ADEPA repudió los agravios del Gobierno a Lanata

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en repudio a los reiterados agravios del Gobierno, a través de su cuenta oficial de twitter y de varios de sus principales funcionarios, por el informe periodístico emitido por el programa Periodismo para todos de Jorge Lanata en el que se denunció una misteriosa escala presidencial en las islas Seychelles.


El comunicado:
En la noche del domingo pasado, mientras se emitía por canal 13 el programa Periodismo para todos, en la cuenta de la Casa Rosada en Twitter se proporcionaron detalles vinculados al viaje que realizó Cristina Kirchner, en enero pasado, a las islas Seychelles. A través de una serie de tuits y de un comunicado en la página web de la presidenta, se intentó rectificar datos vertidos en el informe que estaba presentando Jorge Lanata.
Todo funcionario tiene pleno derecho a rebatir una versión periodística. Lo que excede los límites propios del respeto a la libertad de expresión y al rol que le cabe al periodismo en toda democracia, es el agravio. En el comunicado del domingo se denomina a Lanata "sicario de Magnetto" y se lo acusa de "infundir odio en sectores de la sociedad en contra de la Presidenta de la Nación para llevar a cabo su plan maquiavélico de incitación a la violencia".
El uso de estos términos dentro de un mensaje transmitido a través de un canal de comunicación oficial agrava el caso. La injuria y la imputación de delitos proferidos por la máxima autoridad de un país contra un periodista afectan la libertad que requiere el ejercicio del oficio periodístico.
El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, fue más directo. "Es un asesino mediático", afirmó en declaraciones a Radio 10, refiriéndose a Lanata. Por su parte, la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, dijo que "la intención de fondo es dar un golpe institucional a la democracia".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) solicita a los funcionarios que eviten el uso de descalificaciones y ataques en sus discursos. Su uso socava las bases de toda convivencia democrática. Puede ser un disparador para la violencia que el Estado está obligado a contener.

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