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martes, 23 de febrero de 2016

Mauricio Macri defendió el DNU que niega la coparticipación del 15% a las provincias

El presidente Mauricio Macri volvió a defender el Decreto de Necesidad y Urgencia que niega la coparticipación del 15 por ciento a las provincias, al destacar que, aunque considera válido el reclamo de los gobernadores, "todos tenemos que velar por el equilibrio fiscal de la Nación".


"No objeto el reclamo de los gobernadores, es absolutamente legítimo, pero todos tenemos que velar por el equilibrio fiscal de la Nación. El déficit fiscal es el más alto de la historia, si acordásemos el 15 por ciento de un día para el otro (de coparticipación), se incrementaría más del 20 por ciento. Eso es imposible", señaló durante una conferencia de prensa otorgada el martes por la tarde en la provincia de Corrientes.

En la misma volvió a hacer hincapié en que "la inflación está atormentando al país", al tiempo que insistió en la importancia de que cada gobierno logre el equilibrio fiscal, como medida complementaria para atacar dicho problema.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

La Corte rechazó el pedido para extender fondos coparticipativos a Formosa

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el pedido efectuado por la provincia de Formosa para que se le aplique en forma automática la reciente jurisprudencia del máximo tribunal que ordena hacer cesar la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias.


El máximo tribunal argumentó que el pedido de medida cautelar de Formosa no reúne los mínimos requisitos para que se valore cuál fue la conducta que asumió esa provincia a partir de que el Estado Nacional decidió, en 2006, prorrogar la deducción del 15% de la masa coparticipable.
Además, la Corte aclaró quecada provincia tuvo diverso comportamiento frente a la prórroga unilateral que dispuso el Estado Nacional, por lo que es necesario analizar caso por caso, tal como lo hizo en los precedentes Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Destacaron en su escrito que a diferencia de la presentación realizada por Formosa, en esos casos sí contaba con elementos para ordenar el cese de los descuentos, según informó la Agencia de Noticias del Poder Judicial.
Se explicó también que entre de sus facultades se encuentra la de juzgar la constitucionalidad de los actos de acuerdo a las constancias de cada expediente. Por ello, no puede pretenderse que la Corte Suprema aplique en forma irreflexiva sus precedentes, ya que tiene el deber en cada caso de examinar si la norma impugnada es o no inválida.
Por último, el tribunal reiteró la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias que garantice la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

viernes, 4 de diciembre de 2015

Coparticipación: Macri ya tendría aval de la Corte para anular el DNU de Cristina

Hubo contactos entre el futuro ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El motivo: el fallo del tribunal acerca de la devolución del 15% de la masa coparticipable a tres provincias que interpusieron demandas ante la Corte pero que Cristina extendió al resto. Si bien niegan haber tocado el tema, en el macrismo se habrían ido con dos certezas: que el DNU de la presidenta ampliando el beneficio es "nulo" y que Mauricio Macri "lo puede derogar".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El futuro gobierno de Mauricio Macri está muy preocupado por el DNU que firmó Cristina extendiendo a todas las provincias argentinas un fallo de la Corte Suprema de Justicia destinado sólo a tres distritos para la devolución del 15 por ciento de la masa coparticipable. Esa decisión compromete recursos del Estado nacional con los que ya no contará el presidente que asume el 10 de diciembre. Por eso, hubo contactos con los miembros del máximo tribunal para sondear su opinión acerca del acatamiento del fallo que hizo la actual mandataria y la posibilidad de deshacerlo o limitarlo a la voluntad expresada por los jueces de la Corte.
Ayer (3/12) el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó a Ricardo Lorenzetti. Si bien ambos aseguran que no hablaron del fallo sobre la coparticipación, Garavano se habría ido con dos certezas: que el DNU de Cristina es "nulo" y que Macri "lo puede derogar".
Ocurre que en la Corte opinan que el fallo que la semana pasada ordenó al Estado Nacional la devolución del 15% de los fondos de la coparticipación a tres provincias, Santa Fe, San Luis y Córdoba, no va a provocar al nuevo Gobierno un colapso económico. Pero, entienden que ese fallo es aplicable sólo a las tres provincias que promovieron el reclamo judicial. También consideraron que el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado esta semana por la Presidenta se extralimitó y no respeta el espíritu de la sentencia.
Según estimaciones extraoficiales, el impacto del DNU de Cristina representaría unos 90.000 millones de pesos.
En los últimos días, el futuro equipo económico de Mauricio Macri analizó la posibilidad de declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que dictó la Presidenta. Y sugirieron que el DNU es inconstitucional porque reglamenta cuestiones impositivas, algo que está vedado por la Constitución, indicó el diario Clarín.
Pero con la opinión de la Corte, en el macrismo se ahorrarían mucho tiempo hasta esperar un fallo de la Justicia declarando la inconstitucionalidad.
Ese decreto (el de Cristina) es "nulo" y "Macri lo puede derogar sin más o bien pedir la nulidad, como él prefiera", dijeron fuentes allegadas a Lorenzetti según el diario La Nación.
"El problema lo generó el DNU de la Presidente, porque pasó por alto que el resto de las provincias ni habían transferido las cajas de jubilaciones, ni iniciaron juicio contra el Estado. El decreto introduce una desigualdad y coloca a todas las provincias en la misma situación, cuando muchas no tienen nada para reclamar. Por eso ese decreto es inconstitucional, nulo y puede ser derogado sin más o impugnado en la Justicia", dicen.

martes, 24 de noviembre de 2015

Coparticipación: La Corte ordena crear un nuevo régimen y devolver fondos

El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15% de la masa coparticipable entre las provincias para financiar a la Anses. Fue por una demanda de Santa Fe y San Luis.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
 
Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis. 
 
Con fundamento en esta decisión, la Corte también ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.
 
En su decisión, el Tribunal explicó que la referida deducción  fue originalmente pactada en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12/08 de 1992 -ratificado por la ley nacional 24.130- y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales de la misma naturaleza. 
 
Una vez vencidos esos compromisos, el Estado Nacional extendió a partir del 01/01 de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 hoy es declarado inconstitucional.
 
El Tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación.
 
Explicó, además, que esa deducción no podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.
 
La consecuencia de la decisión resulta ser que el Estado Nacional deberá: 
 
>cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; 
 
>devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 01/01 de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia.
 
Finalmente, la Corte Suprema señaló que han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias que garantice la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art. 75 inc. 2).
 
Agregó que  ese plazo ha sido ampliamente incumplido,  lo cual conspira claramente contra el objetivo de los constituyentes de 1994 de fortalecer el federalismo.
 
Ese inmovilismo, señaló el Tribunal, no puede justificarse por la imposibilidad de lograr acuerdos políticos, en la medida en que la Constitución materializa el consenso más perfecto de la soberanía popular; frente a sus definiciones, los poderes constituidos deben realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo del proyecto de organización institucional que traza su texto.
 
En razón de ello, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal  de concertación implementado por la reforma constitucional de 1994, y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal.

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