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miércoles, 17 de agosto de 2016

Gils Carbó dictaminó contra tarifazo y apuntó a falta de audiencias

Finalmente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.


La medida, si bien no es vinculante, representa el primer revés jurídico sobre el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas, con miras a resolver este jueves. 

En el documento, de 18 carillas, la jefa de los fiscales hizo especial énfasis en la ausencia de audiencias públicas previas a disponer los nuevos cuadros tarifarios y retomó antecedentes de jurisprudencia y la opinión de una decena de dictámenes fiscales que otorgaron cautelares a favor de los usuarios y consumidores. 

En su dictamen, difundido en la página web fiscales.gob.ar, la Procuradora recordó que todos estos estamentos del Poder Judicial "se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada, por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa".

La Procuradora también estimó que correspondírechazar el planteo del Estado Nacional, según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia sólo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

Tras el análisis de la normativa, consideró que "las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales".

Para la Procuradora, "desde el punto de vista de los usuarios, ello descarta el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas".

Gils Carbó citó el propio informe del Poder Ejecutivo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual se destaca que "el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)".

Al respecto, señaló: "La incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categoríSGP (pequeños consumos comerciales o industriales), dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)".

Por otra parte, respecto de la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes "lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil" para proteger "el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios".

Este es el paso previo imprescindible para la ambición del Gobierno de obtener un fallo favorable de la Corte. Con el escrito, los jueces Ricardo LorenzettiElena Highton de NolascoJuan Carlos Maqueday Horacio Rosatti quedarán habilitados para tomar una decisión que, de postergarse, podría incluir como quinto voto a Carlos Rosenkrantz, próximo a asumir el lunes.

martes, 29 de diciembre de 2015

1 decreto para suspender el Código Procesal Penal y otro para quitar poder a Gils Carbó

Con el decreto 257/2015, publicado hoy en el 'Boletín Oficial', el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. Y con el 256/2015, le restó poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Con el decreto 257/2015, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal, pautada tras la iniciativa kirchnerista para el 1° de marzo de 2016. 
 
La decisión, ratificada con la firma de todo el gabinete, sigue una sugerencia realizada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que advierte: "No se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido".
 
"La implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia", señala el decreto. 
 
Quedan, así, suspendidas las partidas presupuestarias y la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras y organismos.
 
Los legisladores tienen 10 días hábiles para cuestionar el decreto impulsado por Mauricio Macri, y de esta forma el nuevo Código sólo se implementará con la aprobación de "un plan progresivo de asignación de recursos".
 
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", aseguró el ministro de Justicia, Germán Garavano.
 
Además, el Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. 
 
De esta manera, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota".
 
Los decretos
 
Decreto 256/2015
Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, modificada por la Ley N° 27.126 de creación de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, la Resolución N° 2067 del 7 de julio de 2015 de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 21 de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126, se dispuso la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO al tiempo que la citada norma estableció que la mencionada dirección “... será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.
 
Que, asimismo, por el artículo 24 de la Ley N° 27.126 se dispuso transferir la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales de la entonces SECRETARÍA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.
 
Que el mismo artículo 24 citado facultó a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar, en comisión de servicios, el personal necesario de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto se contare con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones.
 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2067/15 la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN dispuso la incorporación de la Dirección de Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
 
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en sus artículos 18 y 19 el alcance de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones.
 
Que esta garantía federal sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada.
 
Que si bien el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado.
 
Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.
 
Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.
 
Que, en tal sentido, deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes.
 
Que, en efecto, si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad.
 
Que, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que, por las razones expuestas, corresponde transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) al ámbito de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
 
Que, en consecuencia, corresponde a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
 
Que la medida objeto del presente es consistente con las razones que motivaron el egreso de dichas competencias de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y asegura el más acabado respeto de los derechos individuales y de las garantías constitucionales.
 
Que a los efectos de asegurar en forma fiel y oportuna las garantías y fines enunciados, resulta urgente abordar en forma preferente e inmediata dicha transferencia.
 
Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN se halla en receso hasta el 1° de marzo de 2016, hecho que impone evitar que las garantías constitucionales enunciadas anteriormente continúen sin protección efectiva, para lo cual resulta menester la adopción de medidas de carácter urgente y excepcional como la que se decide implementar mediante este decreto.
 
Que, además, estas circunstancias no permiten seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por la norma constitucional referida en el párrafo que antecede.
 
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Art. 2° — Transfiérese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).
Art. 3° — Derógase el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126.
Art. 4° — La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM); dicho organismo estará a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.
Art. 5° — La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 6° — Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015
 
 
 
Decreto 257/2015
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Ley N° 27.148, N° 27.149, N° 27.150, N° 27.198 y N° 27.063. Modificaciones.
Bs. As., 24/12/2015
VISTO la Ley N° 27.063, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación N° 27.148, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N° 27.149, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación N° 27.150, la Ley N° 27.198, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 27.063, por el artículo 1°, aprobó el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN y, por su artículo 3°, estableció que dicho cuerpo legal entraría en vigencia en la oportunidad que estableciera una Ley de Implementación.
 
Que el 10 de junio del corriente año el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó un conjunto de leyes destinadas a implementar la reforma procesal penal instaurada en la Ley N° 27.063.
 
Que la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal N° 27.146 estableció, en su artículo 51, que: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen progresivo que establezca la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación”.
 
Que la Ley N° 27.148 rediseñó la estructura y funcionamiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN a fin de adaptarlo a las necesidades del sistema procesal acusatorio y que, con similar objeto, se dictó la Ley N° 27.149 en lo que respecta al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.
 
Que, por último, la Ley N° 27.150 estableció los mecanismos para implementar el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, y por el artículo 2° dispuso la entrada en vigencia de ese Código a partir del 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional.
 
Que en virtud de la magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el artículo 7° de la Ley N° 27.063, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido.
 
Que, en consecuencia, tal implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia.
 
Que las reformas operadas por las Leyes Nros. 27.148, 27.149, y 27.150, encuentran su razón de ser y operatividad funcional en la efectiva puesta en marcha del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN sancionado por la Ley N° 27.063.
 
Que, dada la imposibilidad de que ello ocurra antes del 1° de marzo de 2016, resulta razonable dejar sin efecto aquellos aspectos de las Leyes Nros. 27.063, 27.148, 27.149 y 27.150 vinculados con la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada.
 
Que, en atención al diferimiento de la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION aprobado por la Ley N° 27.063, corresponde también sustituir los artículos 39 de la Ley N° 27.148 y 65 de la Ley N° 27.149, toda vez que aluden a una pauta presupuestaria vinculada directamente a la efectiva puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras y organismos previstos por las respectivas leyes orgánicas del Ministerio Público.
 
Que, en consecuencia, se prevé el establecimiento de un mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.
 
Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo que se extiende hasta el 1° de marzo de 2016, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.
 
Que el presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público.
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
 
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
 
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención de su competencia.
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.
 
Por ello,
 
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 27.150 por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigencia. El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 27.148 por el siguiente:
“ARTÍCULO 39.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 65 de la Ley N° 27.149 por el siguiente:
“ARTÍCULO 65.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.”
Art. 4° — Deróganse los artículos 2° —texto según el artículo 43 de la Ley N° 27.150— y 3° al 37 del Anexo II de la Ley N° 27.063.
Art. 5° — Derógase el Título VI (artículos 81 al 88) de la Ley N° 27.148.
Art. 6° — Deróganse los artículos 75 al 81 y 83, y el Anexo I de la Ley N° 27.149.
Art. 7° — Sustituyese el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley N° 27.198 por el siguiente:
“Asimismo facultase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias.”.
Art. 8° — Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.
 
Fecha de publicación 29/12/2015

jueves, 18 de junio de 2015

Cristina promulgó el ‘combo’ de leyes judiciales con más poder para Gils Carbó

Este jueves (18/6) una semana después de su sanción en la Cámara de Diputados, la presidente Cristina Fernández promulgó el paquete de seis leyes que entre otras cosas, pone en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal a partir del 1ro de marzo de 2016 y la ley Orgánica del Ministerio Público, que le otorga a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, más poder y discrecionalidad en la designación de fiscales además de perpetuarla en el cargo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La semana pasada, sobre el cierre de la presentación de las alianzas que competirán en las PASO, la Cámara de Diputados aprobó con los votos de la mayoría oficialista y sus aliados, un paquete judicial de seis leyes que, entre otras disposiciones, le otorga más poder a la Procuradora General, pero también se aprobaron otras iniciativas polémicas que tienden a controlar la Justicia.
El 'paquete' incluye al regimen de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; reforma al Código Penal en las causales para la suspensión del juicio a prueba; la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y la Implementación del Código Penal.
Si bien la oposición rechazó la mayoría de los proyectos a pesar de las modificaciones aceptadas por el kirchnerismo, fue especialmente cuestionada la iniciativa que apuntaba a la ley del ministerio Fiscal que le otorga más facultades a Gils Carbó y una duración ilimitada en su cargo.
El diputado nacional Manuel Garrido, advirtió esta situación en el debate parlamentario: “Es un órgano que tiene cabeza en una sola persona (el de la Procuración), un cargo al que la ley le asigna carácter vitalicio (…) Tampoco se prevé un control sobre el tema de las escuchas. Por supuesto que es mejor que la tenga el Ministerio Público y no la SIDE. Pero lo que no puede ocurrir es que no haya ningún control sobre cómo se ejercen esas escuchas. Entendemos que el mandato del procurador debería tener un período, como ocurre en los países limítrofes donde hay regímenes acusatorios”.
El diputado Mestre (UCR) acotó: “La procuradora tendrá a su cargo la Secretaría General de la Procuración General, el Consejo General del Ministerio Público Fiscal, las fiscalías de distrito, las unidades fiscales de fiscalía de distrito y las procuradurías especializadas. No solamente va a tener la facultad de designar a los fiscales, sino también de removerlos. La propia procuradora va a formar parte de ese tribunal de enjuiciamiento ejerciendo la presidencia”.
También se apuntó a las subrogancias por no ajustar al texto constitucional que exige concursos y la intervención de distintos organismos.
Además, se cuestiona que ahora el Consejo de la Magistratura pueda elaborar cada seis años una lista de conjueces "para cada fuero, jurisdicción e instancia" y luego enviarla al Poder Ejecutivo. A su vez, el Gobierno deberá girarla al Senado para su acuerdo. Si la Cámara alta no aprueba la lista recibida, el Consejo quedará habilitado para nombrar subrogantes en los puestos vacíos sin necesidad de tener su apoyo. Esos magistrados podrán quedarse en su puesto hasta 90 días, prorrogables.
Luego, el Código Procesal Penal Federal no se aplicará a la Justicia Federal. No hay fecha de inicio de aplicación de este nuevo régimen procesal penal federal a la Justicia Federal, pero sí en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no regirá para delitos de corrupción por ejemplo, o de narcotráfico.

miércoles, 6 de mayo de 2015

La oposición contraataca con el juicio político a Boudou, Timerman y Gils Carbó

Horas después de que La Cámpora renovara la conducción de la Comisión de Juicio Político y propusiera para la semana próxima analizar un proceso de destitución contra el juez de la Corte Carlos Fayt, diputados del PRO y la UCR pidieron avanzar con los expedientes presentados contra el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por "mal desempeño de sus funciones".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Luego de que el kirchnerismo renovara la conducción de la Comisión de Juicio Político, los diputados nacionales Laura Alonso, Pablo Tonelli (Unión Pro) y Manuel Garrido(UCR) rechazaron el posible enjuiciamiento del juez supremo Carlos Fayt y, en cambio, pidieron avanzar con los expedientes presentados contra el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procuradora general de la Nación,Alejandra Gils Carbó.
 
Laura Alonso, vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político, expresó que "este intento del Frente para la Victoria de pedir juicio político contra Fayt es inviable porque no le dan ni los números en el recinto ni los tiempos”. “Es una abierta presión sobre la Corte Suprema de Justicia que no podemos permitir porque se trata de un poder del Estado que es independiente”, afirmó.
 
Además, la diputada pidió el tratamiento en el recinto de los pedidos de juicio político a Boudou, que fueron rechazados por la comisión. "Hay un orden del día que fue aprobado el año pasado en la comisión sobre el juicio político a Boudou. Pediremos que se trate en la Comisión de Labor Parlamentaria para que se incorpore al temario de la próxima sesión ordinaria”, indicó.
 
A su vez, Pablo Tonelli aseguró que "el cambio de autoridades en la Comisión de Juicio Político constituye el comienzo de una escalada contra el Poder Judicial, que comenzará con el juez Fayt y seguramente seguirá con otros magistrados”. "Deberemos estar muy atentos para defender la independencia de la justicia y la República", advirtió.
 
Garrido, en tanto, aseguró que “el espacio correcto para evaluar la idoneidad de un juez de la Corte es la Comisión de Acuerdos del Senado, que no llamó a Fayt en más de 20 años”, en lugar de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
 
El radical sostuvo que “es lamentable que la Presidenta decida avanzar en su guerra contra el principal logro de Néstor Kirchner, que fue tener una Corte independiente”.
 
Recordemos que Fayt ha sido blanco de un embate de la Casa Rosada, que lo cuestiona por su capacidad intelectual a raíz de su avanzada edad (97 años). De hecho, el jefe de Gabinete,Aníbal Fernández, lidera la embestida: tanto ayer como hoy no se ahorró críticas y hasta pidió "pericias" para determinar si "está en condiciones de ejercer el cargo" (ver notas relacionadas).
 
La realidad es que el Gobierno de Cristina Fernández está ansioso por una vacante más en la Corte Suprema, para lo cual La Cámpora se apoderó hoy de la presidencia de la Comisión de Juicio Político de Diputados y ya impulsa la buscada destitución.
 
El bloque de diputados del Frente para la Victoria anunció este mediodía que Anabel Fernández Sagasti asumió como nueva presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja y propuso para la semana próxima analizar un proceso de destitución contra el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt.

miércoles, 15 de abril de 2015

En Casación, la denuncia de Nisman quedó en manos de Justicia Legítima

El expediente no ingresó este míércoles al tribunal penal y a partir de mañana (16/04) el fiscal de cámara a cargo es Javier de Luca, el militante de la agrupación judicial alineada con el Gobierno que Germán Moldes intentó evitar.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Pese a los esfuerzos del fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, su apelación contra el fallo que desestimó la denuncia de Alberto Nisman acusando a la presidente Cristina Fernández será tratado por un militante de Justicia Legítima ante la Cámara de Casación. 
Es que el expediente no ingresó este miércoles al máximo tribunal penal y a partir de este jueves 16/04 el fiscal de turno será Javier de Luca, integrante de la agrupación judicial alineada con el Gobierno Nacional y que conduce la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
 
Luego de que la Sala I de la Cámara Federal desestimara la denuncia, Moldes había anticipado que actuaría con celeridad para evitar que la causa llegue a manos de "algún militante Justicia Legítima", que eventualmente dejara morir la causa sin que llegue siquiera hasta los jueces del tribunal.  
 
Dicha Sala dio curso a la apelación este martes, días después de haber desestimado un pedido de recusación contra Moldes. 
 
Y este miércoles el fiscal de cámara hizo una presentación para que el expediente sea enviado este mismo día a Casación en un último intento de eludir a de Luca. No lo consiguió. 
 
La denuncia fue presentada en enero por el entonces fiscal especial de la causa AMIA. En la misma sostenía que la Presidente, el canciller Héctor Timerman y otros personajes del universo K idearon un plan para "fabricar la inocencia" de los iraníes imputados de la voladura de la mutual judía ocurrida en 1994 a cambio de beneficios económicos para el país. 
 
4 días después Nisman fue hallado muerto de un disparo en su cabeza en el departamento de Puerto Madero en el que vivía. 
 
La denuncia fue luego impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero desestimada en 1ra instancia por el juez Daniel Rafecas
 
La causa llegó hasta la Cámara Federal donde la Sala I ratificó el fallo por 2 votos contra 1. 
 
Ahora será el máximo tribunal penal el que defina si se abre o no una investigación por encubrimiento contra la presidente de la Nación. Siempre y cuando de Luca le dé impulso.

domingo, 1 de marzo de 2015

Tras el fallo de Rafecas: Lorenzetti escuchó a CFK al lado de Gils Carbó

El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti asistió al Congreso de la Nación a escuchar a Cristina Fernández, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo e incluso señalado por este sector como uno de los hacedores del "golpe blando", se mostró al lado de la polémica Procuradora Alejandra Gils Carbó en un gesto de conciliación entre el kirchnerismo y la justicia.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien muchos referentes del kirchnerismo lo culparon por ser uno de los gestores del "golpe blando" contra Cristina, se sentó al lado de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, brazo judicial del oficialismo, convirtiéndose en una de las fotos de la jornada.
En días turbulentos para la Justicia, con fallos adversos para algunos funcionarios del Gobierno y decisiones favorables como la desestimación de la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, las cuestiones de protocolo, que en el kirchnerismo nunca son casuales, hicieron que Lorenzetti esté junto a la mujer que está en el centro de las críticas opositoras por su manejo judicial.
Juan Manuel Pedrini diputado K dejó traslucir lo qué algunos oficialista piensan del ministro de la Corte. "El General Lorenzetti encabeza el golpe en Argentina", lanzó.
De otro lado, Gils Carbó acumula una catarata de cuestionamientos por su rol en la Procuración, que ahora sumó más poder tras la sanción de la Ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia y le transfiere el control de las escuchas telefónicas. El juez Claudio Bonadio, que investiga los negocios hoteleros de Cristina, le pidió el juicio político.
Dos caras de la Justicia en el último año de la Presidenta. Codo a codo, en la 133° apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

lunes, 9 de febrero de 2015

"Siento que la Presidenta está bailando sobre el cadáver de Nisman"

La diputada nacional, Elisa Carrió, volvió a apuntar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó y al jefe del Ejército, César Milani, por la muerte de Alberto Nisman. Pero también fue muy dura con Cristina Fernández cuando dijo esta mañana (9/02): "Siento que la Presidenta está bailando sobre el cadáver de Nisman". En tanto, a Milani le pidió que “no me mate”.


La diputada nacional Elisa Carrió, vinculó la muerte de Alberto Nisman con una supuesta operación de inteligencia ligada al jefe del Ejército, César Milani.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- "Siento que la Presidenta está bailando sobre el cadáver de Nisman", disparó esta mañana (9/02) la diputada nacional Elisa Carrió, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias a la vez que confirmó su asistencia a la marcha del silencio por la muerte del fiscal especial del caso AMIA, para el 18 de febrero próximo, con motivo de cumplirse 1 mes de su muerte.
Carrió también volvió a apuntar contra el Jefe del Ejército, César Milani y la Procuradora, Alejandra Gils Carbó: "Le digo al señor Milani: no me mate" y lo involucró en una "operación de la nueva inteligencia en la Argentina, presidida por el jefe del Ejército”.
Sobre Gils Carbó dijo: "La Procuradora General no defiende la ley, defiende a un Gobierno y encubre sus delitos; es una criminal", en declaraciones a Radio Mitre también esta mañana.
Luego de que la diputada presentara una denuncia contra la Presidenta, Milani, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y la procuradora general de la Nación, por "encubrimiento" del "crimen" del fiscal Nisman, el jefe del Ejército anunció el domingo (8/02) que tomará acciones legales contra Carrió.
"Le digo a Milani: todos los corruptos me hicieron acciones legales, pero que no me mate. Le digo a Milani: no me mate", fue la respuesta de la líder de la Coalición Cívica.
La denuncia que presentó Carrió fue sorteada y recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide. La precandidata a presidente reiteró que recusará al magistrado. "Cada vez que denuncio a Aníbal Fernández, cae en el juzgado de Oyarbide. Este es el juez más corrupto de la Nación. Es el operador del Gobierno en la justicia. La denuncia, que va a tener más datos, no se la voy a dar a Oyarbide, que es como dársela al Gobierno", se quejó.
"Es inadmisible que un secretario general de la Presidencia conduzca una causa desde una conferencia de prensa a la mañana", completó.
Sobre l amarcha del silencio, consideró que "creo que una marcha de silencio es una marcha no violenta" y aseguró que "esta va a ser una manifestación al revés de ellos (el poder Ejecutivo) que patotean; esto es una marcha de silencio, no violenta".
"Quiero que el pueblo marche a defender y liberarse de este autoritarismo furioso que ya empieza a matar", reclamó.
Por último, sobre el tratamiento en el Congreso de la Ley de Inteligencia, adelantó su postura parlamentaria: "Creo que en principio no hay que ir, no hay que estar (cuando se debata la nueva Ley de Inteligencia) y tampoco hay que estar cuando la Presidente vaya a hablar al Congreso", para inaugurar las sesiones ordinarias.

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