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viernes, 26 de junio de 2015

La Justicia intervino la AFA con la mira en los fondos de Fútbol para Todos

La jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, ordenó en la mañana de este viernes (26/06), por pedido de la legisladora porteña Graciela Ocaña, una medida para tener mayor control sobre los estados contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y pidió analizar los fondos del programa Fútbol para Todos. La medida se instrumentó a través de la designación de tres veedores con el objetivo de tener mayor control sobre el estado de las cuentas del organismo. Los funcionarios que fiscalizarán los movimientos del fútbol son: Alicia López, Alberto Piotti y un perito que nominará la Corte Suprema de Justicia.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La justicia puso nuevamente en el foco de las sospechas los fondos que manejan la AFA y el programa Fútbol para Todos por lo que designó a tres veedores con el objetivo de tener mayor control sobre los estados contables del organismo, un paso inédito sobre la entidad.
La resolución surge en un momento complejo para la entidad de la calle Viamonte y el fútbol internacional por el escándalo de coimas y corrupción que sacudió a la FIFA antes de la renovación de autoridades. Además, esta semana trascendieron varias escuchas que pusieron bajo la lupa la forma en que Julio Humberto Grondonaconducía la casa madre del fútbol argentino.
Por eso, la jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, designó como veedores al ex juezAlberto PIotti, la ex titular de la UIF y crítica del gobierno K, Alicia Lopez, y un perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En agosto del año pasado, la magistrada había resuelto allanar el edificio de la AFA. Nueve meses más tarde, y después del escándalo que rodea a la FIFA y la Conmebol, la jueza designó a los tres veedores en las oficinas de Tribunales del edificio del fútbol argentino.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos desentrañó una supuesta red organizada para cobrar sobornos, evadir impuestos y lavar dinero proveniente de la compra-venta de derechos televisivos. La AFA está involucrada a través de su ex presidente, Julio Grondona, y deAlejandro Burzaco, el ex CEO y presidente de Torneos, la compañía que sigue siendo la organizadora de los amistosos del seleccionado argentino y que, además, co-organiza la Copa Argentina junto a la firma Santa Mónica.
En rigor, la figura del ‘veedor judicial’ no es una intervención, ya que la casa del fútbol argentino seguiría funcionando con normalidad. La jueza tiene ahora puertas adentro a colaboradores que la pondrán al tanto de todos los movimientos (sobre todo los financieros) de la entidad que maneja el fútbol argentino. 
La denuncia de Ocaña aseguró que la AFA aumentó el presupuesto del Fútbol para Todos sin control sobre la ruta de los fondos. Hay sospechas que buena parte del dinero nunca llegó a los clubes, los cuales siguen con fuertes deudas y sus finanzas en jaque.

miércoles, 21 de enero de 2015

Denuncian a Sergio Berni por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento"

La jueza federal María Servini de Cubría recibió una denuncia en donde se le pide investigar al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento"por su presencia en la escena donde murió Alberto Nisman antes que llegara el juez y la fiscal de la causa.


La denuncia fue presentado por el presidente de la ONG "Paso a Paso Argentina", Juan Ricardo Mussa, antes de que el secretario Berni hiciera públicas sus explicaciones sobre cómo llegó al edificio de Puerto Madero donde fue hallado el cadáver de Nisman.

En las últimas horas, Berni dio explicaciones sobre las circunstancias que lo llevaron a estar presente en el lugar, situación que desató una polémica y generó reacciones de la oposición para buscar interpelarlo. 

En ese marco, Berni fue imputado por la posible comisión de los delitos "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento" por "la visita a la escena del crimen donde se encontraba el Fiscal Federal Dr. Alberto Nisman, sin antes darle intervención a la Justicia Federal".

"Su proceder es absolutamente irregular -opinó el denunciante-. El por qué de lo grave que muestra esta denuncia, es ver que los que conducen el Poder Ejecutivo Nacional invadieron jurisdicción Judicial, al presentarse en la escena del crimen".

Tras citar lo expresado por Nisman en la acusación contra la presidenta Cristina Fernández, la denuncia plantea "graves irregularidades de parte de la Policía Federal, a cargo de la custodia del Dr. Nisman".

lunes, 19 de enero de 2015

Cristina autorizó desclasificar los archivos de la ex SIDE que había pedido Nisman

A través de una nota oficial de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli notificó a la jueza María Romilda Servini de Cubría la autorización para desclasificar la información de inteligencia relacionada a la investigación del atentado a la AMIA, que había sido solicitada por el fallecido fiscal Alberto Nisman al realizar su denuncia contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, entre otros.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La presidentaCristina Fernández ordenó este lunes (19/01) al titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, que brinde colaboración a la jueza María Romilda Servini de Cubríadesclasificando información relacionada a la investigación del atentado a la AMIA, dando así cumplimiento al pedido solicitado por el Fiscal Especial de la Causa, Alberto Nisman, antes de muerte.
A través de una nota oficial de la Secretaría de Inteligencia (SI), Parrilli notificó hoy a la jueza Servini de Cubría que, por "expresa instrucción de la Presidenta de la Nación" autorizó desclasificar la información de inteligencia solicitada por Nisman al realizar su denuncia contra Cristina y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía" de la AMIA.
Cabe destacar que Cubría estaba a cargo por el receso de Ariel Lijo, quien anticipó su retorno y hoy habilitó la feria judicial para tratar la denuncia de Nisman (ver nota relacionada).
En el mismo escrito, Parrilli recordó que el Fiscal Federal había librado oficios a la Secretaría Presidencial requiriendo "la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia que surge del producido de las intervenciones telefónicas de los abonados" a cuatro número telefónicos detallados en la circular.
Recordemos que Nisman, quien fue encontrado hoy muerto en su domicilio con un tiro en la sien, presentó el miércoles pasado un escrito de 300 carillas en el que denunció el supuesto complot. Entre otras cosas, había pedido "la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al plan de inteligencia que surge del producto de las intervenciones telefónicas" de cuatro agentes de la SI identificados como "los abonados nro. 11-3238-4699, 11-3315-6908, 11-3964-0799 y 11-6224-0263".
Nisman imputó a Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman, al dirigente Luis D'Elía, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque y el líder de la agrupación "Quebracho", Fernando Esteche, a quienes acusó de "encubrir" la pista iraní por el atentado a la AMIA a través de la firma del acuerdo con Teherán. El fiscal sostuvo que la firma del tratado tenía como finalidad desvincular a Irán de la responsabilidad por el ataque de 1994, a cambio de obtener una contraprestación energética.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Sobreseyeron a Echegaray en una causa por presuntas dádivas

El jefe de la AFIP fue absuelto por la jueza Servini en el marco de una causa que investigaba si sus vacaciones en Río de Janeiro fueron pagadas por empresarios a los que debía controlar.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).  Ricardo Echegaray fue sobreseído en la causa que lo investigaba por presuntamente haber recibido dádivas por parte de empresarios. El jefe de la AFIP quedó en la mira por un viaje a Río de Janeiro que, según la denuncia, le habrían pagado los empresarios  Jorge Omar Lambiris Vilche y Sergio González
 
Pero la juez María Servini determinó que los pasajes y la estadía en Brasil fueron pagados por la esposa de Echegaray  y no por Lambiris, quien también había participado del viaje.
 
La jueza federal rechazó la denuncia en base a las constancias de pago del viaje que se presentaron en la causa en donde se sospechaba que Echegaray recibió el pago de sus vacaciones en forma de dádiva por parte de empresarios que él debía controlar.
 
El viaje de Echegaray y su familia fue el 27/12 de 2013 a Río de Janeiro a pasar fin de año, y lo hizo en compañía de los empresarios Lambiris Vilche y González. El viaje fue hecho por medio de la línea aérea Fly Emirates y se alojaron en el hotel Sofitel de Río de Janeiro. 
 
A raíz de ese viaje, Echegaray fue denunciado ante la Justicia por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, ante la sospecha de que el viaje en avión y el alojamiento en el exclusivo Sofitel de Río de Janeiro, para él y su familia, hubiera sido pagado por el grupo de empresarios amigos que lo acompañó durante los festejos de fin año. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación fue Carlos Rívolo.
 
Pero en la causa Echegaray explicó que los pasajes y la estadía de él y su familia fueron pagados por su mujer en la empresa Rago Tours S.R.L., y aportó las facturas.
 
Mediante una medida de prueba, el juzgado constató mediante pedidos de informe a la empresa que Silvana Karina Oviedo, esposa de Echegaray, contactó el paquete turístico que tuvo un costó $ 240.548,23, y el abogado de la firma informó que "las familias Echegaray, Lambiris y González pagaron sus viajes por separado".
 
"En este estado del proceso, de acuerdo a las constancias de autos, la única vinculación que une a la familia Echegaray con la familia Lambiris, es que ambos grupos contrataron con la empresa ´Rago Tours S.R.L.´, un paquete turístico, con destino a la ciudad de Río de Janeiro desde el 27/12/2013 al día 1/01/2014; viajaron por la aerolínea Emirates y se alojaron en el mismo hotel", explicó la jueza en su resolución.
 
En ese sentido, señaló que "las pruebas reunidas descartan totalmente, que el paquete turístico contratado por la familia Echegaray, haya sido abonado por Jorge Omar Lambiris Vilche".

martes, 2 de septiembre de 2014

Narcorosada | Efedrina y Medicamentos, las dos causas que acechan al Gobierno

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner batió el record de funcionarios procesados en los últimos meses, con un Poder Judicial que parece haber olido el "fin de ciclo" y se prepara para el próximo gobierno. Pero hasta ahora, ninguna causa había tocado de cerca a la Casa Rosada, incluyendo la que involucra a Amado Boudou en elCaso Ciccone. En la última semana, dos expedientes amenazan con condenar a funcionarios que trabajan (o trabajaban) directamente en Balcarce 50.


El primero es el tráfico de efedrina. En esa causa está procesado José Granero, ex titular de la Sedronar, y Julio De Orué, exdirector del Registro de Precursores Químicos del mismo organismo. Pero también hay sospechas sobre el "Clan Zacarías", un grupo de hermanos con vínculos en el poder. 
Máximo Rito Zacarías es empleado del PAMI y está sospechado de interesarse por la importación de 1000 kilos de efedrina. Su hermano es Miguel Zacarías, exsecretario privado de Granero. Otros hermanos son Rubén Zacarías, exjefe de Ceremonial y Protocolo de la Casa de Gobierno, y Luis Zacarías, integrante de la secretaría privada de la Presidenta.
La jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del expediente, sospecha que el gobierno fue víctima de una maniobra narco. Por eso reclamó los registros de los llamados telefónicos de todos los involucrados. Incluso amenazó con que, si el gobierno no los entrega, podría allanar la Casa Rosada.
La declaración cayó como una bomba en el gobierno nacional. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich acusó a la magistrada de usar un "tono amenazante". Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, reconoció que las llamadas "deben existir", aunque pidió que se identifique a los presuntos narcos. Finalmente Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia, dijo que las declaraciones fueron "inapropiadas", aunque anunció que el gobierno cumpliría con el pedido de información. Todo indica que la causa seguirá avanzando.
Otra vez los medicamentos. La causa parecía cajoneada. Estaba a cargo de Norberto Oyarbide, uno de los jueces preferidos del oficialismo, el mismo que sobreseyó a Néstor y Cristina en una causa por enriquecimiento ilícito en 2009. Nada hacía sospechar que el tema se convirtiera en un problema para el gobierno.
Pero lo hizo: La Sala II de la Cámara Federal porteña separó hoy a Oyarbide de la causa de la llamada "mafia de los medicamentos" por mal desempeño y ordenó reabrir el expediente. Con solo una firma, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah volvieron a poner en el centro de la escena una causa que toca de cerca a la presidenta de la Nación.
Es que Oyarbide había sobreseído en abril pasado a Héctor Capaccioli, Hernán Diez, Sebastián Gramajo y Gabriel Brito por el delito de asociación ilícita. Los tres primeros habían sido funcionarios del gobierno nacional y todos ellos tenían algo en común: fueron recaudadores o aportantes de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Capaccioli, más conocido como "el recaudador de los K", fue superintendente de Servicios de Salud hasta 2008. Diez dirigió Lotería Nacional entre 2005 y 2011. Gramajo era legislador porteño y en 2007 fue responsable financiero de la campaña del Frente Para la Victoria. YBrito, ex dueño de la auditora Global Pharmacy, aportó 310.000 pesos a la campaña. Oyarbide ordenó detenerlo y vivió un "calvario" de golpizas y falta de atención médica en el penal de Ezeiza hasta que fue liberado en septiembre de 2010.
Diez y Gramajo aparecen mencionados en escuchas telefónicas de Néstor Lorenzo, el "Yabrán de los medicamentos" detenido por comercialización de medicamentos falsificados y adulteración de troqueles, que espera el juicio oral.
Aún no se sabe qué juez va a hereder la causa que dejó Oyarbide, pero es probable que avance más que lo actuado hasta ahora.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Para el Gobierno, la jueza Servini usa un "tono amenazante"

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó esta mañana el "tono amenazante e intimidatorio" de la jueza federal María Servini de Cubría, al requerir datos de las líneas telefónicas de la Casa Rosada en el marco de la causa de la efedrina, y señaló que, para responderle, se están investigando "números y horarios".


En ese sentido, el funcionario aseguró, en conferencia de prensa, que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, "está elaborando la información requerida para su ulterior respuesta y esto significa la identificación clara denúmeros (de teléfono) y horario correspondientes de las llamadas".
Pero advirtió que "nos llama poderosamente la atención las expresiones de esta misma jueza, porque establece una expresión de tono intimidatorio o amenazante, porque dice que si no se responde, entonces tendrá la necesidad allanar", la Casa de Gobierno.
Servini de Cubría reveló que cuenta con "entrecruzamientos de algunas llamadas de la Casa Rosada con grupos narcos", por lo que pidió datos a los funcionarios de Gobierno.
El ministro coordinador sostuvo que "nosotros respondemos en forma sistemática a todo requerimiento de carácter judicial, como corresponde a un sistema democrático y republicano de gobierno".
Sobre ello, precisó que Parrilli "está elaborando la información requerida, para su ulterior respuesta" y que "esto implica la identificación clara respecto a números y horarios correspondientes".
"La verdad que lo que hace el Gobierno es responder a todo requerimiento judicial; en el mismo juzgado hicimos una presentación espontánea en la causa del Fútbol Para Todos", recordó el jefe de ministros.

Berni: "Si Servini habló de llamadas es porque deben existir"

El secretaria de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, entró en la polémica sobre la investigación de lajueza María Servini de Cubríasobre el vínculo entre el narcotráfico de efedrina y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.


Respecto de las llamadas que rastrea la magistrada entre presuntos narcos y miembros del Gobierno, Berni aseguró que a él "no le consta" que hubiera narcos implicados aunque admitió que "las llamadas deben existir".
En diálogo con el programaEmpezando el Día por Radio La Red, el funcionario de la cartera de Seguridad manifestó: "Si la jueza dice eso es porque las llamadas deben existir. Eso no quiere decir absolutamente nada tampoco".
Sin embargo, remarcó: "Cuando (la jueza) dice 'algunos narcos', a mí no me consta. Debería identificar primero quiénes son los narcos".
Servini de Cubría advirtió el viernes que allanará la Casa de Gobierno si la administración de Cristina Fernández de Kirchner no le da información sobre líneas telefónicas de la Casa Rosada involucradas en el caso de la efedrina.
"Le damos un tiempo; si no contestan volvemos a reiterar; y si no contestan, vamos a allanar. Todo puede llevar un mes", dijo la magistrada. Es que la jueza firmó un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien había emitido un comunicado para despegar Néstor Kirchner y Cristina Fernández de los hermanos Zacarías, implicados en la causa y que trabajaron con ellos desde la época en que mandaban en Santa Cruz.
Servini pretende determinar cuáles son los funcionarios o empleados de Balcarce 50 con los cuales se comunicaron desde la secretaría antidrogas (Sedronar), donde trabajaba Miguel Zacarías. En ese momento, en la Casa de Gobierno cumplían funciones sus hermanos Rubén y Miguel Zacarías. "Nosotros tenemos entrecruzamientos de algunas llamadas de la Casa Rosada con algunos narcos. Entonces son esos son los teléfonos que queremos saber quiénes los usaban", dijo.

El Gobierno negó vínculos con el narcotráfico y acusó a ex funcionarios

Después de las declaraciones de la Jueza María Servini de Cubría, el pasado viernes 29/08. Este lunes el gobierno salió a cruzar las acusaciones acerca de llamadas relacionadas entre la Casa Rosada y narcos. El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli leyó un comunicado en Balcarce 50, hizo un punteo de todos los números requeridos y de los responsables de esas áreas en el período 2004-2008, entre los que se encuentran él mismo, los ex jefes de Gabinete Alberto Fernández y Sergio Massa y los ex vicepresidentes Daniel Scioli y Julio Cobos.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este lunes 01/09 y tras las declaraciones de la Jueza María Servini de Cubría sobre la posible pista de la ruta del narcotráfico y que algunas llamadas estarían relacionadas con la Casa Rosada (Ver nota relacionada).
Por la repercusión que tuvo, el gobierno difundió el listado de números de teléfonos de la Casa Rosada con los cuales, según la jueza federal María Servini de Cubría, habrían tenido comunicación personas involucradas en narcotráfico.
Esta muestra la realizó Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia, quien aclaró que todos los teléfonos del edificio pasan por un conmutador. El funcionario, que leyó un comunicado en Balcarce 50, hizo un punteo de todos los números requeridos y de los responsables de esas áreas en el período 2004-2008, entre los que se encuentran él mismo, los ex jefes de Gabinete Alberto Fernández y Sergio Massa y los ex vicepresidentes Daniel Scioli y Julio Cobos, entre otros altos funcionarios.
Parrilli además dijo que "en caso de ser requerido, se puede identificar quién realizó la llamada a un determinado interno contando con el número de origen externo y la fecha y hora aproximada".
Parrilli leyó la respuesta del Gobierno K a la jueza Servini de Cubría que el viernes 29/08 pidió al Ejecutivo informes sobre llamadas a teléfonos de la Casa de Gobierno por parte de personas vinculadas a la causa por el tráfico de efedrina.
El informe que presentó a la prensa, donde no se permitió realizar preguntas, Parrilli aseguró que el oficio "ha tenido una inusitada difusión y unas declaraciones que creemos inapropiadas por parte de la jueza y algunos medios que han intentado sembrar un cono de dudas acerca de unas supuestas llamadas de narcotraficantes a la Casa Rosada".
Se dedicó entonces a leer el informe técnico emitido por el área de Comunicación de la Casa de Gobierno con los detalles de los números de los teléfonos requeridos por la Jueza.
Aclaró que algunos de esos números nunca pertenecieron a la Presidencia de la Nación, otros fueron dados de baja por cuestiones técnicas y otras pertenecen a cabeceras que se derivan a otros internos.

viernes, 29 de agosto de 2014

Servini de Cubría: "Hay llamados entre teléfonos de la Casa Rosada y algunos narcos"

La jueza María Servini de Cubría admitió este viernes (29/08) que investiga un entrecruzamiento de llamadas entre supuestos narcotraficantes y funcionarios de la Casa Rosada, luego de que se conociera que la magistrada le pidió al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que informe quiénes utilizan los números que figuran en las pericias. "El narcotráfico tiene que tener apoyo de adentro, de alguien importante, porque sino la Policía los localizaría de inmediato", sostuvo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La jueza María Servini de Cubría admitió este mediodía que investiga un entrecruzamiento de llamadas entre supuestos narcotraficantes y funcionarios de la Casa Rosada. Es por eso que le pidió al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que informe quiénes utilizan los números que figuran en las pericias.
 
"Tenemos entrecruzamientos de algunos llamados entre teléfonos de la Casa Rosada con algunos narcos. Queremos saber quiénes usaron esos teléfonos", declaró en diálogo con radio Mitre.
 
Servini de Cubría reiteró que pudo comprobar que ingresó ilegalmente efedrina al país y que esas maniobras de narcotráfico necesariamente tiene que contar con "ayuda de alguien de la política". "El narcotráfico tiene que tener apoyo de adentro, de alguien importante, porque sino la Policía los localizaría de inmediato", sostuvo.
 
Según la jueza, José Granero, ex titular de la Sedronar, "tenía algún amigo" que "manejaba"el ingreso de la efedrina a la Argentina. En este contexto, sostuvo que el propio Granero hacía las denuncias en distintos juzgados para demorar la investigación.
 
“La denuncia original se dividió en varias causa y así es difícil poder investigar; cuando se divide una causa en 20 ó 50, de alguna manera a uno le impiden la investigación”, enfatizó.
 
En tal sentido, Servini de Cubría aseguró que en la Argentina "es muy difícil investigar" causas relacionadas con el narcotráfico por las "presiones que hay desde todos lados". "Nunca tuve problemas con la política, pero los abogados enloquecen; hay amenazas", agregó.
 
Consultada acerca de si mantiene una relación conflictiva con el poder de turno, la jueza admitió: "Llevo 24 años de jueza federal, he vivido momentos difíciles pero este es un momento muy difícil".
 
Servini de Cubría emarcó las divisiones que hay incluso dentro del poder judicial. "La creación de agrupaciones como Justicia Legítima dividió más a la gente; hay empleados enfrentados unos con otros", lamentó.
 
En este sentido, advirtió que aunque no puede "echarle la culpa al gobierno ni a nadie, son las circunstancias actuales", alertó que no ve un cambio en lo inmediato. "Esto se va a mantener, no me pregunten por qué, es una intuición que tengo", agregó.
 
Cabe destacar que por el caso de la efedrina tuvo que renunciar Granero, el ex titular de la SEDRONAR (Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico) que luego ocupó el cargo de vicepresidente de la empresa estatal Enarsa. La salida de Granero ocurrió el miércoles 23/07 tras confirmarse su procesamiento en la causa por el ingreso de ese precursor, investigación que corre paralelamente a la de exportación de esa sustancia a México y Colombia, la triple muerte de Forza y sus dos amigos, y salpica a Cristina Fernández, además, por sus fuentes de financiamiento de campaña. También están en la mira el secretario privado de Granero,Miguel Zacarías, quien habría realizado varias llamadas a distintas líneas de la Casa Rosada. Hay otros tres Zacarías (son 4 hermanos) en el Poder de los que se sospecha.
 
Este viernes (29/08) la jueza federal Servini de Cubría le pidió al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que detalle qué funcionarios o empleados de la Casa Rosada utilizaban una docena de teléfonos investigados por el tráfico de efedrina.
 
Paralelamente, en las últimas horas realizó varios allanamientos para obtener documentación sensible vinculada a la causa, informó el diario Clarín, que relata que la investigación se reactivó la semana pasada con la declaración de Lucas Paradelo, un abogado de Río Gallegos que involucró de manera directa a Máximo Rito Zacarías, el mayor de los hermanos, en las gestiones para importar 1000 kilos de efedrina. Ese testimonio lo dejó al borde de la indagatoria y desencadenó los nuevos procedimientos.
 
Servini de Cubría también le tomó declaración en las últimas horas a un compañero de trabajo de Paradelo. Su testimonio ratifica que Máximo Zacarías se interesó por un expediente para importar 1000 kilos y que el escándalo quedó reflejado en un memo interno.

Efedrina: Apuran a Parrilli para que informe sobre llamados a la Rosada

El que fuera secretario privado de José Granero, el ex titular de la SEDRONAR (Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico), Miguel Zacarías, habría realizado varias llamadas a distintas líneas de la Casa Rosada por gestiones en relación al tráfico de efedrina. Un testigo involucró luego a otro de los hermanos Zacarías: Máximo Rito, el mayor de los 4, en las gestiones para importar 1000 kilos de esa sustancia. La declaración activó nuevos procedimientos. La jueza María Servini de Cubría firmó un oficio dirigido al Secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli., para que la informe quiénes utilizaban 12 líneas de la Rosada que recibieron llamados vinculados a la efedrina.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Avanza el caso de la narcoefedrina que involucra al clan Zacarías, los 4 hermanos que los Kirchner llevaron consigo a lo más alto del poder y están muy complicados en la causa que investiga la juez María Romilda Servini de Cubría. Los llamados telefónicos a la Casa Rosada y los vínculos de los Zacarías con el matrimonio presidencial salpican a Cristina Fernández y a su administración.
Por el caso de la efedrina tuvo que renunciar José Granero, el ex titular de la SEDRONAR (Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico) que luego ocupó el caro de vicepresidente de la empresa estatal Enarsa. La salida de Granero ocurrió el miércoles 23/07 tras confirmarse su procesamiento en la causa por el ingreso de ese precursor, investigación que corre paralelamente a la de exportación de esa sustancia a México y Colombia, la triple muerte de Forza y sus dos amigos, y salpica a Cristina, además, por sus fuentes de financiamiento de campaña. También están en la mira el secretario privado de Granero, Miguel Zacarías, quien habría realizado varias llamadas a distintas líneas de la Casa Rosada. Hay otros tres Zacarías (son 4 hermanos) en el Poder de los que se sospecha.
Este viernes (29/08) la jueza federal Servini de Cubría le pidió al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que detalle qué funcionarios o empleados de la Casa Rosada utilizaban una docena de teléfonos investigados por el tráfico de efedrina.
Paralelamente, en las últimas horas realizó varios allanamientos para obtener documentación sensible vinculada a la causa, informó el diario Clarín, que relata que la investigación se reactivó la semana pasada con la declaración de Lucas Paradelo, un abogado de Río Gallegos que involucró de manera directa a Máximo Rito Zacarías, el mayor de los hermanos, en las gestiones para importar 1000 kilos de efedrina. Ese testimonio lo dejó al borde de la indagatoria y desencadenó los nuevos procedimientos.
Servini de Cubría también le tomó declaración en las últimas horas a un compañero de trabajo de Paradelo. Su testimonio ratifica que Máximo Zacarías se interesó por un expediente para importar 1000 kilos y que el escándalo quedó reflejado en un memo interno.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Corrupción: Procesan a la ex funcionaria K Romina Picolotti

La jueza María Romilda Servini de Cubría procesó a la ex funcionaria kirchnerista Romina Picolotti por administración fraudulenta. Además, fue embargada por $450.000. Según el diario 'La Nación', en la causa hay hasta comprobantes de cenas en Hooters, la cadena estadounidense que cuenta con personal femenino con poca ropa...


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente, está acusada de malversación de fondos. Vuelos privados, cursos fuera del país y contratos con familiares y amigos, son algunas de las irregularidades de su gestión que fueron detectadas a raíz de la investigación de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
 
Servini de Cubría decidió procesar a Picolotti el 18 de julio de este año por lo que le emitió un embargo de 450.000 pesos. Después de una investigación exhaustiva que se inició en 2007 a raíz de tres denuncias en contra de la ex secretaria, una de las cuales fue por “despilfarro” de fondos que había en la Secretaría de Medio Ambiente, la magistrada detectó una serie de gastos injustificados.
 
No se trata del único procesamiento de trascendencia mediática que ha realizado Servini de Cubría en los últimos días. Fue la encargada del procesamiento del ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero, por el tráfico de efedrina en Argentina; la que autorizó un allanamiento en la AFA por presuntas irregularidades en el presupuesto de Fútbol para Todos; además del hallazgo del martes del nieto de Estela de Carlotto, apropiado durante la dictadura militar.
 
Según las pesquías de Servini de Cubría, Picolotti habría usado fondos pertenecientes al presupuesto de la Secretaría para cubrir gastos personales de forma injustificada entre julio de 2006 y diciembre de 2008. Así, destinó dinero que el Ministerio de Economía giraba a la Fundación ArgenINTA, un satélite del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) manejada con el presupuesto de la Secretaría para subvencionar viajes de su entorno familiar y trabajadores a su cargo.
 
Cuando se indagó Picolotti en marzo de 2011 negó haber cometido ninguna irregularidad y justificó los viajes con distintos motivos. En el procesamiento demuestra que Servini de Cubría dijo que los viajes por supuesto "desarraigo" no estaban justificados y que los mismos dan cuenta de un "desmanejo" de fondos públicos.
 
En cuanto a los gastos, Picolotti había indicado motivos "funcionales" por lo que se deberían considerar como justificados. Durante la revisión de los comprobantes de gastos, la jueza informó que todos los días hábiles desde diciembre de 2006 a junio de 2007 "fueron abonados gastos de comida", y que en fines de semana o feriados se organizaron "supuestos almuerzos o cenas de trabajo".
 
En la causa hay hasta comprobantes de cenas en Hooters (una cadena de restaurantes estadounidense que se enfoca a la clientela masculina contando con personal femenino como camareras con muy poca), de compras de quesos, fiambres, tragos como gin tonic y bellini, vino, papel higiénico y pañuelitos descartable
 
Para corroborar si realmente se trataban de gastos “funcionales” la magistrada revisó la agenda pública de la entonces secretaria por lo que llegó a la conclusión que "no surgen reuniones o encuentros que lo justifiquen". 
 
En el fallo, Servini de Cubría sobreseyó a dos ex funcionarios más de la Secretaría, Patricia Báez Rocha y Esteban Sáenz Rico.
 
Picolotti, abogada especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos.

martes, 5 de agosto de 2014

Irregularidades en el FPT: Allanan la AFA

Por orden de la jueza María Servini de Cubría, se lleva a cabo un allanamiento en la sede de la AFA en la calle Viamonte del barrio porteño, a menos de una semana de la muerte de Julio Grondona. El operativo se realiza en el marco de la denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos millonarios (y públicos) para el Fútbol Para Todos, en la que están imputados, además del fallecido dirigente, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Esta tarde se lleva a cabo un allanamiento en la sede de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), en el marco de la denuncia por las presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos públicos para el programa 'Fútbol para Todos'. 
El allanamiento se realiza en la sede de la AFA en Viamonte, del barrio porteño, por orden de la jueza María Servini de Cubría, tras la denuncia presentada por la diputadaGraciela Camaño en mayo pasado. Según trascendió, buscan contratos y cualquier documentación vinculada la movimiento del dinero de FPT.
En declaraciones a TN, Camaño confirmó el allanamiento y dijo que se estaría realizando porque la Jefatura de Gabinete no envió la información que pidió la jueza.
La denuncia involucra al fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, y a la Jefatura de Gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por presuntos delitos en el manejo de millonarios fondos destinados al “Fútbol Para Todos” en las gestiones  de Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández.
Ocaña denunció que tanto los funcionarios intervinientes como las autoridades de la AFA podrían haber incurrido en los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Uno de los argumentos de la denunciante es que los clubes de fútbol empeoraron su situación económica-financiera pese a los 6 mil millones de pesos que se destinaron a ellos por los derechos de televisación, a través de la AFA, desde setiembre de 2009 hasta la fecha, según ese medio. 
 
“Semejante ‘pozo negro’, sin fondo ni control alguno, constituiría la llave maestra con que contaría el titular de la AFA para someter a los clubes y tomar como rehenes a sus presidentes y comisiones directivas”, asseguró entonces Ocaña.
 
La legisladora también recordó que el “modus operandi” para ese propósito, lo constituiría la entrega de cheques a los clubes para que hagan frente a sus cuantiosas deudas, y la sugerencia a sus dirigentes para que los  cambien, no en bancos de primera línea, sino en cooperativas o financieras vinculadas a dirigentes de la AFA. “Las financieras harían, a cambio de efectivo, un descuento superior al porcentaje habitual  del mercado”, explicó.
 
La denuncia cuestiona las actualizaciones del pago a la AFA por fuera del presupuesto e ineficiencia de la recaudación en publicidad, a pesar de lo prometido en el contrato original, que incluso contemplaba la financiación de los deportes olímpicos.
 
Ocaña alertó sobre la decisión de Grondona de instaurar un torneo largo con 30 equipos no solo agrande el “pozo negro” sino también fomente un nuevo y polémico negocio: apuestas online.
 
La diputada porteña recordó que la mayoría de los clubes, quebrados como están, no cumplieron con la ley que los obligaba a contar, antes del 31 de enero de este año, con el 75 por ciento de la superficie de las graderías previstas con asientos individuales, a pesar de que serían sancionados con la clausura y exhortó a que “se debe investigar si los fondos son desviados: no se usan para mejorar el servicio a los espectadores”.
 
Por último, en 2011 Ocaña y el exfiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidieron a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, una auditoria sobre el dinero del Fútbol para Todos, porque existían “operaciones  irregulares de dinero o circulando ‘en negro’, y la ingrata posibilidad de que parte de esos recursos vayan a cuentas clandestinas en el extranjero”. Se referían a las supuestas cuentas de Julio Grondona, mujer e hijos en los Estados Unidos y Suiza.

miércoles, 3 de julio de 2013

Maqueda contó cómo fueron las amenazas de La Cámpora

Ante la jueza federal María Servini de Cubría, este miércoles 03/07 el integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda declaró como testigo en la causa por supuestas amenazas que recibió por parte de militantes de La Cámpora para que vote a favor de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.


El integrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, declaró como testiga por las presuntas amenazas de miembros de La Cámpora.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Juan Carlos Maqueda declaró este 03/07 ante la juezaMaría Servini de Cubría, en la causa donde se investigan supuestas amenazas de militantes de La Cámpora al integrantes de la Corte cuando el máximo tribunal debatía la reforma y elección del Consejo de la Magistratura, fallo que terminó rechazando las pretensiones del Gobierno.
Frente a Servini de Cubría, Maqueda declaró como testigo y contó cómo fue la amenaza que sufrió de parte de personas que se referenciaban en la agrupación juvenil de Máximo Kirchner.
Si bien aún no trascendieron detalles de sus dichos, ya había manifestado que no conocía a los jóvenes, que uno de ellos se le acercó y lo increpó para que votase a favor de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura porque sino lo iba a pasar "peor que en el 2001".
Maqueda ya había dicho antes de su declaración de hoy que si bien no hubo agresión, sí pasó un “momento desagradable” porque quien lo amenazó le gritaba y lo siguió unos metros en su recorrido a pie.
La causa surgió tras los dichos de Maqueda que provocaron que el Gobierno presentara una denuncia ante la Procuración General para que se investigue el hecho.
La causa recayó en el juzgado de Servini de Cubría.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, calificó el hecho de "gravísimo", y el 19/06 Julio Alak presentó el escrito en la Procuración, en el que le asigna al episodio gravedad institucional, por estar referido a un integrante del máximo tribunal.

sábado, 15 de junio de 2013

Servini de Cubría ratificó la suspensión de la elección de consejeros

La jueza María Servini de Cubría ratificó hoy que las elecciones populares en el Consejo de la Magistratura están suspendidas. Así rechazó avanzar con el trámite que habían iniciado el Frente Para la Victoria y la oposición para legitimar a los candidatos a una eventual elección popular para integrar el órgano que selecciona y sanciona a los magistrados.


La resolución frena (por ahora) los planteos de alianzas para las elecciones de agosto próximo, en la que se habían inscripto tres frentes: elFrente para la Victoria; el Frente por la Justicia, conformado por el Partido Socialista, el PRO, Unión Celeste y Blanco, UCR, Libres del Sur, GEN, Unión por Todos, Partido Poder para el Espacio Social (PODES) y el partido Unión Popular de Mendoza; y el Frente del Pueblo que integraban la Izquierda y el MST-Nueva Izquierda.
El martes, en un durísimo fallo, Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección de consejeros, abogados, jueces y académicos.
El Gobierno apeló la decisión y presentó un “per saltum” para que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina la constitucionalidad de las elecciones al Consejo de la Magistratura.El Supremo Tribunal lo aceptó y se apresta para fallar al respecto. Mientras tanto, la jueza con competencia electoral consideró que a la fecha está vigente la medida cautelar que suspendió ese proceso, algo que elkirchnerismo cuestionaba esa suspensión.
En cuatro fallos, Servini respondió al pedido de reconocimiento de la denominada alianza Frente para la Victoria, Frente por la Justicia, Frente de Izquierda y MST-Nueva Izquierda por un Frente del Pueblo.
"Considerando lo dispuesto en las medidas cautelares citadas que suspendieron el referido proceso electoral, corresponde suspender el trámite de reconocimiento de la alianza electoral transitoria constituida al único efecto de participar en los comicios de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que así habrá de declararse", señaló la jueza, según informó la agencia DyN.

viernes, 14 de junio de 2013

La Corte Suprema aceptó el per saltum K por las elecciones de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar el "per saltum"presentado por el gobierno nacional contra los fallos de la jueza María Servini de Cubría que declararon inconstitucional algunos artículos de la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación.


El Máximo Tribunal dio trámite al 'per saltum' por "razones de urgencia"y dispuso abreviar los plazos del proceso judicial para resolver, sobre todo, si suspende definitivamente o habilita la elecciones de consejeros en las PASO de agosto.
La Corte ya avisó que daría "máxima celeridad" a esta causa, de modo que se espera un fallo en la máxima instancia la semana que viene, antes de que venza el plazo para lainscripción de candidatos el 22 de junio.
"Se declaran admisibles los recursos extraordinarios por salto de instancia, con efecto suspensivo con respecto a las sentencias recurridas", indicó el máximo tribunal en su fallo, tras remarcar que la resolución de primera instancia "trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, circunstancia de gravedad institucional".
A su vez, la Corte dio intervención a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que dictamine en el caso en un plazo de "48 horas", tras lo cual el tribunal dará a conocer su resolución sobre la cuestión de fondo.
Una fuerte versión en Tribunales indica que el Máximo Tribunal ratificaría la inconstitucionalidad de la elección de los consejeros a través del voto popular luego de la catarata de amparos en juzgados de todo el país.
Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral, había resuelto declarar inconstitucionales a los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección de consejeros, abogados, jueces y académicos.
Pese a que los comicios primarios están suspendidos, tanto el kirchnerismo como la oposición inscribieron ayer en la Justicia Electoral sus alianzas en el caso que la Corte habilite los comicios a consejeros de la Magistratura, el órgano judicial que nombra, controla y remueve a los jueces de todo el país.

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