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martes, 8 de julio de 2014

"#Elmodeloesuncirco: Le piden ayuda al Imperio para perseguir a los que apoyen a Campagnoli"

En las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, solicitó la cooperación del Homeland Security para recopilar datos de tuiteros que apoyan al fiscal José María Campagnoli. Finalmente, el pedido quedó desactivado luego de que los investigados realizaran una presentación legal ante la embajada de Estados Unidos. Qué dijeron los investigados. Repercusiones en Twitter.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Aunque parezca insólito, Cristina Fernández pidió colaboración a Estados Unidos para investigar a los usuarios de Twitter que vienen denunciando la existencia de una persecución política contra el fiscal José María Campagnoli, suspendido desde diciembre pasado por iniciativa de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. 
No sólo puede interpretarse esta acción del Gobierno -que claramente busca la intimidación- como una violación a la libertad de expresión sino que además resulta llamativo que el kirchnerismo le pida ayuda a USA, "el Imperio", tantas veces denostado por el relato K...

Esta operación del Gobierno nacional se conoció cuando los tuiteros en cuestión dieron a conocer que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, motivada por un requirimiento del Homeland Security, el organismo norteamericano que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.
En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño.
 
En ese momento, la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli en el jury de enjuiciamiento-, hizo una presentación legal ante la embajada de los Estados Unidos y logró que la investigación se frenara.
 
Esta mañana, Ignacio Rodríguez Varela confirmó en su cuenta de Twitter que la operación había sido neutralizada. Además reafirmó que Campagnoli es "víctima de una clara persecución política" que llegó a un nivel extremo con "la persecución a tuiteros" que respaldan su actuación.
 
Todo había comenzado en enero pasado, cuando Cristina Caamaño -sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra- hizo una denuncia contravencional contra un grupo de internautas que, según aseguró, la hostigaba a través de la mencionada red social.
 
Tras esa denuncia, la fiscal Daniela Dupuy solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que "arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos" de los siguientes usuarios: @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.
 
Luego, el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, solicitó la cooperación del Homeland Security para recopilar datos de dichos tuiteros. 

martes, 11 de febrero de 2014

Caso Campagnoli: Carrió denunció penalmente a Cristina Caamaño

La diputada Elisa Carrió, junto a su par Fernando Sánchez, presentó una denuncia penal contra la fiscal coadyudante en la Fiscalía de Instrucción Cristina Caamaño, y contra funcionarios de la Procuración General de la Nación por presunto "ejercicio irregular de sus funciones". Es por el interrogatorio y presuntas amenazas contra el equipo del destituido fiscal José María Campagnoli, equipo que este lunes (10/02) fue desalojado de su oficina.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Los diputados nacionales del ARI Elisa Carrió y Fernando Sánchezdenunciaron penalmente a la fiscal coadyudante en la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez, Cristina Caamaño, y a funcionarios de la Procuración General de la Nación por presunto"ejercicio irregular de sus funciones", los que podrían configurar "amenazas, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
 
"El pasado lunes 2 de febrero la fiscal Caamaño desembarcó en la fiscalía de Saavedra e interrogó a cada uno de los empleados que trabajaron con el Doctor José María Campagnoli, mientras un prosecretario de su fiscalía, Pablo Becerra, tomaba nota de las respuestas en una computadora portátil", dice el escrito presentado por Carrió y Sánchez.
 
Los denunciantes pidieron que se investigue si "durante estos interrogatorios los empleados, jóvenes de alrededor de 25 años, fueron amenazados por sus publicaciones en las redes socialescon motivo de la suspensión del fiscal Campagnoli. 
 
En el texto presentado esta mañana en Tribunales, se consigna que "según los hechos que hemos conocido, las amenazas fueron de alto tenor invocándose el nombre de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó".
 
Recordemos que el ‘correctivo’ contra el fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario K, Lázaro Báez, se extendió ahora a su equipo de trabajo, que fue desalojado de las oficinas que ocupaba y donde se desempeñaba.
 
Los funcionarios de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que colaboraban con Campagnoli, fueron notificados este lunes (10/02) sobre el cambio del lugar de trabajo. Ahora deberán ir a la zona del edificio donde estaba alojado el archivo, en la Fiscalía de Saavedra.
 
Gracias a la SIPE, Campagnoli pudo determinar la salida y el reingreso de más de 55 millones de dólares de Lázaro.
 
La fiscalía de Núnez-Saavedra, desde la suspensión de Campagnoli, está en manos de una fiscal subrogante y de la ex secretaria de Seguridad K, Cristina Caamaño.
 
Según recuerda Clarín este lunes, la SIPE estaba integrada por jóvenes abogados expertos en tecnologías informáticas y el secretario letrado Ignacio Rodríguez Varela, quien ganó seis concursos para juez pero el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se resistió a nombrarlo por ser hijo del ex ministro de Justicia de la última dictadura.
 
Además de a Báez, Campagnoli también estaba investigando a Diego Rodríguez, el hermano de la ministro de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, por su nexo con la barra brava de River Plate. De hecho la suspensión de Campagnoli ocurrió apenas se designó a María Cecilia Rodríguez en el cargo de Seguridad (ver nota relacionada).
 
En declaraciones este mediodía a Radio Mitre, el fiscal Campagnoli explicó así lo ocurrió con su equipo: “Es un escalón más en esta locura, están pretendiendo desmantelar una fiscalía que funcionaba bien”.
 
“Están mandado a una especie de sótano a un grupo de investigadores brillantes, gente valiente que tiene títulos ganados por sus méritos en cuestiones de derecho”, y agregó que “suena como una represalia”.

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