Papelonazo: Nueva treta K para forzar al BoNY a renunciar... y no pagar

¿Se viene un nuevo juicio? ¿Cuánto habría que pagar al BoNY si no renuncia? Después de negar el default por un pago que se hizo pero que nunca llegó (?), el Gobierno de Cristina Fernández echó al BoNY de la Argentina, y logró aprobar la Ley de Pago Soberano, por la cual puede removerlo como agente fiduciario si no cumple con el pago. Pero, ¿por qué no lo remueve? Pues, el macabro juego de palabras para colorear tristes realidades puede salir muy caro a la Argentina si el BoNY no se aparta por voluntad propia. Una decisión poco esperable.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) "La República Argentina, en cumplimiento del contrato con los tenedores que adhirieron al canje, ha procedido al pago de los servicios de capitales e intereses", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando precisó que se había procedido al pago de los servicios de capital e intereses de los bonos bajo ley extranjera por US$832 millones, de los cuales 539 millones fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellon (BONY) en el Banco Central (BCRA).

 

Y aclaró que los dueños de los fondos depositados por la Argentina son los "bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda".

 

"La ejecución del pago en tiempo y forma implica advertir" que los "verdaderos dueños" de los fondos depositados por la Argentina son los "tenedores de bonos que adhirieron voluntariamente al canje", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

 

En este contexto, Kicillof sostuvo que la Argentina "cumplirá sus obligaciones" de pago de deuda porque "acatar una sentencia no puede exigir el incumplimiento de las obligaciones asumidas".

 

Como se esperaba (y esperaba también el gobierno), el juez Thomas Griesa ordenó inmediatamente al Bank of New York Mellon "retener" el pago de deuda de US$539 millones que realizó el Estado argentino y, al mismo tiempo, lo declaró "ilegal" al considerar que es violatorio de la sentencia de pago a los fondos buitre.

 

La orden del juez decía textualmente: "el BNY debe retener los fondos en sus cuentes del BCRA (Banco Central de la República Argentina) y quedar pendiente de futuras órdenes de la Corte, y no debe hacer ni permitir ninguna transferencia de fondos a menos que lo ordene la Corte"

 

"Los tenedores de una mayoría de capital acumulado de los títulos de deuda en circulación, de cualquier serie, podrán remover al agente fiduciario del cargo en cualquier momento y designar a un sucesor", dijeron desde el Ministerio.

 

Todo ello, amplió la cartera económica, "sin perjuicio de la posibilidad de promover activamente las otras acciones que resulten pertinentes para hacer valer sus derechos -toda vez que se le están reteniendo indebidamente fondos que son de su exclusiva propiedad-, entre ellas la de apelar las órdenes judiciales de la Corte de Distrito Sur de Nueva York que consideren contrarias a sus intereses, o de iniciar las nuevas acciones judiciales que estimen corresponder. No obstante, la República Argentina continuará desarrollando los cursos de acción destinados a defender y preservar sus derechos y los de los bonistas".

 

Sin embargo, aclaró que el aviso no tenía que entenderse como un asesoramiento legal por parte del Gobierno.

 

Mientras sostenía el juego de palabras mediante el cual negaba que la Argentina hubiera entrado en default, porque aún en el BoNY, el pago a los bonistas ya había sido efectuado, aunque de ello sólo se contabilizara un depósito que nunca se giró a los acreedores, el Gobierno se apresuró a realizar el cambio de jurisdicción y a echarlo de la Argentina. 

 

Entre los fundamentos de la decisión, con fecha del 25 de agosto, el Banco Central reveló que el banco no registró "operaciones activas vigentes desde el período que finalizó en diciembre de 2012 y que dicha entidad es la única que no cuenta con financiamiento a residentes del país desde enero de 2013 hasta la fecha".

 

Pocos días después, el Gobierno logró aprobar la ley N°26.984 de Pago Soberano, que autorizaría al Poder Ejecutivo a remover al BoNY como agente fiduciario contratado por decreto para el pago a bonistas en el canje de 2005. 

 

¿Por qué pidió entonces su renuncia? 

 

Pues, el plan del Gobierno no libra al país de juicios que pueda hacer esa entidad. 

 

Y si el BoNY está fuera del juego por no cumplir con su obligación de pagar, ¿la Argentina entró definitivamente en default, según la explicación del Gobierno?

 

¿Cómo salir del enredo y cómo sortear estos dos grandes problemas:

 

- evitar un juicio del BoNY, y sobre todo, una abultada indemnización, y

 

- admitir el default en el que entró el país por no pagar en tiempo y forma?

 

Logrando que el BoNY renuncie y devuelva el dinero depositado (casi, se podría decir, por capricho). 

 

Pero, ¿cuántos creen que el banco se irá sin reclamos? La falta de pago (que primero fue "pago" para negar el default, y luego "no pago" para que el BoNY renuncie) no fue decisión del banco, que acató órdenes de la Justicia, en cual, sin dudas exigirá al menos una indemnización de parte de la Argentina.

 

"El BONY tiene una orden judicial del juez (Thomas) Griesa que no pudo desobedecer. No es que no tiene capacidad para cumplir con el contrato. Tiene una orden judicial que le dice: usted no paga hasta que Argentina le pague a los holdouts. El Bony se volvió incapaz de actuar. Y ahora estamos yendo a que nos hagan un juicio y que los contribuyentes argentinos tengamos que pagar un juicio muy innecesario", declaró Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas del Gobierno cuando Roberto Lavagna lanzó el primer canje de deuda.

 

Además, el economista encendió luces de alarma sobre el pago que el Gobierno pretende realizar antes del 30 de septiembre a través de Nación Fideicomisos. Dijo que si se utiliza ese mecanismo, los fondos son embargables.  "El 30 de septiembre la Argentina va a depositar la plata de la renta del bono par, pero va a poder pagar. Y esta vez es más grave porque no sabe a quién pagarle porque no tiene el software ni la información que hoy tiene el BONY", argumentó.

 

Por otro lado, Martín Pitton, abogado y periodista, explicó en 'FM Identidad': "La Argentina pide que devuelva la plata, lo que es contradictorio con lo que la Presidente decía que la Argentina había pagado", pues el "pago se cancela cuando la plata se encuentra en la cuentas de los acreedores, no del agente fiduciario".  

 

Y concluyó: "Si la Argentina pide que se devuelva la plata, es porque la Argentina no pagó y  si no pagó estamos en default. Y esto es lo está diciendo el propio Gobierno en la solicitada de hoy."