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jueves, 18 de julio de 2013

Las cosechadoras de Urribarri que el Estado pagó y nunca funcionaron

El Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, uno de los hombres más fieles a Cristina Fernández, se ve duramente criticado e involucrado en un informe realizado el contador Horacio Alfredo Larrivey, designado como síndico por el magistrado. Malversación de fondos públicos y favoritismo a sectores “amigos” al gobernador por sumas millonarias son el motivo del informe del funcionario público


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Uno de los gobernadores más fieles de Cristina Fernández, Sergio Uribarri se ve involucrada tras un crítico informe que realizó el síndico del concurso de acreedores.
Ocurre que,  está a punto de culminar el concurso de acreedores pedido por Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, puesto que en pocos días el juez (subrogante) en lo Civil y Comercial Nº 3, Leonardo Portella, deberá resolver sobre la cuestión, tras la presentación del informe del contador Horacio Alfredo Larrivey, designado como síndico por el magistrado.
Lavirey tuvo críticas hacia los  integrantes de la sociedad, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo) y Sergio Eduardo Scravaglieri, pero también involucró al gobierno provincial.
 El informe de Larrivey explica cómo y cuándo  la sociedad denominada Grandes Máquinas llegó a la cesación de pagos, lo que ocurrió el 1/12/ 2011.
El contador analizó que, desde la creación de la sociedad, aunque se encontró con que hay una incompleta existencia de registros contables entre el 1/01/2012y el 18/09/2012, poco antes del concurso de acreedores.
Grandes Maquinas, se inscribió como tal el 23/12/ 2010 con un objeto que era “fabricación de cosechadoras, máquinas agrícolas autopropulsadas y de arrastre, tolvas, acoplados”, etcétera. En ese momento, la empresa daba como domicilio legal el de su abogado, Armando Roberto Sciancalépore que era 25 de Mayo 222 de Concepción del Uruguay, y para lograr los créditos delFinver mostró un capital social inicial de cien mil pesos, abonando el 25 por ciento de éste entre los tres socios y el resto a pagar en dos años.
Luego, el capital social aumentó a 2.150.000 pesos, en reemplazo de aquellos cien mil. Es porque le cedieron un millón Marcelo Héctor Aguirre y Silvia Inés Biondo, mientras que 1.050.000 corresponden a Senor (padre).
De esta manera Grandes Máquinas, que prometía al principio fabricar 190 cosechadoras en cinco años, no sólo no pagó los intereses del crédito del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver),sino que tampoco cumplió con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o con el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), al que nunca le pagó el alquiler del galpón.

Las explicaciones
Senor (padre), en el marco del concurso, debió dar sus razones de que no haya pagado las deudas contraídas. Atribuye esa cesación a “la demora en la producción de la primera cosechadora a causa de la mala manufactura de matrices y piezas por parte de Daniel Huarte” (quien fabricó las partes plásticas del prototipo Maag Mitos). Dice que recién se dieron cuenta de las fallas “al tratar de ensamblarlas”.
Senor explicó que debían terminar la primera máquina para noviembre de 2011, pero recién pudieron hacerlo en febrero de 2012, que pensaban fabricar dos o tres por mes con costos fijos que rondaban los 400 mil pesos. Tras presentar la máquina ante las autoridades nacionales y provinciales en los primeros días de marzo de 2012 tuvieron que “rematrizar carrocería y piezas”, afirma, y que “los costos fijos ascendieron a 2,4 millones más por mayores costos no presupuestados. Aseveran que la cosechadora que quedó en Angola en mayo de 2012 (la única fabricada) fue vendida en ese país africano. Que de esa forma siguieron la producción, puesto que cancelaron “algunos pasivos con el dinero de la venta”.
 Lamentó asimismo que “esta situación de crisis en evidencia y luego de una fuerte campaña de desprestigio mediático los proveedores no entregaron más matrices para tres cosechadoras a fabricar entre mayo y junio de 2012, retirándose el crédito” y “el sistema bancario y financiero” los excluyó
 Sin embargo, Larrivey desmiente la versión de Senor y explica “No se puede atribuir a factores exógenos de orden macroeconómico” la cesación, “que aún con su remedio concursal no ha podido revertir”. Y agrega “Desde su creación e inicio el emprendimiento contó con óptimas condiciones económicas y de financiación del proyecto”, y explicó que en “la realidad indica que fabricó sólo un prototipo”“El fuerte desprestigio mediático en que incurrió la concursada es la consecuencia y no la causa por la que invoca que los proveedores dejaron de proveerla de materiales e insumos. Los incumplimientos incurridos y la enorme cantidad de cheques rechazados produjeron, sin lugar a dudas, su desprestigio y falta de financiación adecuada”, continuó el síndico.
 En un punto remarcado por el profesional, aclara que “su actual cesación de pagos es producto exclusivo de factores endógenos y de la condición de la empresa”. “Más allá de las argumentaciones, a mayo de 2012 debe analizarse su alto endeudamiento y escaso capital propio para desarrollar el tal mentado proyecto como su causa principal de su desequilibrio”, sentencia. “Existe y existió por parte de la concursada un grosero e irresponsable endeudamiento”, afirma Larrivey, y detalla que “El riesgo empresario era soportado en dos veces por los acreedores (fundamentalmente el Estado provincial) y en una por los propietarios”, sin dejar de hacer hincapié en que “el crédito del Finver superó ampliamente el patrimonio neto de la concursada”, y que su financiamiento salía del “endeudamiento del Estado y los acreedores”.
Tras las denuncias que tomaron un cariz mediático, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Paraná, diez meses atrás el abogado Eduardo Mulet presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de fraude contra la administración pública, y si hubo complicidad de funcionarios en la escandalosa historia de la cosetrucha, algo en lo que el letrado reclama que se avance.
Mulet consideró que, así como fueron acusados formalmente los titulares de la empresa, “deberían estar imputados también el ministro de la Producción (Roberto Schunk) y los funcionarios del Finver por una comisión por omisión, porque ellos tenían el deber de controlar a quiénes les entregaban y qué se hacía con esos fondos; y está a la vista que no han controlado, si es que no han sido partícipes”, y destacó “Se es corrupto por comisión o por omisión”.
 El informe del síndico en Concepción del Uruguay expresa  “Comentario aparte merece el apoyo brindado por el Finver, el que a todas luces -conforme a la documental aportada- no refleja un control adecuado sobre la aplicación de los fondos prestados para financiar el proyecto, sin perjuicio de la falta de garantías adecuadas para su recupero”.
En el informe también critica a Uribarri y describe “la irresponsable asistencia financiera otorgada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos a través del Finver, el que siguió prestándole (27/12/2011 600 mil pesos; 10/01/2012 400 mil; 27/03/2012 600 mil; 30/03/2012 400 mil pesos) pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver”. Larrivey estableció la fecha de cesación de pagos el 1/12/2011, momento en que no canceló el vencimiento de los intereses del primer tramo del crédito otorgado por el gobierno entrerriano. Desde el 18/11/ 2009  hasta la fecha de cesación de pagos, el Finver le había prestado a Senor ya 3,5 millones de pesos. El primero de los acreedores que intentó cobrar un cheque que le fue rechazado lo hizo el 15/12/2011
Pese a esto, Urribarri firmó otro decreto (el Nº 529) otorgando otro millón de pesos. “El Ministerio de la Producción ha evaluado oportunamente el cumplimiento de las disposiciones de los decretos Nº 4432/09 GOB y Nº 96/11 MEHF por parte de la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA en relación a la instalación y puesta en marcha de la fábrica de cosechadoras en la provincia, informando al respecto que la misma cumplimentó las condiciones necesarias para acceder a cada uno de los tramos de la asistencia otorgada”, justifica el decreto, y advierte que “en caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos”.
Para esa fecha, la empresa ya había comenzado a incumplir. Es más, llamó la atención a Larriveyque al 31/12/ 2011, “y sin haber pagado un peso de intereses”, la Provincia asistió a la sociedad con 4.174.500 pesos de un total de asistencia de 5.574.000.

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