Crece la mano ¿ilegal? del kirchnerismo en la Justicia

Dijo que iban por todo... y allí van. Cuanto más dolores de cabeza le trae la Justicia al kirchnerismo, mayor es el avance del Ejecutivo sobre ésta. Así, mientras avanza el juicio político al fiscal Campagnoli, el Gobierno busca remover a dos camaristas que fallaron a favor de los jubilados; al juez Blanco, cuya medida más famosa fue la detención de Leonardo Fariña, el presunto valijero de Lázaro Baez, y plasmar aquella fallida reforma judicial que impulsó el Gobierno y que fracasó, siempre, claro, en pos de la impunidad.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Asociación de Magistrados emitió el siguiente comunicado sobre "Sobre la designación y estabilidad de los jueces subrogantes", que publicó anoche el 'Centro de Información Judicial': 

 

"La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifiesta su profunda preocupación por lo resuelto por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación mediante dictamen nº 29/2014, de fecha 5 del corriente mes, por medio del cual se recomendó al Plenario de ese Cuerpo dejar sin efecto la subrogación que viene desempeñando el magistrado titular del Juzgado Federal nº 1 de La Plata, doctor Manuel Humberto Blanco, en el Juzgado Federal nº 3 de esa jurisdicción, y designar en su reemplazo a un secretario de ese tribunal.

 

El referido dictamen nº 29/2014 fue votado y suscripto por los consejeros doctores Julián Alvarez; Eduardo de Pedro; Carlos Moreno; Manuel Urriza y Mario S. Fera.

La ley nº 26.376 prevé que los juzgados nacionales y federales se cubrirán: “a) Con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción…; b) por sorteo entre la listas de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo nº 3 de la presente ley”, por lo que la subrogación del doctor Blanco cumple con todos los requisitos legales.

 

Por su parte, el artículo 1º, inciso c), del Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación, (resolución C.M. nº 8/2014), expresamente prevé: “Los magistrados subrogantes permanecerán en el cargo hasta tanto se reintegre el titular en caso de licencia o suspensión, hasta la designación y jura del nuevo juez titular en caso de vacancia, o hasta que se concluyese la causa judicial en la que interviene en caso de excusación o recusación”.

 

El Juzgado Federal nº 3 de La Plata, actualmente subrogado por el doctor Blanco, se encuentra vacante por renuncia de su titular, por lo que la subrogación que viene desempeñando el doctor Blanco sólo puede cesar ante la designación y jura del nuevo magistrado titular o circunstancias objetivas que aconsejen el relevo del subrogante (que en este caso no fueron invocadas por el subrogante ni el tribunal de superintendencia).

 

Es oportuno destacar que la estabilidad de los jueces subrogantes, en tanto dure la causal por la que fueron designados, responde a elementales principios sentados por los Organismos Internacionales. Los cargos judiciales no deben encontrarse sujetos a disponibilidad administrativa, pues provisionalidad no equivale a libre remoción (Corte Interamericana de Derechos Humanos en autos “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, rta. 5-5-2008).

 

Por lo demás, la propuesta de la Comisión, que en los hechos importa la “remoción” de un juez subrogante, pretende cubrir la vacante con un secretario judicial que no cumple con los requisitos fijados por el Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación.

 

El citado reglamento otorga preferencia a los secretarios que obtuvieron las mejores calificaciones en el último concurso que se hubiese convocado para cubrir cargos en el fuero o jurisdicción; calidad que no asiste a la persona propuesta en franco perjuicio de funcionarios que concursaron y obtuvieron las mejores calificaciones en concursos pasados. Ello, obviamente, sin perjuicio de las calidades funcionales y personales que el funcionario propuesto pudiese ostentar.

 

Con base en todo lo expuesto, esta Asociación exhorta al Consejo de la Magistratura de la Nación a cumplir con las pautas legales y constitucionales vigentes, y los criterios que emanan de los Organismos Internacionales, en lo que respecta a la designación y estabilidad de jueces subrogantes."

 

Ocurre que el kirchnerismo propuso correr al juez federal de La Plata Manuel Blanco, que es además el juez electoral del juzgado penal que subroga.

Por ello, la Asociación de Magistrados denunció anoche que se trata de una propuesta "ilegal" y hoy deberá resolver el tema el plenario del Consejo de la Magistratura.

En su papel de subrogante, la medida más famosa de Blanco fue la detención de Leonardo Fariña, presunto valijero de Lázaro Baez, en un caso por evasión.

Pero Blanco no es un juez más.

El año pasado se hizo cargo de esta subrogancia en el juzgado 3, pero lleva 29 años como titular del juzgado federal 1 de La Plata, el único con competencia electoral.

Como tal, es quien controla las listas, los comicios y los resultados de todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Si el oficialismo logra correrlo del juzgado 3 y poner a otro subrogante en su lugar, éste podría, a futuro, reemplazar al propio Blanco en su rol de juez electoral.

El reglamento indica que quien está al frente del juzgado 3 cubre el juzgado 1 en caso de vacancia. O sea que si Blanco debiera, por ejemplo, tomarse licencia el año próximo, sería el nuevo subrogante quien ocupe el poderoso juzgado 1 en pleno año de elecciones.

El reemplazante propuesto para el juzgado 3 es el secretario federal Jorge Di Lorenzo, según informa hoy el diario 'La Nación'.

Lo candidateó la semana pasada la Comisión de Selección del Consejo, que preside el camporista Eduardo de Pedro, con los votos de cuatro kirchneristas y del juez Mario Fera.

No es este, sin embargo, el único embate K contra la Justicia. 

Mientras avanza el juicio político al fiscal Campagnoli, el Gobierno procura además remover a dos camaristas que fallaron en favor de los jubilados.  

A todas las vicisitudes que sufre el fuero de la Seguridad Social, donde se concentran los juicios de los jubilados, se suma así la absurda decisión adoptada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de promover la inmediata suspensión y el posterior proceso de remoción de los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social Luis René Herrero y Emilio Fernández, por el solo hecho de hacer cumplir la ley.

La denuncia la efectuó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Se trata de jueces integrantes del fuero que recibe los planteos de los jubilados, generalmente referidos a reajustes de sus haberes. Es un fuero colapsado por la cantidad de expedientes en trámite que se acumulan a raíz de la pertinaz política del Gobierno. Esa política es aplicada por la Anses y consiste en apelar las sentencias en su contra, sentencias que no hacen sino reconocer el legítimo derecho a los reajustes jubilatorios con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Esas apelaciones agregan años al ya de por sí largo camino de los juicios que deben transitar los jubilados, con el agravante de que la Anses se había comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a no apelar las decisiones judiciales adversas.

Según publica hoy el matutino mencionado, "la situación de saturación de expedientes por reajuste de haberes ha determinado incluso que los nueve jueces que integran la Cámara Federal de la Seguridad Social, mediante una acordada de principios del corriente año, tuviesen que solicitar auxilio a la Corte Suprema de Justicia, que dictó una acordada que dispuso redistribuir las apelaciones que se concentraban en la Cámara de la Seguridad Social entre todas las cámaras federales del país.

Salta a la vista que el colapso del fuero obedece casi exclusivamente a una actitud del Gobierno que ha sido una constante: perjudicar y estafar a los jubilados, al mismo tiempo que, mediante un discurso muy poco veraz, se atribuye logros en materia previsional, a la vez que hipoteca los recursos de la seguridad social .

Ahora, el castigo permanente a los jubilados se pretende extender a los camaristas que, paradójicamente, se han caracterizado por procurar mitigar la situación de quienes, tras una vida de trabajo y aportes, se ven obligados a tener que recurrir a la Justicia para que el Gobierno no siga perjudicándolos .

El camarista Herrero ha realizado ajustadas críticas a la política del Gobierno de apelar los fallos que favorecen los reajustes jubilatorios, a pesar de que la Corte ya tiene dicho que deben ser abonados en tiempo y forma. Herrero y Fernández son conocidos por varios fallos que beneficiaron a jubilados, mediante medidas cautelares que ordenan que a quienes reclaman se les ajusten los haberes mensuales en forma inmediata, sin necesidad de esperar el final del juicio."

La embestida K no tiene muchas posibilidades de éxito ya que el dictamen debe ser votado en el plenario del Consejo de la Magistratura por dos tercios de los consejeros presentes para que prospere y el oficialismo no cuenta con esos votos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires puso de manifiesto que la deuda acumulada por la Anses en concepto de reajuste de haberes reviste proporciones extraordinarias.

Las causas en trámite que tienen como demandada a la Anses suman casi 340.000 y representarían un stock de deuda del orden de los US$6100 millones, según el matutino.

"Ante la persistente política de demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados y el notorio desvío de aportes previsionales, resulta ahora -sostiene el comunicado- que el dictado de determinadas sentencias a favor de dichos jubilados, como lo son las medidas cautelares dispuestas por Herrero y Fernández, pretende ser utilizado para intentar justificar su remoción."

La política real del Gobierno con los jubilados y con quienes reconocen sus derechos vulnerados sin cesar exhibe una crueldad sin par que confirma, una vez más, el doble mensaje en la declamada defensa de los derechos humanos.

La embestida contra los dos camaristas se suma a otros ataques a la Justicia como la absurda suspensión del fiscal de instrucción José María Campagnoli y su envío a juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones en una causa en la que investigaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez. "Se ve que mi investigación tuvo consecuencias en varios lugares -sostuvo Campagnoli- y por lo tanto es necesario ahora sacarme del medio para que la investigación caiga o no prospere."

O la designación, oficializada ayer, de numerosos conjueces para la Corte Suprema de Justicia y las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en lo Contencioso Administrativo, en lo Penal Económico y en lo Civil, todas de la Capital Federal, y también para las cámaras federales de Mendoza, Rosario y Paraná, la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Cámara Nacional Electoral.