Cristina camina hacia un conflicto de poderes

Vamos a actuar con firmeza . Este gobierno sólo retrocede ante la firmeza. Uno de los jueces más importantes del país hizo ese anticipo pocas horas antes de que unarocambolesca reunión de Diputados aprobara la parte más significativa (y la más grave también) de la reforma judicial cristinista. La Presidenta ha logrado abroquelar a una inmensa mayoría de los jueces en contra de su decisión de deponer a la Justicia. La fisura que en el mundo judicial había abierto en su momento Justicia Legítima se cerró ahora. Los jueces temen por su futuro en manos de un gobierno de jacobinos. El país camina hacia un casi insalvable conflicto de poderes.

Es probable que esta reforma naufrague antes de zarpar. No sólo viola cinco artículos de la Constitución; también va contra la opinión de una mayoría social. Ninguna política revolucionaria es posible, en democracia al menos, contra el criterio de amplios sectores sociales.

La colisión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia es una de las peores crisis institucionales de una República. Es lo que sucedió en los días recientes. Una crisis silenciosa, que se resolvió, por ahora, con duros mensajes y con más serias advertencias. Lo más revelador de ese conflicto soterrado fue la decisión de los jueces supremos del país: dieron y darán pelea. La eventual renuncia en bloque de la Corte, que ciertamente formó parte de las conversaciones de jueces afligidos, fue una consecuencia directa de aquella decisión de enfrentar la virtual destitución del tribunal.

Se habló mucho del papel que jugó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay, en el fondo, un gran desconocimiento del funcionamiento del máximo tribunal de Justicia del país. Se trata, en primer lugar, de un cuerpo colegiado. Su presidente tiene atribuciones administrativas y contribuye más que cualquier otro juez a elaborar la agenda del tribunal. Tiene, además, la representación institucional del cuerpo. Pero ninguna decisión política de la Corte (ni las resoluciones del tribunal) puede prescindir de la opinión de los otros seis jueces. Todos los magistrados de la Corte son personas con una larga trayectoria jurídica o política, que no permitirían que su presidente opinara o actuara por su exclusiva cuenta. El propio Lorenzetti ha cultivado permanentemente el diálogo y la consulta con sus pares. Yo no soy yo; yo expreso la opinión y el sentir de la Corte , suele repetir.

El caso de Elena Highton de Nolasco merece analizarse para llegar a la conclusión de que la posición crítica de los jueces de todas las instancias es casi unánime. La jueza es el único miembro del tribunal, entre los cinco nuevos, que llegó a la Corte directamente desde la carrera judicial argentina. Carmen Argibay era jueza en La Haya y Eugenio Zaffaroni había dejado de ser juez hacía mucho tiempo. La jueza Highton de Nolasco cultivaba en los últimos años cierta simpatía por la Presidenta. No era una militante, ni mucho menos, pero se inclinaba más por la comprensión de Cristina que por la crítica.

Sin embargo, ahora se pregunta con insistencia qué han hecho los jueces (ella lo es de cabo a rabo) para merecer semejante embestida del poder político. ¿Por qué los jueces hemos pasado a ser lo peor de la vida institucional argentina? , averigua, recurrente y molesta. Un fiscal que había asistido a la primera reunión de Justicia Legítima le advirtió al juez Alejandro Slokar, inspirador de esa corriente judicial junto con Alejandra Gils Carbó, que no contaran con él en adelante. Si nosotros no somos un poder contramayoritario perdemos nuestra razón de existir , le explicó. Entre Highton de Nolasco y ese fiscal hay una gran diferencia jerárquica, pero ambos pertenecen a una carrera que abrazaron desde muy jóvenes. Son ejemplos cabales de un Poder Judicial que se siente acosado por un gobierno que decidió agredir a la democracia con las herramientas de la democracia.

El Poder Ejecutivo nunca le envió a la Corte el proyecto con las reformas a la reforma que había conseguido Lorenzetti. Es cierto que esos cambios fueron impulsados por la advertencia de que el máximo tribunal tumbaría de un solo golpe las decisiones que tenían que ver con los recursos de la Justicia y con sus atribuciones. La Corte renunciaría, si al final terminaban deponiéndola como cabeza del Poder Judicial. Una presidenta asustada mandó los cambios, pero no los consultó con los jueces supremos. Éstos tuvieron acceso a esas modificaciones porque el presidente de la Asociación de Magistrados, Luís María Cabral, recogió en la Cámara de Diputados un papel suelto del Gobierno y se lo llevó. Las sospechas de pacto son imposibles cuando se conocen los detalles del conflicto.

Los detalles siguen siendo muy malos para la Corte. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, casi un prófugo político, podrá disponer de 5000 millones de pesos que la Justicia ahorró durante diez años. El Gobierno se adjudicó por sí solo, a través del Consejo de la Magistratura, la facultad de nombrar o no nombrar a los jueces interinos para el 30 por ciento de los juzgados vacantes que hay en el país. Era una facultad de la Corte o de las cámaras, que la perdieron.

El Ministerio de Justicia se llevó la conducción académica de la Escuela Judicial, que estaba en manos de un consejo académico presidido por el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. Maqueda había hecho ahí un trabajo que mereció el reconocimiento aquí y en el exterior. Se trata de una escuela que les enseña a los abogados, con aspiraciones a ser jueces, los rudimentos del oficio. El camporista Julián Álvarez, viceministro de Justicia, dijo en el Senado que en esa escuela deben entrar los nuevos vientos de la revolución cristinista. Y se la llevó. ¿Qué enseñarán ahora? ¿Acaso a administrar justicia con la prudencia y la elegancia de Guillermo Moreno?

El país ha perdido la noción de la normalidad. No es casual que un día después de la escandalosa aprobación de la reforma por parte de los diputados, Moreno haya hecho otra excursión por la intimidad de una empresa de medios periodísticos. Una intromisión cantinflesca que hubiera provocado un escándalo monumental en cualquier país con las cosas en su sitio. La violación de la intimidad del periodismo, el probable acceso a sus datos por parte del poder político, es siempre una ofensa a las libertades. El asalto político que sufrió el Grupo Clarín es propio de un gobierno que ha recibido la buena nueva de la impunidad judicial.

El país ha perdido también el sentido de las proporciones. Mauricio Macri puede exhibir los argumentos de una sociedad cansada de la dictadura de los violentos. De que hay una mayoría que reclama la reaparición del Estado. Pero eligió un mal momento político para dar respuesta a esas necesidades. El kirchnerismo estaba buscando un escándalo para cubrir su propio escándalo con la Justicia. Los duros enfrentamientos en el Borda y la injustificable golpiza al periodismo por parte de su policía le hicieron el favor que el kirchnerismo buscaba afanosamente. Cristina se aleja aún más de la clase media, es cierto, y se coloca en el riesgo teórico de una derrota electoral. El trabajo que resta lo debe hacer la oposición, pero ésta no puede evitar la pertinacia del error ni ha encontrado hasta ahora una atrayente fórmula política y electoral.

Al país lo aguarda una mayor confrontación política y un período de graves conflictos entre el Gobierno y los jueces. Hace pocos días, el papa Francisco, un auténtico líder moral de la Argentina, lo llamó a Giorgio Napolitano, el entrañable presidente reelegido de Italia, que aceptó entregarle a su país los últimos años de su vida. Usted es un ejemplo para mí, porque el acuerdo es siempre superior al conflicto , le dijo el Papa. El país del Papa habita en el conflicto permanente.