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martes, 23 de febrero de 2016

Mauricio Macri defendió el DNU que niega la coparticipación del 15% a las provincias

El presidente Mauricio Macri volvió a defender el Decreto de Necesidad y Urgencia que niega la coparticipación del 15 por ciento a las provincias, al destacar que, aunque considera válido el reclamo de los gobernadores, "todos tenemos que velar por el equilibrio fiscal de la Nación".


"No objeto el reclamo de los gobernadores, es absolutamente legítimo, pero todos tenemos que velar por el equilibrio fiscal de la Nación. El déficit fiscal es el más alto de la historia, si acordásemos el 15 por ciento de un día para el otro (de coparticipación), se incrementaría más del 20 por ciento. Eso es imposible", señaló durante una conferencia de prensa otorgada el martes por la tarde en la provincia de Corrientes.

En la misma volvió a hacer hincapié en que "la inflación está atormentando al país", al tiempo que insistió en la importancia de que cada gobierno logre el equilibrio fiscal, como medida complementaria para atacar dicho problema.

viernes, 22 de enero de 2016

Scioli le contestó a Macri: "Tal vez piense sacar un DNU para elegir al presidente el PJ"

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acusó de “intromisión” al presidente Mauricio Macri luego de que éste dijera durante una conferencia de prensa de Davos que Sergio Massa, líder del Frente Renovador, "tiene serias posibilidades de conducir el peronismo". 


"Tal vez piense sacar un DNU  para elegir" al jefe del peronismo, sostuvo Scioli durante una entrevista con radio Rivadavia. 
Además, el ex gobernador declaró: "Esto es una intromisión a la vida interna del Partido Justicialista. Por nosotros mismos vamos a ser capaces de expresar el verdadero espacio opositor, que es aquel que viene defendiendo y sosteniendo a los humildes, a los trabajadores, la industria nacional”.
Además, le contestó a Macri por presentar a Massa como “líder de la oposición”. Sobre ese tema comentó: "Yo saqué el 49 por ciento de los votos, entonces cuando quieren venir a imponer un opositor, eso no condice con la realidad que se vio reflejado en las urnas". 
Para finalizar, Scioli sostuvo que el peronismo tiene que estar unido y explicó que “la división es lo que se está buscando para que sea funcional y después nos quieran imponer a otro opositor".

miércoles, 20 de enero de 2016

Narcotráfico: por decreto, Macri autoriza el derribo de aviones

Lo había presentado como una de sus promesas durante la campaña y Mauricio Macri dejó el decreto firmado antes de subirse al avión que lo llevaría a Davos: el Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública por un año, en todo el territorio nacional, destinada a “revertir la situación de peligro colectivo” y con el objetivo declamado de “ir a fondo” contra el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, según los integrantes del Gabinete involucrados en la iniciativa. El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las Fuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo.
“Estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras”, dijo a este diario Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y mostró confianza en que adherirán todas las provincias. La funcionaria que tendrá a su cargo la implementación de la Emergencia, en la que también intervendrán las carteras de Defensa, Transporte y Comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo: “El año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos. Tomamos las reglas que se instrumentaron nueve veces en los últimos diez años, y levantamos su carácter secreto”, aseguró en referencia a nueve decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2014, con vigencia acotada a un tiempo determinado y por lo general a pedido de otros gobiernos, con motivo de visitas de mandatarios extranjeros. El Ejecutivo prepara un proyecto para enviar al Congreso a partir de marzo, durante el período de sesiones ordinarias, aunque la autorización estará vigente de inmediato. El Gobierno informó oficialmente que “serán declaradas hostiles” las naves con “entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional. La llamada ley de derribo fue una de las propuestas de Sergio Massa durante la campaña, una iniciativa cuestionada por violar las garantías procesales y el derecho a la defensa. El kirchnerismo la calificaba como una “pena de muerte sin juicio previo”, cuando rechazaba los reclamos para implementarla.
Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.
El decreto considera como delito complejo y crimen organizado la producción, el tráfico y la comercialización de drogas, el contrabando de armas, el terrorismo, las asociaciones ilícitas para “cometer delitos por fines políticos o raciales”, el fraude contra la Administración Pública, la prostitución de menores, la trata de personas y la extorsión, entre otros. Crea el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, faculta a Marcos Peña -jefe de Gabinete- a modificar partidas presupuestarias para la compra del “material necesario” para vigilar fronteras, la hidrovía, los puertos y otros gastos y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de las cuatro fuerzas federales, con excepción de condenados por delitos de lesa humanidad, procesados o retirados por razones disciplinarias. 

Scioli le pegó a Macri: "La gente está preocupada, lo dijo hasta Mirtha Legrand"

Daniel Scioli, excandidato a presidente del Frente Para la Victoria, salió a pegarle al presidente, Mauricio Macri, diciendo que “atienda los reclamos del 49% que buscaba otro proyecto de país” y en el medio de su crítica metió hasta Mirtha Legrand. Además, convocó al PJ para “unirse y no perder territorio como opositores”.

"La gente está preocupada, lo dijo hasta Mirtha Legrand... que yo sepa, ella estuvo convocando a votar aMacri. Evidentemente escuchó a la gente y se dio cuenta de lo que está pasando. Hasta los que hicieron campaña por Cambiemos lo ven”, expresó Scioli.
El exvicepresidente de Néstor Kirchner dialogó con Radio La Red y dijo estar preocupado por las políticas del nuevo gobierno: “La coparticipación, la criminalización de la protesta social, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que deberían ser para casos excepcionales y la inflación".
Por otro lado, destacó la reactivación del campo aunque le pidió al Jefe de Estado que tenga ese mismo compromiso con los trabajadores: "Me gustaría que, con la misma voluntad política con la que le dio competitividad al campo,atienda a los más humildes, a los trabajadores que han visto que se redujo su poder de consumo".
"Así como se transfirieron recursos en beneficio de la Ciudad, hay que atender las necesidades estructurales de otras provincias como Buenos Aires, que tiene un problema histórico. Quiero una Argentina más federal y equilibrada, en la que se atienda el salario porque es el motor de la economía", señaló el exgobernador de la provincia de Buenos Aires.
A pesar de las críticas, Scioli aclaró que no va a poner "palos en la rueda" porque pretende colaborar con el Gobierno Nacional, aunque dirá las cosas que ve mal. "Macri pidió que le marquemos los errores y eso es lo que hago, siempre con mucho respeto. Por eso nadie debería enojarse", explicó.
En cuanto a su futuro político, el dirigente peronista busca unificar al PJ porque "dividido es funcional al Gobierno, así que les pido a todos que hagamos los esfuerzos necesarios para mantener el partido y los bloques unidos y no perder poder territorial".
Sobre este tema agregó: "La sociedad nos va a demandar que nos unamos para marcar los errores (como oposición) y construir una alternativa de cara al año que viene y a 2019".
A pesar de algunos rumores que lo manifiestan a Scioli como candidato a Senador en el 2017, el exfuncionario prefirió no adelantar información pero aseguró que fiel a su ideología, trabajará por un espacio “actualizado y con espíritu frentista”.

lunes, 18 de enero de 2016

Mirtha Legrand expresó qué no le gusta del gobierno de Mauricio Macri

Mirtha Legrand, reconocida por ser muy crítica y punzante, expresó públicamente cómo ve el gobierno de Mauricio Macri y qué no le gusta. "No se puede vivir", dijo.


"El ciudadano le hace muchos reproches al gobierno, a pesar de llevar un mes. Yo soy amiga de Macri, pero si tengo que decir algo lo voy a decir", advitiró Mirtha en su programa.

"No me gusta cómo ha subido el costo de vida, no se puede vivir. Yo soy una privilegiada, pero la gente que no tiene dinero... Es un horror. Es durísimo, la devaluación, haber nombrado por decreto a dos jueces de la Corte, es muy precipitado, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)", analizó la diva de los almuerzos.

Sin embargo, resaltó: "Tienen cosas buenas, que se reúnan los ministros, que den la cara, que hablen por televisión. Eso está bien. Es importante y positivo".

Las palabras de Mirtha Legrand:


miércoles, 6 de enero de 2016

El kirchnerismo convocó a un "abrazo" al Congreso

El kirchnerismo convocó para hoy a las 18 a un “abrazo” al Congreso de la Nación. Quiere, de este modo, presionar para que el Gobierno de Mauricio Macri convoque a sesiones extraordinarias. Varias organizaciones sociales y La Cámpora serán parte de la movilización. En un comunicado, el Frente para la Victoria advirtió que es necesario que el Parlamento se reúna para convalidar o rechazar los decretos firmados por el presidente. “Lo establece así la Constitución Nacional, en su artículo 99”, precisaron los legisladores del kirchnerismo.


Por Mariano Confalonieri (*)

Contra lo que se cree, la oposición no se puede “autoconvocar” durante el receso legislativo. Para el FpV, la designación de los jueces en “comisión” de la Corte, la intervención de la AFSCA y la creación de un nuevo ente de comunicación son abiertamente inconstitucionales.

El ex director de la AFSCA, Martín Sabbatella, llevó el asunto a la justicia. El diputado nacional, Adrián Grana, que pertenece a Nuevo Encuentro, denunció penalmente a Macri y a su gabinete por la intervención del organismo y los cambios a la Ley de Medios.
(*) De la redacción de diario PERFIL, especial para Perfil.com 

miércoles, 30 de diciembre de 2015

Las mentiras de los DNUS y Macri

En medios de comunicación, e incluso en las redes sociales circula información en la cual se acusa al actual Presidente de la Nación Mauricio Macri de llevar dictados en los primeros días de gestión más DNU que los que firmó Cristina Fernández en ocho años. Los datos, y la historia demuestran todo lo contrario.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Varios medios señalan que el Presidente de la Nación Mauricio Macri, lleva dictados en los primeros días de gestión más DNU que los que firmó Cristina Fernández en ocho años. Los datos demuestran que esto es falso.
“En cuatro días Macri firmó más decretos que Cristina en ocho años”; “Macri inicia gestión con 29 decretos de necesidad y urgencia”; “Macri firmó en cuatro días más DNU que CFK en ocho años de gobierno”; son algunos de los titulares que se difundieron acerca de los decretos firmados por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde su asunción el 10 de diciembre hasta hoy. Sin embargo, estas afirmaciones, que tuvieron amplia difusión en los medios y las redes sociales, son falsas.
Existen diferentes tipos de razones por las cuales el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) puede dictar un decreto sin dar intervención al Parlamento: cuando necesita ejecutar o reglamentar una ley, al aplicar facultades delegadas por el Congreso de la Nación, o cuando existen “razones de necesidad y urgencia” y “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos (…) para la sanción de las leyes”, según el artículo 99 inciso 3 de la Constitución nacional. Estos últimos son los llamados “decretos de necesidad y urgencia (DNU)”, que tienen contenido legislativo y en principio están prohibidos salvo “circunstancias excepcionales”, como señala el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.
Si se considera como punto de partida su asunción, Macri dictó 97 decretos pero de ese total sólo uno fue de necesidad y urgencia. Se trata del Decreto N° 13/2015, donde se modifica la Ley de Ministerios que utilizó la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner, y se establecen cambios de nombres de varios ministerios, transferencias de competencias y creación de nuevas carteras que absorben funciones de antiguas Secretarías. En el resto de los decretos se establecen designaciones, entre ellas las de los dos candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que fueron criticadas por el procedimiento utilizado por el Presidente.
Así, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Nueva Mayoría, la ex presidenta Fernández de Kirchner dictó más DNU (76) que Macri, quien lleva firmado uno en seis días. La diferencia es mayor si se consideran los decretos de todo tipo que firmó la ex presidenta.
Si el análisis se extiende a 1983, los datos muestran que Carlos Menem es el jefe de Estado que más utilizó este recurso (574 DNU), seguido por Néstor Kirchner (270) y Eduardo Duhalde (158). Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Fernández de Kirchner, en ese orden, son los que menos decretos firmaron en total.
En cuanto a la cantidad de DNU dictados por mes, el ranking es encabezado por Duhalde, con un promedio de casi diez DNU por mes mientras estuvo al frente de la Casa Rosada como presidente provisional tras la crisis económica, social y política de 2001, seguido por Kirchner (cinco por mes) y Menem (cuatro por mes). El ranking lo completan Fernández de Kirchner (casi un decreto por mes) y Alfonsín (menos de un decreto). En este cálculo no se incluye a Macri porque sólo lleva seis días al frente del Gobierno.
Respecto a la evolución de los DNU firmados por la ex presidenta, el relevamiento muestra que la frecuencia comenzó siendo baja durante el primer año de gobierno de CFK pero aumentó de manera significativa en los años siguientes: durante el primer año (diciembre de 2007 a diciembre de 2008) Fernández de Kirchner firmó tres DNU, pero a partir de 2009 pasó a diez y, en la mayoría de los años del período, alcanzó los 11 decretos de este tipo. Así sucedió en 2011, 2012, 2013 y 2015, su último año de gestión.
Por otro lado, “desde el restablecimiento de la democracia, se ha incrementado sustancialmente el uso de esta herramienta, ya que en todo el período entre 1853 y 1983 (130 años) las distintas Presidencias firmaron sólo 25 DNU, mientras que entre 1983 y 2011 (poco más de 26 años), fueron firmados 1085 DNU, registrando un promedio de 42 por año”, señala el estudio de Nueva Mayoría. Si se actualizan los números a diciembre de 2015, la cifra asciende a un total de 1132 decretos, lo que implica un promedio de 35 por año.
Además, de acuerdo con una investigación del diario La Nación, durante las Presidencias de la democracia, como la de Néstor Kirchner, los DNU fueron utilizados tanto para asuntos trascendentes para el país como para cuestiones menores, y en el 85% de los casos se trataba de cuestiones que debían ser debatidos y resueltos por el Congreso, de acuerdo con la Constitución.
Sólo en 2006, después de 12 años de la reforma constitucional de 1994, el Parlamento nacional sancionó la Ley 26.122, que regula la intervención legislativa en los DNU, y establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene diez días para enviar el decreto a la Comisión Bicameral especial. Esta Comisión, a su vez, tiene diez días hábiles más para remitir su dictamen a cada Cámara legislativa, para que luego cada uno sea tratado en Diputados y en el Senado de la Nación. Cuando se aprobó, la ley fue muy cuestionada por la oposición porque no fija plazos para que las Cámaras ratifiquen o rechacen los decretos que, mientras tanto, serán válidos.

martes, 29 de diciembre de 2015

1 decreto para suspender el Código Procesal Penal y otro para quitar poder a Gils Carbó

Con el decreto 257/2015, publicado hoy en el 'Boletín Oficial', el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. Y con el 256/2015, le restó poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Con el decreto 257/2015, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. 
 
La decisión, ratificada con la firma de todo el gabinete, sigue una sugerencia realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que advierte: "No se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido".
 
"La implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia", señala el decreto. 
 
Quedan, así, suspendidas las partidas presupuestarias y la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras y organismos.
 
Los legisladores tienen 10 días hábiles para cuestionar el decreto impulsado por Mauricio Macri, y de esta forma el nuevo Código sólo se implementará con la aprobación de "un plan progresivo de asignación de recursos".
 
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano.
 
Además, el Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. 
 
De esta manera, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota".
 
Los decretos
 
Decreto 256/2015
Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, modificada por la Ley N° 27.126 de creación de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, la Resolución N° 2067 del 7 de julio de 2015 de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 21 de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126, se dispuso la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO al tiempo que la citada norma estableció que la mencionada dirección “... será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.
 
Que, asimismo, por el artículo 24 de la Ley N° 27.126 se dispuso transferir la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales de la entonces SECRETARÍA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.
 
Que el mismo artículo 24 citado facultó a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar, en comisión de servicios, el personal necesario de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto se contare con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones.
 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2067/15 la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN dispuso la incorporación de la Dirección de Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
 
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en sus artículos 18 y 19 el alcance de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones.
 
Que esta garantía federal sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada.
 
Que si bien el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado.
 
Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.
 
Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.
 
Que, en tal sentido, deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes.
 
Que, en efecto, si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad.
 
Que, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que, por las razones expuestas, corresponde transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) al ámbito de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
 
Que, en consecuencia, corresponde a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
 
Que la medida objeto del presente es consistente con las razones que motivaron el egreso de dichas competencias de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y asegura el más acabado respeto de los derechos individuales y de las garantías constitucionales.
 
Que a los efectos de asegurar en forma fiel y oportuna las garantías y fines enunciados, resulta urgente abordar en forma preferente e inmediata dicha transferencia.
 
Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN se halla en receso hasta el 1° de marzo de 2016, hecho que impone evitar que las garantías constitucionales enunciadas anteriormente continúen sin protección efectiva, para lo cual resulta menester la adopción de medidas de carácter urgente y excepcional como la que se decide implementar mediante este decreto.
 
Que, además, estas circunstancias no permiten seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por la norma constitucional referida en el párrafo que antecede.
 
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Art. 2° — Transfiérese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
Art. 3° — Derógase el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126.
Art. 4° — La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM); dicho organismo estará a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
Art. 5° — La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 6° — Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015
 
 
 
Decreto 257/2015
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Ley N° 27.148, N° 27.149, N° 27.150, N° 27.198 y N° 27.063. Modificaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 27.063, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación N° 27.148, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N° 27.149, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación N° 27.150, la Ley N° 27.198, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 27.063, por el artículo 1°, aprobó el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN y, por su artículo 3°, estableció que dicho cuerpo legal entraría en vigencia en la oportunidad que estableciera una Ley de Implementación.
 
Que el 10 de junio del corriente año el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó un conjunto de leyes destinadas a implementar la reforma procesal penal instaurada en la Ley N° 27.063.
 
Que la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal N° 27.146 estableció, en su artículo 51, que: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen progresivo que establezca la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación”.
 
Que la Ley N° 27.148 rediseñó la estructura y funcionamiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN a fin de adaptarlo a las necesidades del sistema procesal acusatorio y que, con similar objeto, se dictó la Ley N° 27.149 en lo que respecta al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.
 
Que, por último, la Ley N° 27.150 estableció los mecanismos para implementar el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, y por el artículo 2° dispuso la entrada en vigencia de ese Código a partir del 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional.
 
Que en virtud de la magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el artículo 7° de la Ley N° 27.063, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido.
 
Que, en consecuencia, tal implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia.
 
Que las reformas operadas por las Leyes Nros. 27.148, 27.149, y 27.150, encuentran su razón de ser y operatividad funcional en la efectiva puesta en marcha del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN sancionado por la Ley N° 27.063.
 
Que, dada la imposibilidad de que ello ocurra antes del 1° de marzo de 2016, resulta razonable dejar sin efecto aquellos aspectos de las Leyes Nros. 27.063, 27.148, 27.149 y 27.150 vinculados con la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada.
 
Que, en atención al diferimiento de la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION aprobado por la Ley N° 27.063, corresponde también sustituir los artículos 39 de la Ley N° 27.148 y 65 de la Ley N° 27.149, toda vez que aluden a una pauta presupuestaria vinculada directamente a la efectiva puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras y organismos previstos por las respectivas leyes orgánicas del Ministerio Público.
 
Que, en consecuencia, se prevé el establecimiento de un mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.
 
Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo que se extiende hasta el 1° de marzo de 2016, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.
 
Que el presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención de su competencia.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 27.150 por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigencia. El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 27.148 por el siguiente:
“ARTÍCULO 39.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 65 de la Ley N° 27.149 por el siguiente:
“ARTÍCULO 65.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.”
Art. 4° — Deróganse los artículos 2° —texto según el artículo 43 de la Ley N° 27.150— y 3° al 37 del Anexo II de la Ley N° 27.063.
Art. 5° — Derógase el Título VI (artículos 81 al 88) de la Ley N° 27.148.
Art. 6° — Deróganse los artículos 75 al 81 y 83, y el Anexo I de la Ley N° 27.149.
Art. 7° — Sustituyese el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley N° 27.198 por el siguiente:
“Asimismo facultase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias.”.
Art. 8° — Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015

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