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jueves, 18 de agosto de 2016

Mientras Aranguren daba la conferencia, la Justicia realizó un operativo en su ministerio

Funcionarios judiciales acompañados de efectivos de las fuerzas de seguridad arribaron esta tarde al ministerio de Energía para requerir documentación a raíz de una denuncia presentada por los diputados massistas Graciela Camaño y Roberto Lavagna por posibles irregularidades en el comercio de gas. El operativo comenzó cuando el ministro brindaba una conferencia de prensa junto Marcos Peña y Germán Garavano en la Casa Rosada para hablar sobre la resolución de la Corte de anular el tarifazo de gas para usuarios residenciales.



Mientras Juan José Aranguren daba las últimas declaraciones de la conferencia de prensa que compartió con Marcos Peña y Germán Garavanoen la Casa Rosada por la resolución de la Corte de anular el tarifazo de gas para usuarios residenciales (ver nota relacionada), en el ministerio de Economía se llevaba a cabo un procedimiento judicial.  La orden la dictó el juez Luis Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada por los diputados massistas Graciela Camaño Roberto Lavagna por posibles irregularidades en el comercio de gas.
Funcionarios judiciales acompañados de efectivos de las fuerzas de seguridad llegaron al edificio con una "orden de presentación con allanamiento en subsidio", es decir, un procedimiento en el que se requiere la entrega de material y en caso de una negativa se procede a hacerlo por la fuerza.
Según la denuncia que presentaron, los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.
Según Camaño, detrás de ello puede que exista un negocio en el intercambio de gas natural con Chile a través del complejo Methanex, líder mundial en la producción de metanol.
"Aranguren va a hacer el negocio con su empresa Shell. Esto es una especie de triangulación", afirmó la diputada la semana pasada.
“Uno mira el decreto y piensa: ¿Cómo no ser solidario con los países vecinos? Pero cuando lo miran los ojos de un experto, se advierte cómo el señor Aranguren va a hacer el negocio con su empresa Shell”, denunció Camaño, quien dijo sin vueltas que el ministro tiene “alguna cuestión con Chile y la exportación de gas”.
Uno de los frentes judiciales del ex CEO de Shell es por haber importado gas natural de Chile a un precio más alto que el ofrecido por Bolivia, en conflicto con los transandinos por el eterno reclamo de una salida al mar.
“Argentina le entregaría gas rico, es decir con valor petroquímico, a Methanex en Punta Arenas, proveniente de nuestra Cuenca Fueguina, y recibiría ese gas desde alguna de las dos plantas regasificadoras que tiene Chile: Quinteros, a la altura de Santiago, por el gasoducto Neuquén, y la de Atacama, en el norte”, explicó Camaño.
“Es decir que la Argentina ayudaría en el desarrollo de la industria petroquímica de Chile, en competencia con nuestra propia industria. En compensación recibiríamos el gas provisto por Shell a Chile. Más aún, desconocemos las condiciones de los precios de este probable intercambio que puede llevar el escándalo a niveles estratosféricos”, adelantó.
Para la legisladora, “las verdaderas incompatibilidades de Aranguren son los negocios que está regalando a Shell, no solo éste sino también la importación de petróleo a 46 dólares el barril y la venta en el mercado interno a 67,5 dólares”.
En el procedimiento que se llevó a cabo este jueves (18/08) el juez Rodríguez requirió documentación relacionada a esa medida.

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