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jueves, 11 de octubre de 2012

Tras la presión del Gobierno, la protesta cedió casi por completo

Después de los anuncios vacíos del jefe de Gabinete y el ministro de Economía ayer, las presiones del Gobierno y amenazas de sanciones, los prefectos decidieron hoy levantar el "campamento" que habían improvisado frente al edificio Guardacostas sobre la avenida Madero. Los gendarmes, en cambio, mantienen aún una reducida guardia en el edificio Centinela para expresar que "la lucha sigue, aunque apenas queda una decena de agentes.



"Nosotros recién a fin de mes vamos a tener posibilidad de confirmar cuál es el monto que nos pusieron en blanco y cuáles los ítems (beneficios que cobran en negro) que nos mantuvieron", aseguró a Clarín Raúl Maza, uno de los líderes de la protesta de Gendarmería. Maza continuaba este mediodía en el campamento armado en la explanada del edificio. Envuelto en una frazada y entre mate y mate, explicó: "No se hasta cuándo estaremos aquí, hace más de una semana que dormimos fuera de nuestras casas, hace frío y esto también es difícil".
Los prefectos, en cambio, decidieron levantar toda presencia frente al edificio Guardacostas y según puso saber Clarín la medida se habría tomado después de que recibieran amenazas de sanciones disciplinarias por el corte de la avenida Madero ayer y las peleas protagonizadas por algunos de los manifestantes. Habría sumarios administrativos internos y denuncias penales por la agresión a un prefecto general.
En Gendarmeríam también hubo llamados para presionar a los efectivos y se agudizó el plan de llamada, que les impide abandonar sus puestos o regiones de trabajo. "Anoche a las 12.30 nos dieron la orden de mantenernos en los cuarteles, estamos todos esperando que los jefes definan, haciendo nada y sin poder abandonar los cuarteles", contó un gendarme asignado a los operativos en el Conurbano.

martes, 9 de octubre de 2012

Prefectos y gendarmes marcharon a la Plaza: "Cristina está mal asesorada"


Unos 400 efectivos y familiares se acercaron a la Rosada. Maza críticó a Berni y pidió respuestas "urgentes". "No tienen derecho", dijo una funcionaria.



"Está mal asesorada, Presidenta. Usted está permitiendo que los prefectos y los gendarmes se mueran de hambre", lanzó el apartado gendarme Raúl Maza, en el centro de la Plaza de Mayo, rodeado por varias decenas de compañeros que reclaman mejores salariales a raíz de un polémico decreto que firmó la misma mandataria.
Unos 400 manifestantes se reunieron en el edificio Guardacostas de Prefectura en Puerto Madero y desde allí marcharon a Plaza de Mayo por laAvenida Madero. El grupo fue "custodiado" por agentes de la Policía Federal que les iban indicando el camino "pacífico". Poco antes de llegar, el comisario a cargo del operativo, Mario Martínez, se acercó al agente Maza, el líder de la protesta apartado por sus superiores, y le garantizó que "que no iba a ver inconvenientes".
El "vocero" Maza se paró ante la prensa y aseguró que a la Presidenta "no la desconocen como Jefa de Estado" para disipar cualquier acusación de "golpistas" e insistió: "Necesitamos que nos escuche; este problema es urgente y el petitorio es justo".
El enfermero de Gendarmería también recordó que el secretario de Seguridad,Sergio Berni, "no nos llamó nunca para ver cómo estaban nuestras familias" durante las primera protestas. Como en ocurrió en lo cacerolazos de septiembre, los efectivos de seguridad marcharon al grito de "no tenemos miedo" y, en relación a su reclamo: "Con el salario no se jode".
Menos claro que antes. Por otro lado, un suboficial que pidió no identificarse consideró a Perfil.com que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, no aclararon "las cuestiones de fondo" durante la conferencia de prensa que brindaron en el Palacio de Hacienda.
"Nunca dijeron cuánto vamos a cobrar, nunca aclararon cómo va estar conformado el haber del gendarme. No lo hacen porque no les conviene", estimó al suboficial.
Respuesta oficial. El cabo 1º de Gendarmería, el suboficial Fernando Brítez, relató a Perfil.com cómo fue maltratado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación cuando esta tarde se comunicaron para tender otro puente de negociación.
"Llamamos para pedir ayuda por deficiencias en las instalaciones de Capitanía y me pasaron con Florencia Stroch. Ella, en lugar de darme una respuesta, me respondió. 'Tu reclamo es ilegítimo. Ustedes no tienen el derecho a hacer esto'", increpó la funcionaria, según relató el gendarme.

Tras la provocación del gobierno, los gendarmes y prefectos agudizan la protesta

“Nosotros no nos vamos. Se nos ha reído en la cara”. Así se expresaron los gendarmes luego de la conferencia de prensa que dio el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien confirmó que la Casa Rosada no se moverá de su postura y no responderá el petitorio entregado la semana pasada por los agentes, que reclaman un aumento salarial. Ante la provocación del gobierno, los gendarmes no sólo decidieron continuar con la protesta sino que además, están marchando a la Plaza de Mayo para hacer su reclamo más fuerte. Este conflicto va enserio, no se cierra y hay que tener en cuenta que el gobierno aseguró que se cerraría este martes (09/10).



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Los oficiales de Gendarmería rechazaron este martes (09/10) por la tarde la propuesta del Gobierno Nacional en torno al blanqueo de salarios y señalaron que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se les "rió en la cara". Por eso no sólo decidieron continuar con la protesta sino también marchar este martes a la Plaza de Mayo, para hacer sentir el reclamo junto a un grupo de prefectos. Cabe aclarar que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se encuentra en la Casa Rosada, por lo cual la protesta será para que Ella se dé cuenta que el conflicto es grave y que lejos está de cerrarse este martes (09/10) tal como había asegurado el gobierno.
Al respecto, el vocero Raúl Maza: "Nosotros no nos vamos. Se nos ha reído en la cara". De esta manera, la protesta seguirá.
La reacción de los efectivos de Gendarmería Nacional a la negativa del gobierno ante su pedido de un aumento salarial no se hizo esperar y tal como se preveía no darán el brazo a tocer.
Cabe recordar que este fin de semana, el Gobierno había decidido mandar un telegrama pasando a disponibilidad al efectivo Raúl Maza que se transformó en uno de los portavoces más importantes de la protesta.
Además, Maza denunció que les estaban "haciendo inteligencia”.
El Gobierno está aportando al desgaste en el conflicto con Prefectura y Gendarmería, pero lejos de lograrlo, lo único que está obteniendo es que el conflicto se agudice cada vez más.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en la conferencia de prensa de esta tarde (09/10) junto con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino,  confirmó que la Casa Rosada no se moverá de su postura y no responderá el petitorio entregado la semana pasada por los agentes, que reclaman un aumento salarial.
En este sentido, Abal Medina aseguró que es "imposible hablar de un básico de siete mil pesos", tal como lo reclamaron gendarmes y prefectos, y aclaró que "lo que estamos haciendo acá no es responder a ningún petitorio".
Durante una conferencia de prensa y cuando se le preguntó sobre el reclamo de siete mil pesos de los gendarmes y prefectos, Abal Medina dejó en claro que es "imposible hablar de un básico de siete mil pesos, en ningún área de la administración pública".
La red social Twitter ya hace eco de la protesta en Plaza de Mayo:
INFO en 140 ‏@INFOen140: #ALERTA #AHORA - REITERAMOS: Marchan a Plaza de Mayo efectivos de Gendarmería y de Prefectura.
Julio P. Lobato ‏@JuliopLobato: Se pudrió todo !! - Efectivos de Gendarmería y Prefectura van hacia Plaza de Mayo.
8Nalicia nieto ‏@alicianieto:  URGENTE prefectura y gendarmeria van a plaza de mayo. Vamos a seguir mirando desde la tribuna??
Guillermo Lobo ‏@GuilleLobo: Efectivos de Gendarmería y Prefectura van hacia Plaza de Mayo.
darialber ‏@Darialber: Efectivos de Gendarmería y de Prefectura marchan hacia Plaza de Mayo. La Plaza d los peronistas, como reaccionará @cfkargentina?
LaKitty ‏@lakittyargento: Yo creo que el gobierno buscò esta movilizaciòn de Prefectura y Gendarmerìa a Plaza de Mayo. ¿Querrà estrenar la Ley Antiterrorista?
Roro ‏@Rorochaparro: Hce 8 días q la Prefectura rclama, en el medio apareció la Gendarmería y ahora van a plaza de Mayo dq sirve gritar?el poder lo tienen ellos
@RelatoDPresente: Abal Medina se queja de un jefe de gendarmería que cobraba el triple que él. Pero no se queja de cobrar 12 veces más que un Gendarme raso.
carlos burgueño ‏@cburgueno: El gobierno lo confirma: el 22% del sueldo de Prefectura era remunerativo y en Gendarmería el 20%. El resto, no hacía aportes.
Diego Goldberg ‏@GoldbergDiego: Teléfono para Cristina: Prefectura y Gendarmería marchan a Plaza de Mayo http://bit.ly/RNTrwF vía @seguitribuna by me
Mariano Rolla ‏@marianorolla: Ahora personal de Gendarmeria y Prefectura se movilizan a Plaza de Mayo x respuesta del Gobierno q´ quiere seguir pagando sueldos en negro
Otro ingrediente de este conflicto son las declaraciones de la jueza federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, quien calificó de una "absoluta mentira" los dichos del jefe de Gabinete, Abal Medina, acerca de que ese juzgado fue uno de los responsables de haber generado "un descalabro" en los haberes del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
"Se refirió a mi persona y a este Juzgado Federal de Río Gallegos como una de las causas que según se dijo habían generado este terrible desequilibrio, descalabro, se habló de maniobras y connivencia", lamentó la jueza federal subrogante.
En ese sentido, aclaró: "No puedo tolerar semejante manifestación a las cuales califico como una absoluta mentira. O es por desconocimiento o están mal informados y si fuese así es de absoluta gravedad que de parte de un jefe de Gabinete o un ministro de Economía se acuse al Poder Judicial de la Nación o puntualmente a mi persona o juzgado de semejante barbaridad".
El jefe de Gabinete había apuntado más temprano que "Ana Álvarez, jueza subrogante que está casada con un Comodoro (FernandoEstrella, y es nuera de otro comodoro (LuisEstrella, que actualmente está imputado con delitos de lesa humanidad, vinculado con la desaparición de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en La Rioja, y también en la causa del obispo (EnriqueAngelelli".
Al respecto, el funcionario nacional recordó que el mes pasado hubo una denuncia específica (contra la jueza) hecha por los organismos de derechos humanos, mostrando cómo en varias sentencias aplicaba como fundamentos normativas de la dictadura, en vez de aplicar los de la democracia.
Al respecto, la jueza sostuvo que "me preocupa que funcionarios de alto nivel de un estado democrático no respeten las decisiones que se toman en el ámbito de otros poderes" y agregó: "Las decisiones trascienden a mi persona. Si se fijó un método como en el caso de las Fuerzas Armadas, ese método es de abril de 2011, mucho antes de que la Corte Suprema resuelva y emita el fallo Zanotti. Me sorprendió que era el mismo contenido para el caso de las Fuerzas Armadas",
Álvarez aseveró que las medidas cautelares tramitadas en su juzgado "no superan los 400 expedientes" y que "la totalidad de las medidas cautelares fueron confirmadas. Hubo presentaciones de personal de Prefectura, Gendarmería, Servicio Penitenciario y algunas de Policía Aeroportuaria", añadió.
"No tengo temor y si indignación. No me gusta que a la gente se le mienta, confunda o engañe que hubo una maniobra o connivencia en beneficio de unos para perjuicio de otros. Si tienen que hacerme una denuncia que me la hagan", respondió Alvarez sobre la posibilidad de que el gobierno nacional denuncie a los jueces federales que Abal Medina acusó de integrar "una industria del juicio".
Sobre la competencia del juzgado federal que encabeza, afirmó que "es el Estado nacional quien certifica el domicilio del demandante y puede pedir la incompetencia. En algunos casos lo planteaba y en otros no por decisión del cuerpo de abogados del Estado. En todos los casos en los que planteó la incompetencia automáticamente se declaró la incompetencia de este tribunal".
Según la agencia DyN, además, la magistrada aijo que hubo auditorías de la Procuraduría General de la Nación, personal de los ministerios de Defensa y Seguridad "para ver los expedientes. Incluso tuvimos una auditoría del cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Corte Suprema puntualmente por estos reclamos donde quedó en claro que no hubo ningún método para liquidar haberes".
"Hay un ensañamiento particular contra este juzgado y mi persona", advirtió, y resaltó que "se ha mencionado que estoy casada con un comodoro vinculado a una causa de delitos de lesa humanidad y es absolutamente mentira que tenga una causa de este tipo".
Sostuvo que "las famosas medidas cautelares son resoluciones que este juzgado ha dictado desde octubre del año 2008. Sobre todo en el 2009 cuando me hago cargo del tribunal el contenido de las medidas es el mismo".
Añadió que "se limitan a reconocer el carácter remunerativo de una serie de suplementos que están creados por decretos de los años 2005 al 2009 que se habían instituídos como suplementos no remunerativos ni bonificables".
"No hay ninguna industria del juicio en este caso. La medida cautelar es similar en todos los casos y no se hace ningún tipo de distinción en base a rango o jerarquía" aseveró.
Argumentó que "se habló de que en base a esta maniobra se beneficiaba a las cúpulas superiores, los cargos de oficiales en perjuicio de las plantas de abajo y me parece realmente vergonzoso hacerle creer a la gente semejante aberración".
"En ningún caso se estableció el método para liquidar los haberes. Si algo hay que dejar en claro es que desde el Poder Judicial no se fija las políticas salariales de las Fuerzas Armadas ni de Seguridad, son reclamos individuales" apuntó.
La magistrada también calificó de "absoluta mentira que el 70 por ciento de los juicios del personal hayan venido a este juzgado si bien es cierto que se iniciaron gran cantidad y es un orgullo porque se fuimos uno de los primeros juzgados que sacó una medida cautelar de este tipo".
Recordó que las medidas cautelares fueron "apeladas y confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y se presentó en algunos casos el recurso extraordinario que la Cámara se los rechazó y el Estado consintió".
"Tenemos sentencia definitiva que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y en ningún momento hemos denegado ningún recurso de apelación para permitir el derecho de Justicia. Hoy son sentencias firmes", acotó.
Dijo que "esta revisión y crisis que dice el gobierno que encontró en las contadurías no me parece que sea atribuíble a ningún integrante del Poder Judicial. Si esto sucedió me encantaría que encuentren a los responsables en sede administrativa, tarea que los ministerios que corresponden que debían controlar esta situación”.
La jueza indicó que el juzgado a su cargo no es parte "de los pocos juzgados que conjuntamente con estudios jurídicos hayamos sacado estas medidas cautelares. Es una absoluta mentira en querer generar una connivencia", remarcó.
Ofreció hacer públicas "las declaraciones juradas patrimoniales de la totalidad de los funcionarios que hemos trabajado con esto para que vean que esto no se trata de ningún tipo de enriquecimiento ni algo por el estilo".
"Ya en algún momento desde el Ministerio de Defensa que hoy forman parte del Ministerio de Seguridad iniciaron un pedido de juicio político porque estaba casada con personal militar y pude demostrar que mi marido no hizo ningún reclamo salarial en ese sentido", concluyó.

Conflicto con Prefectura y Gendarmería: El Gobierno quiere el desgaste

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dejaron en claro que el Gobierno no se moverá de su postura, apostando a que se debilite la protesta de Prefectura y Gendarmería. "Es imposible hablar de un básico de siete mil pesos", dijo Abal Medina en referencia al petitorio entregado por los agentes, y añadió: "lo que estamos haciendo acá no es responder a ningún petitorio". Además, insistieron en la consipiración y confirmaron que la cartera de Seguridad presentó una "denuncia penal" contra "algunos prefectos, gendarmes y jueces".



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Tal como se preveía (ver nota relacionada), el Gobierno apostará al desgaste en el conflicto con Prefectura y Gendarmería. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, brinda una conferencia de prensa esta tarde junto con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y confirmó que la Casa Rosada no se moverá de su postura y no responderá el petitorio entregado la semana pasada por los agentes, que reclaman un aumento salarial.
En este sentido, Abal Medina aseguró que es "imposible hablar de un básico de siete mil pesos", tal como lo reclamaron gendarmes y prefectos, y aclaró que "lo que estamos haciendo acá no es responder a ningún petitorio".

Durante una conferencia de prensa y cuando se le preguntó sobre el reclamo de siete mil pesos de los gendarmes y prefectos, Abal Medina dejó en claro que es "imposible hablar de un básico de siete mil pesos, en ningún área de la administración pública".
 
Cabe recordar que el jueves pasado, cuando estampó su firma sobre el petitorio, el secretario de Seguridad Sergio Berni prometió dar una respuesta hoy mismo, cuando se cumple una semana de conflicto. También dijo que no habría sanciones, pero finalmente al menos nueve gendarmes fueron dados de baja. Entre ellos está Carolina Gaona, quien hoy criticó a la administración kirchnerista y contó que su caso "ya corre por vía judicial" (ver nota relacionada).
En este sentido, Abal Medina insistió con la teoría conspirativa y denunció este martes (09/10) que el Gobierno detectó en la liquidación de sueldos de la Prefectura y la Gendarmería la existencia de una "verdadera industria del juicio" para "perjudicar al Estado y a todos los argentinos".
El funcionario nacional reconoció que los efectivos reciben gran parte de sus haberes "de manera no remunerativa" y atribuyó esas irregularidades a las políticas que se implementaron en "los '90"con el gobierno de Carlos Menem y que continuó con la "connivencia de jueces y abogados".
 
"Lamentablemente tenemos que anunciar que la situación no solamente confirma las sospechas sino que es mucho peor, y agrava la situación, porque los problemas no tienen que ver con cómo se realizó la última liquidación sino que hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales,modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas", indicó en conferencia de prensa. 
 
Además, prometió esta tarde que "en la próxima liquidación" de sueldos de los gendarmes y prefectos "la inmensa mayoría de la fuerza va a ver mejorada su situación, sin ningún tipo de disminución salarial".
 
"Garantizamos que en la próxima liquidación casi todos estos problemas estén solucionados, sin ningún tipo de disminución" salarial, afirmó Abal Medina, al tiempo que advirtió que "los únicos que se verán perjudicados son los que usufructuaron esta situación con estas medidas, pero son la absoluta minoría de los componentes de ambas fuerzas".
 
Durante una conferencia de prensa Abal Medina defendió el decreto del Poder Ejecutivo que buscó "subsanar la parte remunerativa del salario". 
 
Por su parte, Lorenzino confirmó hoy que la cartera de Seguridad presentó una "denuncia penal" por "la comisión de delitos" contra "algunos prefectos, gendarmes y juecesque habrían incurrido en "connivencia" y cometido "irregularidades" en la liquidación de sueldos de ambas fuerzas de seguridad.
 
"Vamos a terminar con la connivencia, con este desquicio administrativo absoluto que tiene la lógica de connivencia entre algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas", aseguró.
 
"Hoy tenemos un estado situación más preciso y lamentablemente nos lleva a pensar que la situación es más compleja y ha derivado en acciones concretas, como la detección no sólo irregularidades administrativas sino de la comisión de delitos", señaló el ministro.
 
Lorenzino reconoció esta tarde que cerca del 80% del sueldo de gendarmes y prefectos está compuesto por "suplementos" originados en los '90 y mantenidos durante la gestión kirchnerista.
 
Durante el inicio de la conferencia de prensa, Lorenzino señaló que la "historia" comienza en la década del '90, con la aplicación de los "suplementos" en los salarios. Sin embargo, ese sistema continuó en vigencia desde el 2003 hasta la actualidad, bajo la gestión de Néstor Kirchner yCristina Fernández
 
Además, advirtió sobre la "profusión de descuentos" que afrontan los efectivos de Gendarmería y de Prefectura, y denunció que los mismos se realizan en carácter de aportes a mutuales vinculadas con las fuerzas de seguridad.
 
"Hay efectivos que quedaron debiéndole al Estado, debiéndole. No sólo no cobraron sino que deben", graficó el ministro y señaló que en algunos casos la deuda ascendió hasta "2.400 pesos" por lo que "el próximo sueldo va arrancar con una deducción".
 
Lorenzino indicó que los descuentos son por aportes para "más de 400 entidades" y remarcó que "muchas de ellas están vinculadas a las propias fuerzas" de seguridad.

Video informativo sobre la protesta de los Prefectos y Gendarmes



Publicado el 08/10/2012 por 
Te mostramos un poco de información sobre lo sucedido detras de la protesta de Prefectura y Gendarmeria

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lunes, 8 de octubre de 2012

En el Presupuesto 2013 se prepara un duro ajuste para Gendarmería y Prefectura

En el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional, las partidas para Prefectura Naval y Gendarmería Nacional crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%: otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución, recuerda el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Esto ocurre cuando, a la vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un disparate estratégico, obliga a las fuerzas de seguridad concebidas para el control fronterizo a atender problemas de seguridad propios de las policías provinciales o municipales. La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición, multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Así, cambiar las cúpulas de ambas fuerzas no resuelve nada. Y castigar a los reclamantes, tampoco.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El conflicto comenzó el martes 02/10, cuando agentes de Prefectura Naval comprobaron que se les había reducido entre 30% y 60% sus salarios por la aplicación del decreto presidencial N° 1.307, y a la protesta se sumaron poco después suboficiales de Gendarmería.
 
Tras la suspensión de la medida que dispuso el Gobierno, los efectivos extendieron sus exigencias y pidieron un piso salarial de $ 7.000 en blanco, la sindicalización, la libre elección de una obra social, la asignación de una ART y la garantía de que no habrá represalias.
 
El martes 09/10, al cumplirse 7 días, concluirá el plazo prometido por el subsecretario de Seguridad de la Nación,Sergio Berni, para responderles acerca del petitorio elevado por la protesta, tal como lo ratificó durante el fin de semana el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.
 
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), realizó un análisis del capítulo fundamental del conflicto: la disponibilidad de recursos. Un dato fundamental: en sus operativos de seguridad metropolitanos -absolutamente innecesarios si hubiese una política de seguridad consistente, y colaborativa con la Policía Metropolitana y la Policía Bonaerense- el Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.
 
Idesa explicó:
 
"El conflicto en torno a Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias. Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso Nacional,las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%. Esta crisis es otro testimonio de la urgente necesidad de replantear la organización del sector público bajo el modelo federal que impone la Constitución.
 
En el régimen federal que adopta la Constitución Nacional, la responsabilidad por la seguridad interna de los ciudadanos es jurisdicción de las provincias. De allí que el pilar básico en el que se sustenta la protección pública sean las fuerzas policiales que se financian y gestionan desde cada una de las provincias. De las policías provinciales depende la prevención y represión de los delitos comunes, la gran mayoría de los que sufre la población. El rol del Estado nacional en temas de seguridad interna es complementario e incluso secundario. Su principal finalidad es abordar los problemas de seguridad que trascienden el territorio de una provincia, como el control fronterizo nacional (Gendarmería y Prefectura) y los delitos federales (Policía Federal). 
 
Sin embargo, en la asignación de los recursos públicos para atender los temas de seguridad interna aparecen muy visibles desbalances. Por ejemplo, los datos oficiales de las ejecuciones presupuestarias nacional y provinciales para el año 2011 muestran que: 
 
> El Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10.700 millones, los cuales se deberían destinar –en teoría– al cuidado de fronteras y los delitos federales.
 
> La provincia de Buenos Aires destinó $7.500 millones para brindar seguridad interna a 15,8 millones de habitantes.
 
> La provincia de Córdoba destinó $2.300 millones para brindar seguridad interna a 3,3 millones de habitantes.
 
Esta información señala que el Estado nacional eroga en seguridad interna un monto superior al que demandan las policías de Buenos Aires y Córdoba, es decir, las fuerzas de seguridad que tienen la responsabilidad de proteger de los delitos comunes a casi la mitad de la población del país. Aunque se trata de una comparación compleja, resulta muy difícil justificar la relativa abundancia asignada a fuerzas nacionales cuando los delitos fronterizos y federales no parecen ser más frecuentes y graves que los delitos comunes que afectan de manera más directa a la población (robos callejeros, asaltos al domicilio, violaciones, asesinatos, etc.).
 
Más allá de que la causa inmediata de esta crisis es la impericia de gestión, la cuestión de fondo es que el centralismo fiscal extremo induce a ineficiencias profundas y no sostenibles. En la lógica del centralismo, el Estado nacional acapara recursos para “engordar” organismos nacionales que terminan ejecutando acciones superpuestas con las provinciales. Testimonios muy ilustrativos son la Policía Federal y la Prefectura ejecutando acciones que son responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería haciéndose cargo de acciones que deben ejecutar las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. 
 
Con la abundancia de recursos gracias al favorable contexto internacional, el esquema parecía sustentable, más de allá de que fuera ineficiente. Pero todo tiene un límite. Los reclamos salariales en las fuerzas de seguridad nacionales se adelantaron a un ajuste más profundo que se propone en el proyecto de Presupuesto 2013. Allí se proyecta que las partidas para Gendarmería y Prefectura crecerán apenas un 2,3% entre los años 2012 y 2013, porcentaje muy inferior a la proyección de inflación oficial del 11,2%. 
 
La estrategia de que, ante un problema, no se aplica una solución sino una superposición, multiplica el gasto público, sin que la gente reciba mejores servicios. Prueba de ello es el gasto superpuesto en seguridad, acompañado de cada vez más delitos. La gente paga más impuestos, reciben menos seguridad pública, los hogares con ingresos buscan paliativos pagando seguridad privada y los pobres quedan en total desamparo. La solución pasa por construir el régimen federal que fija la Constitución. El desafío es complejo porque va a demandar desmontar las megaestructuras administrativas nacionales generadas por las superposiciones, donde se cobijan cada vez más intereses espurios."
 
En Jesús María
 
En tanto, uno de los delegados de la protesta de los gendarmes en Jesús María, Córdoba, Jorge Aquino, indicó a la radio Cadena 3 que varios "camaradas" serán trasladados a otras dependencias, a causa del conflicto que mantiene esa fuerza de seguridad en demanda de una mejora salarial.
 
"Confiábamos en la palabra de las autoridades nacionales, que se comprometieron a no tomar medidas. Si bien fui puesto en disponibilidad hablaba con camaradas que dicen que serán trasladados a otras dependencias", explicó Aquino.
 
Con motivo de la sanción recibida, él pasará a percibir cerca de $ 3.000 en lugar de los $ 6.000que percibía hasta ahora.
 
El intendente local, Gabriel Frizza (Frente Cívico), se refirió a los incidentes en la ruta y el acceso a la Escuela de Suboficiales: "Algunos dicen que fue un incidente entre familiares y oficiales y otros aseguran que fue entre los mismos familiares. El director de la Escuela me dijo que estaba todo normal, y sobre los forcejeos, que no había pasado nada a mayores".
 
"El día clave es mañana, cuando se conozca la propuesta del Gobierno", concluyó Frizza, en referencia al martes 09/10.
 
6 lecturas imprescindibles sobre el conflicto
1. Hugo E. Grimaldi en el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán:
 
""Señor, con todo respeto... la ministra Garré nos dice que antes que soldados somos ciudadanos. Bueno, como ciudadanos reclamamos". En una distendida charla, que se llevó a cabo adentro de una dependencia oficial, el veterano suboficial le comentaba gravemente a su superior cómo se percibe entre sus pares más jóvenes y belicosos el tironeo entre la rigidez de los reglamentos que sustentan el mando de las fuerzas y la visión ideológica de la política.
 
Ese sincero comentario, que supone que la ruptura de la cadena de mandos fue alimentada desde lo más alto del poder, no es nada más ni nada menos que el centro de la desorientación en la que hoy están sumidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, producto de la conducción kirchnerista en este rubro.
 
También como antecedente de la rebelión han quedado algunas promesas en la banquina. En la cena de camaradería de las FFAA, la presidenta de la Nación brindó una definición sobre la sindicalización militar y el reconocimiento salarial que ahora cobra vigencia: "Si bien no tienen convención colectiva ni paritaria (tampoco sería bueno que las tuvieran, son otra cosa y deben ser otra cosa), lo cierto es que también tienen que ser reconocidos en sus sueldos y en sus salarios", explicó.
 
Más conocido es su otro discurso de junio, posterior a la muerte por accidente de siete gendarmes que salían en micro de Cerro Dragón: "... muchos de ellos no ganan ni la tercera o la cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos... Ya sé, mañana van a decir qué poco que se les paga a los gendarmes, ¿por qué no les aumentan el sueldo?", se atajó.
 
En realidad, el conflicto actual estalló por querer ponerle prolijidad a los desbandes salariales que ahondó el mismo kirchnerismo dentro de las fuerzas, con la instauración de suplementos no remunerativos que castigaron los ingresos de los retirados y produjeron una catarata de juicios. Ante fallos de la Corte que no dejaban margen y con mucho de mala praxis, se intentó arreglar la situación con esta poda, de un modo que terminó resultando un chorro de nafta sobre el fuego. (...)"
 
 
2. Eugenio Paillet en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:
 
"(...) La Presidenta no ha dado pie con bola desde que regresó de la fatídica gira por Estados Unidos. Y reconocen quienes la frecuentan que sus rabietas y su temor a ser desestabilizada por fuerzas oscuras que nunca identifica han ido en aumento. Cualquiera que no piense como ella es ahora, además de enemigo, golpista. (...)
 
La Presidenta ha dado muestras propias de este estado de parálisis, chapucería y delirio, aunque su caso no es nuevo y puede emparentarse con su sempiterna costumbre de ignorar lo que pasa a su alrededor y puede lesionar su administración. (...) En ese plan autista a ultranza podrían engancharse dos ejemplos recientes. En medio de la protesta salarial de las fuerzas de seguridad, ella habló en la Casa Rosada durante un acto con su par del Líbano: ignoró olímpicamente la protesta y en cambio se explayó sobre la diferencia entre sirios y libaneses, y hasta la recordación sin nombrarlo de que Carlos Menem era de ese origen. Horas antes había pasado por la cumbre peruana entre la Unasur y países árabes. Su mejor párrafo fue para explicar largamente el origen del alfajor, que ciertamente descubrió que no es argentino, sin ocultar su sorpresa por tamaño hallazgo.
 
El gobierno parece presa de un delirio de persecución que no tiene precedentes. Claro que la oposición una vez más ha hecho su aporte, con la firma de algunos partidos de los comunicados alumbrados por el oficialismo en el Senado y en Diputados, llamando a "defender la democracia" de presuntos golpistas y desestabilizadores, en un paralelo que no resiste el más benévolo de los análisis con jornadas trágicas como las que soportaron Raúl Alfonsín y el mismo Menem.
 
La orden de la Presidenta de salir a cruzar con las peores sospechas a la demanda salarial de gendarmes y prefectos antes que ninguna otra cosa busca correr el eje de la discusión. Y oculta deliberadamente que la protesta nació hija de un decreto desastroso, y de peor aplicación todavía, tal como lo reconoció el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La intención de disfrazar esos reclamos de aprestos destituyentes se cae por el peso de su propia incoherencia. Si son desestabilizadores o "golpistas", ¿qué hacen Sergio Berni, Hernán Lorenzino, y de a ratos el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, sentados a una mesa de negociación con representantes de suboficiales y oficiales de ambas fuerzas de seguridad? Resulta más que obvio que esas negociaciones, que se abrieron el jueves y se reiteraron en días siguientes, contaron con el aval de Cristina Fernández. Hace rato que en el gobierno no vuela una mosca si no es con autorización o con conocimiento de ella. ¿Por qué, si son desestabilizadores y no otra cosa, el propio Abal Medina por instrucción de la presidenta da marcha atrás con el desastroso decreto 1.307, que le podó en promedio el 50 por ciento del salario al 90 por ciento de los efectivos de ambas fuerzas?
 
Para peor, hay datos a la mano que permiten afirmar que el gobierno sabía desde hace tiempo que el malestar de las fuerzas de seguridad por su situación salarial podía desembocar en las inéditas protestas como las que se registran desde el martes en Gendarmería y Prefectura. La impresentable ministra Garré decidió cortar por lo más delgado y echó a las cúpulas de ambas fuerzas, a las que responsabilizó por la aplicación del decreto y los recortes salariales. Lo que no dijo fue que hace seis meses, un día de finales de abril, el ahora despedido jefe de los gendarmes, comandante Schenone, pidió verla para expresarle la preocupación que existía en la fuerza por los bajos sueldos y los probables recortes que se veían venir como consecuencia de la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el "Caso Zanotti". Tras hacerlo esperar una hora y media en la antesala, lo recibió de mal modo y le espetó: "Si usted es incapaz para contener a su tropa, pida el retiro ya mismo". Tras lo cual, y sin decir más, lo echó del despacho.  (...)"
 
 
3. Mariano Spezzapria para la agencia Noticias Argentinas
 
"(...) En la Corte conocen, posiblemente mejor que en ningún otro enclave del poder, que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad vienen largamente disgustadas con la forma en que se les liquida el sueldo, sobre todo los suboficiales. Muchos de ellos hicieron juicios aún estando en actividad. Y ni hablar de los retirados, que son miles y que ejercen más influencia de la que se supone sobre los más jóvenes.
 
También lo sabe el Gobierno, aunque no lo reconozca. Por eso el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, envió una comunicación oficial a todas las bases del país para calmar los ánimos y evitar que los militares se sumaran a la protesta de prefectos y gendarmes. Igualmente, un escuadrón de Infantería del Ejército en San Juan y un grupo de suboficiales de la Armada en Buenos Aires manifestaron su descontento.
 
El peso de las protestas recae, principalmente, sobre las espaldas de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien no solamente es ahora la responsable política de las fuerzas de seguridad, sino que antecedió a Puricelli en la cartera de Defensa. Por eso no faltan las voces de quienes, en el propio kirchnerismo, creen que la mujer tiene poco futuro en el elenco oficial.
 
A la conocida interna que mantiene con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se sumó también la mención del nombre de Martín Balza -ex jefe del Ejército y actual embajador en Costa Rica- como un posible reemplazante de Garré, por considerarlo una figura potable para la Presidenta. Cristina Kirchner, deslizan algunos allegados al poder, tomará una determinación “a su debido momento”.
 
La mandataria pasó los últimos días recluida en la quinta de Olivos. Ya había bajado su exposición pública tras la visita a Estados Unidos y la irrupción de los cacerolazos, pero este fin de semana largo ni siquiera viajó a El Calafate. Los problemas que atraviesa Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta ya se comporta como un antikirchnerista, tampoco ayudan a la Presidenta a relajarse en el que considera su lugar en el mundo. (...)".
 
 
4. Horacio Verbitsky en el diario Página/12:
 
"El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas. De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”. (...) 
 
(...) En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”. Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. 
 
Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados. El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería. Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. (...) Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo. 
 
Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff. 
 
La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7.000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado. El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. (...)".
 
 
5. Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:
 
"(...) Tampoco fue, como arguyó Juan Manuel Abal Medina un error de aplicación. Un mes antes el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, debió hacer malabares –descontó sólo la mitad de los aportes sociales– para evitar también una rebaja masiva en los sueldos militares.
 
Kicillof contó con el consentimiento de Nilda Garré y cierta desconfianza del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Pero no bien estalló el pleito Kicillof desapareció y ordenó entrar en escena a su jefe, Hernán Lorenzino. Está a la vista que hay cosas en esa pirámide del poder que parecen subvertidas.
 
El ministro de Economía se mezcló con los prefectos en el instante en que el conflicto adquiría ebullición. Y no supo bien qué hacer. Su desorientación e intranquilidad fueron tales que una autoridad de Prefectura le ofreció salir del edificio Guardacostas escondido en el baúl de un automóvil.
 
Lorenzino se negó . Pero de todas formas se retiró con sigilo por una puerta trasera.
 
El conflicto encierra más significados que el que denuncia sólo la recurrente impericia del Gobierno. Fue la primera vez en la era kirchnerista que desde un peldaño del Estado se retó a la autoridad presidencial. Los retos anteriores, más sonados, habían corrido por cuenta del campo o del gremialismo que encabeza Hugo Moyano. A diferencia de aquellos casos en los cuales Cristina, con suerte diversa, dobló siempre la apuesta, ahora se vio forzada a retroceder. Incluso más de un paso: primero desactivó el reordenamiento salarial; luego debió aceptar una negociación con los desobedientes. El final del incidente sigue abierto y sus posibles secuelas también. (...)
 
Cristina nunca se planteó una recuperación de las Fuerzas Armadas. Los militares siguen estando ligados únicamente a su relato de los golpes de Estado, los crímenes y desapariciones en la Argentina. Aunque ya no existan uniformados de aquella época en actividad. También a los fantasmas de las supuestas conspiraciones cada vez que un problema difícil la complica. En verdad, ningún presidente de la democracia se detuvo a pensar en estos 30 años algún destino útil para las FF.AA . Tampoco las fuerzas policiales marecieron nunca la confianza presidencial.
 
Esa radiografía conduce inevitablemente a otro puerto. El Gobierno careció y carece de una política de seguridad. (...)".
 
 
6. Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación:
 
"(...) El gobierno de Cristina Kirchner ha perdido el sentido de la oportunidad. Cometió esos desmanes en el mismo momento en que gendarmes y prefectos se insubordinaban por primera vez en la historia de la democracia. La protesta se debió a la pésima redacción y a la peor implementación de un decreto sobre los salarios de los uniformados. Un kirchnerista cabal, colocado en la otra vereda, diría que la rebelión de los sargentos fue promovida por el oficialismo para quedarse, en medio de la confusión, con el control de la auditoría y con un juez propio en un caso clave. Existió, sin embargo, más chapucería que conspiración. Los sargentos se alborotaron cuando cobraron sus recortados salarios y el kirchnerismo, a su vez, no quiso detener ninguna de aquellas operaciones que había puesto en marcha.
 
Las fotos de uniformados vociferando contra autoridades civiles son lamentables en un país con una historia tan larga de dictaduras. Pero asociar el reclamo de un grupo de suboficiales, más policiales que militares, por un salario mínimo a un golpe de Estado es desconocer cómo fueron los verdaderos golpes. El Gobierno pasó de un susto inicial, que lo llevó a reclamarle a la oposición un apoyo inmediato, a dilatar la solución para que los indisciplinados se cocinaran en sus propios errores. Podría ser una buena treta política para debilitar a camioneros o a metalúrgicos, pero es muy mala cuando se trata de organizaciones fuertemente disciplinadas. Ahora, el núcleo central del conflicto es que se ha roto la cadena de mandos y que su reconstrucción será una tarea larga y difícil.
 
La cadena de mandos ya se había roto antes por el manejo político de las fuerzas de seguridad. La rompió la propia Presidenta cuando empezó a desconfiar de la eficacia de su ministra de Seguridad, Nilda Garré, y nombró un viceministro, Sergio Berni, que es más ministro que la ministra. Esas fuerzas necesitan de un solo jefe. La Presidenta puede relevar al ministro o confirmarlo, pero no debilitarlo. La propia Garré rompió la cadena de mandos cuando decidió buscar entre los subordinados de las fuerzas de seguridad la información reservada sobre la aptitud y la honestidad de los jefes. Las conducciones uniformadas merecen sólo la confianza o el relevo. Recurrir a la horizontalidad para conducir organizaciones que son verticales por definición es sembrar el germen de seguras insubordinaciones

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