Magistratura: Día clave para Oyarbide y la protección de Cristina

Este jueves (20/03) la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura tratará las denuncias contra el juez federal Norberto Oyarbide, por haber confesado que detuvo un allanamiento a una financiera después de recibir una llamada telefónica desde la Casa Rosada del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi. La semana pasada, los consejeros del kirchnerismo se negaron a tratar las denuncias contra Oyarbide y pospusieron todo para este jueves. Desde la oposición quieren que se suspenda al magistrado o avanzar directamente sobre el causal de mal desempeño. El Consejo convocó a Oyarbide para que explique los hechos que encuadran el presunto delito de “tráfico de influencias”.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Día clave paraNorberto Oyarbide pero también para el Gobierno nacional, que la semana pasada logró postergar el tratamiento de la situación del juez para este jueves (20/03). El Consejo de la Magistratura analizará si el magistrado cometió el delito de “tráfico de influencias” cuando confesó que recibió un llamado de la Casa Rosada para frenar un allanamiento en una financiera. Oyarbide fue convocado a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura donde se lo notificará de las denuncias en su contra y tendrá la oportunidad de responder.
La cuestión, que ya planteamos en Urgente24 días atrás es si Casa Rosada le está soltando la mano al magistrado y si va perdiendo el temor a que 'prenda el ventilador' ("el primero que va en cana es él" se le habría escuchado decir a un importante integrante de La Cámpora, como se ve en el caso Liuzzi), el kirchnerismo comenzaría a dejar al juez librado a su suerte porque los escándalos ya son demasiados y el horno no está para bollos. Todo indica que Oyarbide tiene los vínculos destruidos con Javier Fernández, y desde La Cámpora ya no estarían interesados en 'bancarlo'.
En el Consejo de la Magistratura - cabe destacar que Oyarbide cuenta ya con 10 denuncias allí- desde la oposición hay distintas posiciones sobre qué hacer con el juez. El radical Mario Cimadevilla, quiere adelantar pasos y que se cite al magistrado directamente como acusado de mal desempeño, según revela este 20/03 el diario La Nación.
Pero el consejero Alejandro Fargosi, piensa que hay que "suspender" a Oyarbide en sus funciones porque "incumplió con los deberes de un juez e incurrió en una causal de juicio político. No hay que darle vueltas al tema: debe imputárselo y suspenderlo".
Y abundó: "El kirchnerismo defiende a Oyarbide y seguramente va a demorar las investigaciones, simulando que avanza cuando en realidad, empezará un trámite larguísimo, quizás de años". Para Fargosi, "justificar" el accionar del magistrado sería "absurdo" por lo que pidió su suspensión. "Hay que aplicar el Código Procesal Penal, como lo permite la ley del Consejo", sentenció.
En tanto, el diario Clarín revela que confiando totalmente en los dichos de Carlos Liuzzi, el subsecretario Legal y Técnica de la Presidencia que pidió detener en allanamiento en Propyme, el juez federal Norberto Oyarbide llamó a Sergio Berni, secretario de Seguridad, para quejarse por los policías que estaban allanando la financiera. Era el 19 de diciembre, el día del polémico allanamiento por supuesto lavado de dinero.
Según el matutino, el pedido del juez en medio de gritos y enojos del magistrado, fue: “Haga algo con estos policías” que habrían estado pidiendo coimas.
La orden de suspender el allanamiento ya se había ejecutado por Oyarbide que se quedó en una fiesta escuchando ópera.
En tanto, ayer la Justicia amplió la causa en la que se investiga al juez Oyarbide por detener el allanamiento. Ahora se tratará de determinar si la conducta del juez es delictiva y si puede considerarse una violación de sus deberes de funcionario, un tráfico de influencias o encubrimiento.
Eso ocurre paralelamente a la convocatoria del Consejo. En la causa penal, el fiscal Ramiro González pidió que juez Luis Rodríguez investigue tanto al grupo de policías acusados de pedir coimas durante el operativo como al juez Oyarbide, que frenó el procedimiento. El magistrado argumentó que tomó la decisión porque el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia,Carlos Liuzzi, le informó que una comisión policial estaba extorsionando al dueño de la financieraGuillermo Greppi, pidiéndole US$ 300.000 para dar por concluido el allanamiento.
Liuzzi también está alcanzado en esta ampliación de la causa iniciada por la denuncia de los diputados nacionales Manuel GarridoJosé Cano y Mario Negri (UCR), recordó La Nación. Allí se analizará si cuando el funcionario habló con Oyarbide actuó denunciando un delito que llegó a su conocimiento -porque Greppi le avisó- o si buscó frenar el procedimiento para no perjudicar a su amigo.

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