ex secretario privado.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24Después del escándalo de Sueños Compartidos, la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se concentró en un fideicomiso, armado por el Gobierno, cuyo administrador es un mendocino con aceitados nexos políticos, que cobra de honorarios el 16% del giro de fondos destinados a emprendimientos que lleve adelante la institución.
 
El contrato original, firmado el 24 de agosto de 2011, establecía que los honorarios del administrador iban a ser sólo del 1%. Pero el 29 de marzo de 2012 esa cifra se incrementó al 16,6% de "cualquier ingreso que registre o corresponda al giro de la Fundación", señala el contrato, según publicó el diario 'La Nación'.
 
Además, establece que "el fiduciario" cobrará el 16% "del beneficio neto que genere la venta de paneles para construcción", a lo que se deben restar los gastos generales operativos.
 
El administrador es el ingeniero mendocino Luis Debandi, que cobra $150.000 por mes, según dijeron al matutino fuentes de la Fundación.
 
"Eso es mucha plata", reaccionaron empleados de las Madres, asombrados por un salario así en un organismo de derechos humanos con serios problemas económicos y asfixiado por una deuda de 200 millones de pesos, que se está pagando.
 
En el fideicomiso sostienen que esos contratos "hoy no están vigentes", que hubo una "modificación natural" y que lo que se cobra "es prácticamente una suma fija".
 
Con la nueva administración, se redujo el personal de la Fundación de 5800 personas, que eran en su mayoría obreros de la construcción que hacían las casas, a 200 operarios y se terminaron las obras que tenía la Fundación o que están en proceso de hacerse, explicaron en el fideicomiso.
 
El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ya promovió la realización de dos auditorías a la Fundación, que no arrojaron irregularidades, dijeron fuentes de las Madres y confirmaron que hubo otros controles al fideicomiso, bautizado Ni un Paso Atrás.
 
Debandi es un hombre que llegó al fideicomiso de la mano del intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, y los hermanos Raúl y Alejandro Olmos.
 
Fuentes que conocen la administración del fideicomiso dieron a entender que hay atrasos en los pagos de honorarios, que los fondos que se manejan no son tantos como los que se pensaba en un principio y que la prioridad es pagar las deudas de la Fundación, generadas tras el escándalo de Sueños Compartidos, que estalló en 2011 y dejó más de 200 millones de pesos en rojo.
 
Cuando se desató la crisis, el 25 de mayo de 2011, tras la pelea de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender con Hebe de Bonafini, se cortó el ingreso de fondos que enviaba el Estado mediante el Ministerio de Planificación a los distritos para construir viviendas sociales. Se transfirieron en total 760 millones de pesos y se investiga si hubo desvíos de esos fondos en una causa donde los Schoklender están acusados.
 
Ahora Sergio Schoklender, ante esta novedad, señaló: "El contrato del fideicomiso prueba que el dinero se lo llevaron ellos y se lo están repartiendo, y no me lo llevé yo".
 
El fideicomiso Ni un Paso Atrás apareció como la solución para proteger de embargos los dineros que debía cobrar la Fundación por las obras en marcha, por la venta de paneles premoldeados para construir las casas y por los ingresos de la Universidad de las Madres y de la radio de esa misma entidad.
 
El fideicomiso, dijeron fuentes de la Fundación, fue armado por el Gobierno. Gutiérrez y Olmos le llevaron la idea a Parrilli, que la aprobó. Intervino en la construcción del asunto el vicepresidente,Amado Boudou, mediante su ex secretario privado Roberto Aybar Domínguez.
 
Tras estas gestiones Domínguez Aybar quedó en la Fundación, pero hace menos de un mes Hebe de Bonafini lo echó porque -dijeron en Madres- "cobraba mucho dinero y hacía poco". Tenía la misión de contactar a intendentes para interesarlos en el sistema constructivo de casas mediante paneles premoldeados. Se construyeron de hecho algunas casas en General Madariaga y Pinamar por este sistema.
 
Pero lo determinante de la salida de Aybar Domínguez fue que apareció mencionado en los cruces de llamadas del caso Ciccone.
 
El primer contrato del fideicomiso, fue firmado por Hebe de Bonafini y Debandi como presidente de Fideglob SA, la empresa fiduciaria. Intervino el escribano Santiago Quinos.
 
Fideglob SA fue inscripta en 2006 para brindar servicios financieros y fiduciarios y su presidente era Raúl Olmos, según consta en el 'Boletín Oficial'. El 29 de agosto de 2011, cinco días después de la firma del contrato con Hebe de Bonafini, se publicó en el 'Boletín Oficial' que en una asamblea realizada el 22 de marzo de ese año Olmos renunció y Debandi fue designado presidente.
 
Ese contrato prevé que el fideicomiso (CUIT 30-71198992-3) realice la "administración integral y completa de la Fundación, la percepción de todos los ingresos correspondientes al fiduciante [la Fundación], los fondos, ingresos y derechos de cobro de los contratos (...) vigentes o que se devenguen en el futuro", aplicándolos al pago de compra de materiales, las deudas y gastos de funcionamiento".
 
Entre los bienes incluidos en el fideicomiso están los contratos de consultoría con cooperativas, municipios y provincias, los contratos de asesoramiento técnico, los convenios para el suministro de materiales de construcción, el convenio con la corporación del Sur y todos los ingresos futuros de las Fundación.
 
El contrato es generoso con Debandi: le da indemnidad y la Fundación renuncia a reclamarle indemnización o compensación por daños o reclamos relacionados con el ejercicio de sus funciones, e incluso se compromete a indemnizarlo en caso de cualquier reclamo, incluido el pago de gastos por asesoramiento legal.
 
El capítulo sobre los honorarios dice que Debandi percibirá "el 1% más IVA del total de los ingresos de la Fundación pagaderos dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes". Pero en la modificación de marzo de 2012 los honorarios aumentaron. Debandi percibe, según esta nueva versión del contrato, el 16,6% por las nuevas obras, el 16% del beneficio neto que genere la venta de paneles constructivos y el 16% de cualquier ingreso que corresponda al giro de la Fundación, al que se le restarán los gastos generales operativos.
 
Entre ambos contratos hubo un cambio en la actividad de la Fundación, que dejó de fabricar paneles, ya que entregó su fábrica y las maquinarias a Cassaforma, empresa que produce los paneles Emmedue y ahora cobra un porcentaje por la venta de los paneles que se utilicen en la construcción de viviendas sociales promovidas por los municipios.
 
Según 'La Nación', en el fideicomiso aseguran que sus números están en orden, que fueron auditados y que es "todo transparente". En Madres de Plaza de Mayo toman distancia, pero reconocen que no hay irregularidades en la auditoría, mientras esperan que se apruebe en el Congreso la estatización de la Universidad de las Madres, cuyas finanzas hoy maneja el fideicomiso.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Revés judicial para la Fundación de Madres de Plaza de Mayo

Un ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien se desempeñó como “seguridad” en el desarrollo de viviendas sociales en el barrio porteño de Lugano y fue despedido cuando estalló el escándalo con los hermanos Schoklender, ganó un juicio laboral por más de 25 mil pesos.El juicio se realizó en virtud del despido “sin causa” que sufrió el 9/08/2010, cuando el conflicto entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender tomó conocimiento público.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Un ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, quien se desempeñó como “seguridad” en el desarrollo de viviendas sociales en el barrio porteño de Lugano y fue despedido cuando estalló el escándalo con los hermanos Schoklender, le ganó un juicio laboral por más de 25 mil pesos.
Pablo Damián Soler inició acciones legales contra la Fundación en virtud del despido “sin causa”que sufrió el 9/08/2010, cuando el conflicto entre Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender tomó conocimiento público.
Soler denunció que ingresó y trabajó bajo relación de dependencia de Madres “a fin de realizar tareas de seguridad el 10 de marzo de 2010 en la sede ubicada en el complejo Lugano 1 y 2 de esta ciudad, cumpliendo un horario de lunes a sábados de 9 a 17, por lo que percibía una remuneración mensual de 3.206 pesos”.
El 9/08/2010 “fue despedido sin causa y pese a sus reiterados reclamos, la accionada nunca le abonó la liquidación final indemnizatoria”.
El juez laboral de primera instancia Fernando Vilarullo, primero, y la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, ahora, le dieron la razón al trabajador y condenaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a indemnizarlo con “la suma de 25.301,30 pesos con más los intereses”; la entidad humanitaria deberá pagar, además, las costas del juicio.
La propia Fundación admitió la presencia laboral del trabajador en el complejo Lugano 1 y 2, donde reconoció “no realizó otra tarea en ese lugar que no fuera la relacionada a la construcción de viviendas sociales”.
Los jueces Miguel Ángel Pirolo y Miguel Ángel Maza, además, rechazaron incorporar al trabajador al régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción, creado por la ley 22.250, sancionada durante la última dictadura (en 1980) e invocada por Madres de Plaza de Mayo.

martes, 6 de agosto de 2013

Impulsan un jury contra Oyarbide por Sueños Compartidos

El consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, pidió hoy formalmente al órgano judicial que nombra y destituye a los jueces que se inicie un juicio político al juezNorberto Oyarbide por su polémico accionar en la causa que investiga el plan "Sueños Compartidos" que provocó que la Cámara Federal lo apartara y despocesara a los hermanos Schoklender.


"Es necesario que este trámite se realice con la máxima rapidez por la enorme gravedad institucionalque tiene la causa", afirmó el representante de los abogados porteños, quien también solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura quese suspenda al juez mientras dure el proceso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Fargosi, se refirió a las críticas que la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional Federalhizo sobre la actuación de Oyarbide por las que decidió apartarlo de la investigación y entregársela al juez Martínez de Giorgi.
“Es necesario determinar si Oyarbide ha incurrido en mal desempeño”, sostuvo el consejero y agregó que “habría provocado nulidades que generaron demoras innecesariasen la búsqueda de la verdad en la disposición de montos descomunales de dinero”.
"Vengo solicitar se inicie el procedimiento de remoción de magistrados, se formule la acusación correspondiente y oportunamente se disponga su suspensión, del juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, en los términos de los arts. 114 inc. 5 de la Constitución Nacional y 7º inc. 7 de la ley 24.937, por considerar que el magistrado ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en la causa caratulada “Schoklender, Sergio Mauricio y otros s/ procesamiento y embargo”, señala la solicitud de Fargosi a la que accedió Perfil.com.
De acuerdo a la denuncia de Fargosi, "el denunciado ha incurrido en las mencionadas causales de remoción, por el desviado y pésimo tratamiento jurisdiccional y mediático que ha dado al caso de los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y de la Fundación Sueños Compartidos, que tras muchos meses de procedimientos debió ser anulada por la Cámaradados los vicios en los que incurrió el juez Oyarbide en la dirección del proceso".
Fargosi concluyó que “los serios defectos que hemos advertido en las imputaciones cursadas, no son sino el reflejo de una investigación igualmente defectuosa que ha tenido como resultado que la verdad permanezca oculta”.
En ese último punto, Fargosi insistió en su petitorio que Oyarbide "ha incurrido en una arbitrariedad que no solamente perjudicó el derecho de defensa de las personas involucradas sino que perjudicó al interés público, tanto en la materialidad de conocer fehacientemente si el dinero público ha sido mal administrado y hasta hurtado y por quién".
Oyarbide out. El jueves pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña anuló gran parte de la causa que instruyó Oyarbide para investigar si hubo una asociación ilícita que se apoderó de dinero del Estado entregado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para que, a través del programa Sueños Compartidos, se construyeran viviendas sociales.
Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero decidieron apartar a Oyarbide de la investigación por lo que estimaron la gran cantidad de irregularidades cometidas en una investigación considerada "confusa, defectuosa e imprecisa".
Los camaristas  también anularon 60 indagatorias y 44 procesamientos, así como ordenaron que a partir de ahora se encargue de la causa el juez Marcelo Martínez De Giorgi,que tenía en sus manos el expediente contra los funcionarios del ministerio de Planificación de Julio de Vido por el presunto desvío de partidas millonarias.
(*) De la redacción de Perfil.com.

jueves, 1 de agosto de 2013

Las razones de la Cámara para sepultar la investigación de Oyarbide

Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballesteros de la Sala I de la Cámara Federal declararon nulos los procesamientos por asociación ilícita contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y apartaron de la causa al juez Norberto Oyarbide con duras críticas a su proceder.


En la pesquisa se investigaba el desvío de fondos millonarios de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Las obras de llevaban a cabo a través de Meldorek, la empresa constructora de Sergio Shoklender, en presunta connivencia con su hermano Pablo, apoderado de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Si bien los hermanos Schoklender a través de sus defensas manifestaron en varias oportunidades “animosidad manifiesta” por parte de Oyarbide hacia ellos, es ahora cuando los camaristas opinaron.
Con duras críticas a Oyarbide, los jueces de la Cámara resolvieron que asuma la instrucción el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, quien tiene otra investigación a cargo relacionada por los fondos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. Dicha investigación se encontraría avanzada y cuenta con una pericia solicitada a la Auditoría General de la Nación en la que se detallaría el presunto incumplimiento de intendentes bonaerenses y de otras regiones del país, la que también destacan los jueces revisores.
En términos técnicos y jurídicos, los fallos del Tribunal dejan en claro que no están de acuerdo con la labor llevada a cabo por Oyarbide dejan traslucir cierta subjetividad del magistrado contra los Schoklender al haber llevado a cabo una imputación genérica hacia todos los acusados, contraria a lo establecido en el Código Procesal Penal y las garantías constitucionales del debido proceso.
Los abogados defensores de Sergio y Pablo Schoklender, Perla Martínez y Pablo Slominsky, respectivamente, plantearon el agravio de “litispendencia”. En otras palabras, señalaron la existencia de otra causa que investigaba el mismo objeto procesal, conexión “subjetiva-objetiva”, requerida por la norma para llevar adelante una investigación.
La Cámara les da la razón a los defensores en resguardo de la garantía del debido proceso judicial y para evitar que se vulnere el principio procesal “non bis in idem”, por el que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa u objeto.
Para los camaristas Farah y Ballesteros, el juez Oyarbide citó a indagatoria con una “indeterminación” en la acusación a tal punto que “carece de las precisiones necesariasen cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían” ocurrido los delitos, sin lograr develar “cuánto dinero habría recibido la Fundación, qué parte del mismo habría sido desviado ni se ha especificado cuál ha sido su destino final, ni las financieras o empresas involucradas ni la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita”.
Al anular el procesamiento por vicios en el proceso, los jueces oblligan a “retrotraer el proceso a los estadios previos, con el compromiso a la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia”.
Fueron anulados las indagatorias de los Schoklender, del contador Alejandro Abraham Gotkin; del piloto aéreo Gustavo Serventich; y otras 60 personas.
Críticas. Los jueces critican a Oyarbide y detallan: “Advertimos que los objetos procesales no son sino dos caras de una misma moneda, circunstancia que torna necesaria su investigación bajo la órbita de un solo magistrado, a fin de evitar una persecución penal múltipleprohibida por el ordenamiento legal”.
Los jueces decidieron “a efectos de que la investigación abarque el derrotero de los fondos públicos comprometidos y pueda así comprobar o descartar su espuria utilización en el menor lapso posible”.
Además, resaltan la conveniencia de analizar la “posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en las correspondientes contrataciones y que debían controlar la ejecución de las obras encomendadas a la Fundación”.
Asimismo, destacan el informe emitido por el Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en el cual se explicitó la modalidad de pago de conformidad con la cual el Estado Nacional aportó dinero a la Fundación para la construcción de viviendas sociales en distintas localidades del país.
Para los jueces, si bien se abonaba un anticipo de obra del 15% al inicio de la misma, el resto de los fondos eran habilitados contra la entrega de los certificados de avance de obra, que eran controlados por los funcionarios municipales correspondientes.
Destacan también el informe de la Auditoría General de la Nación llevado a cabo ante el Juzgado Federal Nº 8 - a cargo de Martínez de Giorgi- de donde surgen hechos y pruebas contundentes, como copias de convenios celebrados entre la Fundación y las distintas jurisdicciones donde se llevaron a cabo las obras, como también documentación bancaria vinculada con las cuentas en las que se recibieron fondos estatales.
“Se advirtieron serias irregularidades en el control y seguimiento de las obras por parte de distintos funcionarios públicos que tenían a cargo su contralor, como así también en las adjudicaciones directas de las mismas...”, advirtió la AGN.
Imparcial.  En varias oportunidades, Sergio Shoklender había denunciado ante la Justicia y la prensa la supuesta “animosidad del juez Oyarbide contra los hermanos” e incluso llegó a acusarlo de ser “cómplice del poder para encubrir causas sensibles”. En esto fundó suspedidos de recusación contra el
magistrado por “animosidad manifiesta”
.
La investigación involucró a varias personas, entre ellas, a Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres, pero fue sobreseída con falta de mérito.
En tanto, Hebe, fue llamada a declarar como testigo por el juez Oyarbide y, pese las pruebas en su contra, por haber avalado el accionar de los apoderados de la Fundación, nunca fue investigada, según denunciaron a Perfil.com fuentes con acceso al expediente.
Los hermanos estuvieron detenidos en dos ocasiones porque para Oyarbide obstaculizaban la investigación. Embas circunstancias, la Cámara decidió la excarcelación. Hoy, la causa vuelve a foja cero. Otra señal en contra para el Gobierno ante el avance contra la Justicia.

(*) Especial para Perfil.com

Sale Oyarbide, entra Martínez de Giorgi: ¿De mal en peor?

La Cámara Federal apartó al juez Norberto Oyarbide de la causa 'Sueños Compartidos' y dejó la investigación en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien si bien es considerado en el ámbito judicial como un magistrado 'independiente' del Gobierno, sus últimas resoluciones favorecieron -más que complicar- a los funcionarios kirchneristas.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Sala I de la Cámara Federal declaró 'nula' este jueves (01/08) la causa que investigaba a los hermanos Schoklender por desvío de fondos de la fundación 'Sueños Compartidos', y apartó al juez Norberto Oyarbide de la investigación, dejándola en manos de juez Marcelo Martínez de Giorgi.
 
¿Quién es este juez?
 
Hasta ahora, Martínez de Giorgi investigaba el delito de administración fraudulenta de fondos públicos y malversación de caudales, y abuso de autoridad en el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido. Oyarbide, en tanto, se centraba en las pesquisas por lavado de dinero y enriquecimiento de Sergio Schoklender.
 
En el marco de su investigación, Martínez de Giorgi ya les había pedido a los intendentes de Tigre, Almirante Brown, Ezeiza, Rosario y Bariloche los convenios firmados con la Fundación Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo, y les solicitó documentación para conocer de qué manera se utilizaron los fondos públicos.
 
Si bien, y a diferencia de Oyarbide, Martínez de Giorgi es considerado en el ámbito judicial como "independiente" del Gobierno, sus últimas resoluciones han sido más bien a favor que en contra de funcionarios kirchneristas.
 
Entre sus 'antecedentes' encontramos que en junio pasado citó por presunta administración fraudulenta en la venta de un frigorífico a la a ex ministra de Economía, Felisa Miceli.
 
A su vez, Martínez de Giorgi tiene en su despacho el expediente por el cual se acusa al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, de destruir el sistema informático de la extinta ONCCA.
 
De todos modos, en agosto del año pasado, sobreseyó a Cristina Fernández Néstor Kirchnerpor la creación de la consultora privada El Chapel. Martínez de Giorgi entendió que "no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar".
 
A su vez, a fines de marzo, el mismo juez también sobreseyó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa en la que se investigaba si había favorecido a las empresas de transporte para que pudieran seguir usando colectivos con antigüedad antirreglamentaria. Además, absolvió al titular del ex Comfer, Gabriel Mariotto, por la compra de una presunta FM "trucha".

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