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jueves, 2 de abril de 2015

Diego Lagomarsino desenmascaró a Alberto Nisman: tenía un campo que pagaba con la cuenta de EEUU

A partir de la presentación de la jueza Sandra Arroyo Salgado de la cuenta que compartían su ex esposo Alberto Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsinoante la justicia, investigan las finanzas del fiscal fallecido.


La Justicia enviará un exhorto a los Estados Unidos para solicitar los movimientos bancarios de los titulares y ya pidió las declaraciones juradas del fiscal.

Además de la cuenta bancaria que Nisman compartía con Lagomarsino, su madre y su hermana, se estudia si el fiscal especial de AMIA tenía a su nombre un terreno en Uruguay. Esto se debe a que el técnico informático que le prestó el arma fatal a Nisman aseguró, según informó el diario Perfil, que realizó desde esa cuenta dos transferencias de 2.500 dólares cada una para el pago de las expensas trimestrales de un terreno que el fiscal tendría en el Uruguay.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Corrupción: Procesan a la ex funcionaria K Romina Picolotti

La jueza María Romilda Servini de Cubría procesó a la ex funcionaria kirchnerista Romina Picolotti por administración fraudulenta. Además, fue embargada por $450.000. Según el diario 'La Nación', en la causa hay hasta comprobantes de cenas en Hooters, la cadena estadounidense que cuenta con personal femenino con poca ropa...


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente, está acusada de malversación de fondos. Vuelos privados, cursos fuera del país y contratos con familiares y amigos, son algunas de las irregularidades de su gestión que fueron detectadas a raíz de la investigación de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
 
Servini de Cubría decidió procesar a Picolotti el 18 de julio de este año por lo que le emitió un embargo de 450.000 pesos. Después de una investigación exhaustiva que se inició en 2007 a raíz de tres denuncias en contra de la ex secretaria, una de las cuales fue por “despilfarro” de fondos que había en la Secretaría de Medio Ambiente, la magistrada detectó una serie de gastos injustificados.
 
No se trata del único procesamiento de trascendencia mediática que ha realizado Servini de Cubría en los últimos días. Fue la encargada del procesamiento del ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero, por el tráfico de efedrina en Argentina; la que autorizó un allanamiento en la AFA por presuntas irregularidades en el presupuesto de Fútbol para Todos; además del hallazgo del martes del nieto de Estela de Carlotto, apropiado durante la dictadura militar.
 
Según las pesquías de Servini de Cubría, Picolotti habría usado fondos pertenecientes al presupuesto de la Secretaría para cubrir gastos personales de forma injustificada entre julio de 2006 y diciembre de 2008. Así, destinó dinero que el Ministerio de Economía giraba a la Fundación ArgenINTA, un satélite del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) manejada con el presupuesto de la Secretaría para subvencionar viajes de su entorno familiar y trabajadores a su cargo.
 
Cuando se indagó Picolotti en marzo de 2011 negó haber cometido ninguna irregularidad y justificó los viajes con distintos motivos. En el procesamiento demuestra que Servini de Cubría dijo que los viajes por supuesto "desarraigo" no estaban justificados y que los mismos dan cuenta de un "desmanejo" de fondos públicos.
 
En cuanto a los gastos, Picolotti había indicado motivos "funcionales" por lo que se deberían considerar como justificados. Durante la revisión de los comprobantes de gastos, la jueza informó que todos los días hábiles desde diciembre de 2006 a junio de 2007 "fueron abonados gastos de comida", y que en fines de semana o feriados se organizaron "supuestos almuerzos o cenas de trabajo".
 
En la causa hay hasta comprobantes de cenas en Hooters (una cadena de restaurantes estadounidense que se enfoca a la clientela masculina contando con personal femenino como camareras con muy poca), de compras de quesos, fiambres, tragos como gin tonic y bellini, vino, papel higiénico y pañuelitos descartable
 
Para corroborar si realmente se trataban de gastos “funcionales” la magistrada revisó la agenda pública de la entonces secretaria por lo que llegó a la conclusión que "no surgen reuniones o encuentros que lo justifiquen". 
 
En el fallo, Servini de Cubría sobreseyó a dos ex funcionarios más de la Secretaría, Patricia Báez Rocha y Esteban Sáenz Rico.
 
Picolotti, abogada especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos.

Complicado Giustozzi con nuevas denuncias de mala gestión

El intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, enfrenta una nueva denuncia por "malgastar" 37 millones de pesos provenientes de Nación para financiar la construcción de escuelas y jardines de infantes. La denuncia se pliega a una similar realizada en mayo por el FPV 


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Una denuncia contra Darío Giustozzi en Almirante Brown llega en un momento poco oportuno para el intendente bonaerense con aspiraciones a la gobernación por el Frente Renovador.
 
Resulta que el titular del Consejo Escolar realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo para que intervenga a fin de que la gestión de Giustozzi en Almirante Brown, explique el destino de 37 millones de pesos que envío Nación durante 2013 para reparar escuelas y jardines
 
Sanelli, presentó un pedido ante el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, para que el Ejecutivo Municipal dé cuenta de un dinero que, según el consejero, "fue malgastado". Giustozzi ya acumula otra denuncia similar efectuada por el concejal del FPV Mariano Cascallares en mayo de este año. 
 
“Ni los 24 millones de pesos que recibió durante 2013 ni los más de 13 millones de pesos que lleva recibos este año llegaron a las escuelas”, manifestó Sanelli a Política del Sur. "El año pasado, el Departamento Ejecutivo empleó 12 millones para construir un teatro que aún no está terminado. En lo que va de 2014, lleva recibidos 2,2 millones de pesos por mes, es decir, un total de 13.200.000 pesos en el primer semestre, sin embargo nada de esa suma llegó a las escuelas del Distrito"
 
“Elevé un informe inmediatamente y luego, en el escrito de descargo enviado al Defensor del Pueblo, le informé que veríamos con buena intención que él intervenga”, sostuvo el consejero, y agregó que se realizó la presentación “entendiendo que hay dinero destinado a las escuelas y que el Municipio puede disponer de ese dinero a través del convenio marco”.
 
El dinero en cuestión sale de una ley nacional que viene del fondo de financiamiento educativo. Es dinero para educación, recreación, deporte y ciencia. Se trata de 1800 millones de pesos anuales que recibe, desde Nación, la provincia de Buenos Aires y luego coparticipa a los municipios.

miércoles, 26 de marzo de 2014

El hotel de CFK negoció con fondos públicos

El hotel Alto Calafate le sigue dando réditos económicos a la Presidenta. La municipalidad de El Calafate le alquiló habitaciones al hotel de Cristina para la Fiesta del Lago. Según documentación a la que accedió NOTICIAS, el municipio a cargo del kirchnerista Javier Belloni le pagó al hotel $ 153.019 para alojar y brindar servicios gastronómicos a funcionario nacionales y a un grupo de deportistas que iban a participar de Argentina Corre, el maratón patrocinado por el zar del juego y empresario K, Cristóbal López, el 15 de febrero pasado.


Entre los funcionarios que participaron del evento estuvieron el ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha y secretario privado José María Olazagasti; el ministro de Turismo Enrique Meyer y la cuñada, y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
El pago de los servicios se cerró a través de la orden de compra 21241/2014, fechada el 5 de marzo de este año, 20 días después de la llegada de la Presidenta a El Calafate junto a un grupo de funcionarios. En la columna “descripción” del documento se detalla que se factura por brindar “servicios de restaurante” y “habitaciones” a “autoridades nacionales”.
También se describe que a un grupo de personas denominado “Grupo Argentina Corre” se le dio un “servicio gastronómico” y “habitaciones”. El documento está firmado por la directora de compras de la municipalidad, Hilda Lara, la contadora Norma González y la secretaria de Hacienda Gisela Rial.
No es la primera vez que el hotel de la Presidenta hace negocios con el Estado. Desde el 2008, Alto Calafate tiene un convenio con la estatizada Aerolíneas Argentinas para alojar a los pilotos y tripulantes que llegan a El Calafate. Hasta hace un año, el hotel era administrado por Lázaro Báez. Hoy tiene una nueva gerencia encabezada por Carlos Sancho, socio de Máximo K en la inmobiliaria Sanfelice-Sancho, en Río Gallegos. Cambian los gerentes, pero el negocio sigue.
A continuación, la orden de compra donde se detalla el pago de la Municipalidad de El Calafate al hotel de CFK: 

martes, 11 de marzo de 2014

Investigan a Julio De Vido por destinar menos fondos para viviendas a gobernadores opositores

El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación para determinar si desde el Gobierno se destinó menos dinero para la construcción de viviendas públicas a las provincias gobernadas por opositores como posible castigo político.


Desde Tribunales se informó hoy que la denuncia penal presentada por la diputada Elisa Carrió, el senador Fernando "Pino" Solanas, la ex diputada Fernanda Reyes y otros legisladores de la Coalición Cívica contra el ministro de Planificación Federal,Julio De Vido, y otros funcionarios del área de vivienda, fue impulsada formalmente.
La denuncia sostiene que el gobierno nacional dispuso otorgar a las provincias fondos para la construcción de viviendas sin ningún parámetro y solo bajo premisas políticas.
Según fuentes del caso, de la misma denuncia se desprende que "luego de revisar y analizar la distribución de los fondos de los planes federales de vivienda (financiados por el Poder Ejecutivo Nacional) a las distintas provincias, notamos que ésta no siguió ninguna premisa establecida y que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno".
Como ejemplo, se puso a la provincia de Córdoba, gobernada por el peronista opositor José Manuel De la Sota, que el año pasado habría recibido fondos por 2.377.000 pesos contra 120 millones que habría obtenido en 2006.
La contracara, según la denuncia, sería Chaco, gobernada entonces por el actual jefe de Gabinete,Jorge Capitanich, que en 2006 habría recibido 100 millones de pesos para viviendas y que en 2013 tuvo un aumento, ya que habría obtenido 176 millones.
"El caso de Santa Fe es similar al de Córdoba, aunque con una caída aún más pronunciada. En 2012 los santafecinos recibieron por estos planes una cifra 93 por ciento menor a 2006 (14 millones en 2012 vs. 220 millones en 2006)", agrega la denuncia.
Para la ex diputada Fernanda Reyes, "el inicio de la investigación por parte del fiscal es porque consideró que hay una hipótesis de delito y corresponde ser investigado" y explicó: "Cuando denunciamos el manejo discrecional de los fondos para la construcción de viviendas, denunciamos que había una utilización política de los recursos del Estado para intentar manipular a los gobernadores".
La causa que se inició es por la presunta comisión de los delitos de "abuso de autoridad" y "malversación de caudales públicos" en la que el fiscal Pollicita le solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.

sábado, 8 de marzo de 2014

Ante el juez, el vocero de Cristina dijo que sólo cumplió órdenes

El secretario de Comunicación Pública presentó un escrito ante el juez Bonadío en el marco de la causa que investiga la presunta malversación de fondos públicos por la difusión de un spot contra Mauricio Macri. Dijo que sólo tuvo "un papel administrativo" en el caso.


El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, prestó este viernes declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa que investiga la presunta malversación de fondos públicos a través del programa 'Fútbol Para Todos'. Scoccimarro fue citado en su calidad de secretario de Comunicación Pública, que tiene a su cargo la publicidad oficial. 
 
Según informó la agencia DyN, Scoccimarro estuvo 15 minutos en el despacho del magistrado, pero su declaración fue a través de un escrito en el que solicitó su sobreseimiento. 
 
La postura del vocero presidencial va en el sentido de que se limitó a cumplir órdenes, ya que aseguró que tuvo sólo un "papel administrativo" en la difusión de un spot mediante el cual Presidencia de la Nación atacó a Mauricio Macri en el marco de la pelea por la transferencia del control de los subtes. 
 
El spot fue difundido durante la transmisión de los partidos de primera división, cuyo control tiene el Gobierno. Eso disparó una denuncia de legisladores macristas. 
 
El texto defensivo de Scoccimarro, que presentó a su abogado, Diego Pirota (también defensor del vicepresidente Amado Boudou) hizo hincapié en "la legalidad del proceso" por el cual intervino y firmó la autorización para la realización y difusión del spot en cuestión por lo que, añadieron las fuentes, pidió al magistrado que declare su sobreseimiento en el expediente..
 
En la causa también está imputado el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien deberá prestar declaración el próximo lunes. Ya hizo su descargo el camporista Rodrigo 'Rodra' Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública. 
 
De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, Rodríguez presentó un escrito y ratificó que no hay delito y que el spot cuestionado no tuvo costo de realización.

jueves, 18 de julio de 2013

Las cosechadoras de Urribarri que el Estado pagó y nunca funcionaron

El Gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, uno de los hombres más fieles a Cristina Fernández, se ve duramente criticado e involucrado en un informe realizado el contador Horacio Alfredo Larrivey, designado como síndico por el magistrado. Malversación de fondos públicos y favoritismo a sectores “amigos” al gobernador por sumas millonarias son el motivo del informe del funcionario público


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Uno de los gobernadores más fieles de Cristina Fernández, Sergio Uribarri se ve involucrada tras un crítico informe que realizó el síndico del concurso de acreedores.
Ocurre que,  está a punto de culminar el concurso de acreedores pedido por Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, puesto que en pocos días el juez (subrogante) en lo Civil y Comercial Nº 3, Leonardo Portella, deberá resolver sobre la cuestión, tras la presentación del informe del contador Horacio Alfredo Larrivey, designado como síndico por el magistrado.
Lavirey tuvo críticas hacia los  integrantes de la sociedad, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo) y Sergio Eduardo Scravaglieri, pero también involucró al gobierno provincial.
 El informe de Larrivey explica cómo y cuándo  la sociedad denominada Grandes Máquinas llegó a la cesación de pagos, lo que ocurrió el 1/12/ 2011.
El contador analizó que, desde la creación de la sociedad, aunque se encontró con que hay una incompleta existencia de registros contables entre el 1/01/2012y el 18/09/2012, poco antes del concurso de acreedores.
Grandes Maquinas, se inscribió como tal el 23/12/ 2010 con un objeto que era “fabricación de cosechadoras, máquinas agrícolas autopropulsadas y de arrastre, tolvas, acoplados”, etcétera. En ese momento, la empresa daba como domicilio legal el de su abogado, Armando Roberto Sciancalépore que era 25 de Mayo 222 de Concepción del Uruguay, y para lograr los créditos delFinver mostró un capital social inicial de cien mil pesos, abonando el 25 por ciento de éste entre los tres socios y el resto a pagar en dos años.
Luego, el capital social aumentó a 2.150.000 pesos, en reemplazo de aquellos cien mil. Es porque le cedieron un millón Marcelo Héctor Aguirre y Silvia Inés Biondo, mientras que 1.050.000 corresponden a Senor (padre).
De esta manera Grandes Máquinas, que prometía al principio fabricar 190 cosechadoras en cinco años, no sólo no pagó los intereses del crédito del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver),sino que tampoco cumplió con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) o con el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), al que nunca le pagó el alquiler del galpón.

Las explicaciones
Senor (padre), en el marco del concurso, debió dar sus razones de que no haya pagado las deudas contraídas. Atribuye esa cesación a “la demora en la producción de la primera cosechadora a causa de la mala manufactura de matrices y piezas por parte de Daniel Huarte” (quien fabricó las partes plásticas del prototipo Maag Mitos). Dice que recién se dieron cuenta de las fallas “al tratar de ensamblarlas”.
Senor explicó que debían terminar la primera máquina para noviembre de 2011, pero recién pudieron hacerlo en febrero de 2012, que pensaban fabricar dos o tres por mes con costos fijos que rondaban los 400 mil pesos. Tras presentar la máquina ante las autoridades nacionales y provinciales en los primeros días de marzo de 2012 tuvieron que “rematrizar carrocería y piezas”, afirma, y que “los costos fijos ascendieron a 2,4 millones más por mayores costos no presupuestados. Aseveran que la cosechadora que quedó en Angola en mayo de 2012 (la única fabricada) fue vendida en ese país africano. Que de esa forma siguieron la producción, puesto que cancelaron “algunos pasivos con el dinero de la venta”.
 Lamentó asimismo que “esta situación de crisis en evidencia y luego de una fuerte campaña de desprestigio mediático los proveedores no entregaron más matrices para tres cosechadoras a fabricar entre mayo y junio de 2012, retirándose el crédito” y “el sistema bancario y financiero” los excluyó
 Sin embargo, Larrivey desmiente la versión de Senor y explica “No se puede atribuir a factores exógenos de orden macroeconómico” la cesación, “que aún con su remedio concursal no ha podido revertir”. Y agrega “Desde su creación e inicio el emprendimiento contó con óptimas condiciones económicas y de financiación del proyecto”, y explicó que en “la realidad indica que fabricó sólo un prototipo”“El fuerte desprestigio mediático en que incurrió la concursada es la consecuencia y no la causa por la que invoca que los proveedores dejaron de proveerla de materiales e insumos. Los incumplimientos incurridos y la enorme cantidad de cheques rechazados produjeron, sin lugar a dudas, su desprestigio y falta de financiación adecuada”, continuó el síndico.
 En un punto remarcado por el profesional, aclara que “su actual cesación de pagos es producto exclusivo de factores endógenos y de la condición de la empresa”. “Más allá de las argumentaciones, a mayo de 2012 debe analizarse su alto endeudamiento y escaso capital propio para desarrollar el tal mentado proyecto como su causa principal de su desequilibrio”, sentencia. “Existe y existió por parte de la concursada un grosero e irresponsable endeudamiento”, afirma Larrivey, y detalla que “El riesgo empresario era soportado en dos veces por los acreedores (fundamentalmente el Estado provincial) y en una por los propietarios”, sin dejar de hacer hincapié en que “el crédito del Finver superó ampliamente el patrimonio neto de la concursada”, y que su financiamiento salía del “endeudamiento del Estado y los acreedores”.
Tras las denuncias que tomaron un cariz mediático, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Paraná, diez meses atrás el abogado Eduardo Mulet presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de fraude contra la administración pública, y si hubo complicidad de funcionarios en la escandalosa historia de la cosetrucha, algo en lo que el letrado reclama que se avance.
Mulet consideró que, así como fueron acusados formalmente los titulares de la empresa, “deberían estar imputados también el ministro de la Producción (Roberto Schunk) y los funcionarios del Finver por una comisión por omisión, porque ellos tenían el deber de controlar a quiénes les entregaban y qué se hacía con esos fondos; y está a la vista que no han controlado, si es que no han sido partícipes”, y destacó “Se es corrupto por comisión o por omisión”.
 El informe del síndico en Concepción del Uruguay expresa  “Comentario aparte merece el apoyo brindado por el Finver, el que a todas luces -conforme a la documental aportada- no refleja un control adecuado sobre la aplicación de los fondos prestados para financiar el proyecto, sin perjuicio de la falta de garantías adecuadas para su recupero”.
En el informe también critica a Uribarri y describe “la irresponsable asistencia financiera otorgada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos a través del Finver, el que siguió prestándole (27/12/2011 600 mil pesos; 10/01/2012 400 mil; 27/03/2012 600 mil; 30/03/2012 400 mil pesos) pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver”. Larrivey estableció la fecha de cesación de pagos el 1/12/2011, momento en que no canceló el vencimiento de los intereses del primer tramo del crédito otorgado por el gobierno entrerriano. Desde el 18/11/ 2009  hasta la fecha de cesación de pagos, el Finver le había prestado a Senor ya 3,5 millones de pesos. El primero de los acreedores que intentó cobrar un cheque que le fue rechazado lo hizo el 15/12/2011
Pese a esto, Urribarri firmó otro decreto (el Nº 529) otorgando otro millón de pesos. “El Ministerio de la Producción ha evaluado oportunamente el cumplimiento de las disposiciones de los decretos Nº 4432/09 GOB y Nº 96/11 MEHF por parte de la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA en relación a la instalación y puesta en marcha de la fábrica de cosechadoras en la provincia, informando al respecto que la misma cumplimentó las condiciones necesarias para acceder a cada uno de los tramos de la asistencia otorgada”, justifica el decreto, y advierte que “en caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos”.
Para esa fecha, la empresa ya había comenzado a incumplir. Es más, llamó la atención a Larriveyque al 31/12/ 2011, “y sin haber pagado un peso de intereses”, la Provincia asistió a la sociedad con 4.174.500 pesos de un total de asistencia de 5.574.000.

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