Cristina a gobernadores e intendentes: Los impuestos solo los subo soy Yo (¿?)

Durante 2012, la Nación le transfirió el ajuste fiscal a las provincias y municipios, y pretende repetirlo en 2013, de acuerdo a la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Ella pretende que provincias y municipios ajusten sus políticas impositivas a conveniencia de la Nación. El concepto es violatorio del federalismo. Luego, ¿por qué no reclama que ajusten el gasto, en todo caso, pero cuestiona las tasas tributarias? De hecho ella provocará 2 situaciones: la desobediencia de los alcaldes, en especial los bonaerenses, sus supuestos aliados; y el reclamo de ellos sobre los incumplimientos de la Nación en materia de obras públicas comprometida/prometida.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cristina Fernández de Kirchner advirtió a los intendentes municipales, en general, acerca de que ella se opone a la imposición de tasas sobre los combustibles y les exigió que moderen las alícuotas de Alumbrado Barrido y Limpieza (en el caso de Mauricio Macri, le agregó una objeción a una eventual tarifa de Subterráneos de $ 3,80, instalando así un precio que Macri no ha corroborado).
 
¿Cómo pretenderá Cristina, por ejemplo, que provincias y municipios afronten las presiones salariales 2013, que son muy altas por culpa de la inflación a la que apela la Presidente para financiarse parcialmente?
 
La Presidenta habló por cadena nacional antes de iniciar una gira internacional de 11 días, y ella les pidió a gobernadores e intendentes que moderen la suba de tributos locales para evitar una caída del consumo, pero no explicó acerca de las demoras de la Nación en cumplir sus promesas no coparticipables y más bien dejó en claro que seguirá transfiriéndoles el ajuste fiscal.
 
El asunto es muy grave porque, aún cuando gobernadores e intendentes intenten morigerar la polémica, ella intentó acotarles sus autonomías en materia de política de ingresos sin que exista, en realidad, nada que habilite a la Presidente de la Nación para ello.
 
Acerca de la tasa sobre los combustibles, el debate comenzó cuando el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, logró la aprobación de la Legislatura provincial para así financiar obras viales a las que la Nación desfinanció. La Nación decidió demandar a Córdoba y la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía debe pronunciarse sobre esa tasa que Córdoba está cobrando. Pero con su acción, Cristina logró desalentar a la Provincia de Buenos Aires aunque no a varios municipios bonaerenses que habían estudiado el tema. Mauricio Macri quiso imitar a De la Sota incorporando la tasa a los combustibles para ayudar a financiar el servicio de tren subterráneo pero el bloque del Frente para la Victoria lo presionó para que incorporase otros tributos y no ese.
 
Para entender qué está sucediendo, Urgente24 recordará algunos framentos de notas anteriores.
 
Los alcaldes
 
Días atrás, se citó al periodista Antonio Rossi, del diario Clarín, anticipando la situación a la que ahora aludió la Presidente de la Nación:
 
"Necesitados de recursos para poder afrontar los mayores gastos salariales y sociales y haciendo caso omiso a las advertencias de los funcionarios nacionales y provinciales, varios intendentes del Gran Buenos Aires arrancarán el próximo año con el cobro de un nuevo impuesto a los combustibles .
 
A partir del martes, comenzará a regir en 5 partidos del conurbano la “tasa vial municipal” por la cual los usuarios deberán pagar  $0,10 más por cada litro de naftas y gasoil y $ 0,05 por cada metro cúbico de GNC.
 
Los municipios que decidieron hacer punta con la aplicación de la nueva tasa vial son Moreno, San Miguel, General Rodríguez, San Fernando y Vicente López.
 
En el caso de Tigre e Ituzaingó, las autoridades locales –que ya cuentan con la aprobación de los concejos deliberantes– optaron por frenar la medida hasta marzo para ver si la provincia y la Nación cumplen con sus compromisos de mayores desembolsos de fondos.
 
En tanto, otros 10 municipios de las zonas norte y oeste del conurbano también tienen en las gateras iniciativas similares para replicar el cobro de la tasa vial en los primeros meses de 2013 en caso de que persistan las dificultades económicas y no aparezca la ayuda prometida de la administración de Daniel Scioli.
 
La tasa vial bonaerense –que implicará subas del 1,5% al 1,8% en el valor de los combustibles líquidos y del 2% al 2,3% en el caso del GNC– se suma a los fuertes ajustes de tarifas e impuestos que se conocieron a largo de diciembre.
 
La seguidilla arrancó con los nuevos cargos fijos para los servicios de energía eléctrica y gas y siguió luego con las actualizaciones de los boletos de trenes y colectivos, las subas en los peajes y el reciente incremento en los surtidores que aplicaron las petroleras.
 
Además, la provincia y todos los municipios agregaron una cuota extra al impuesto inmobiliario y a las patentes, junto con nuevas valuaciones fiscales que implicarán aumentos del 60% al 100% en las boletas a pagar en 2013.
 
Los intendentes del conurbano tomaron la idea de la tasa vial del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Castigado por la Nación que le había recortado el envio de fondos y sin plata para arreglar las rutas, De la Sota logró que la Legislatura provincial le aprobara a partir de setiembre el cobro de un recargo a los combustibles que oscila entre los 15 y 40 centavos .
 
Cuando los intendentes bonaerenses comenzaron a impulsar la tasa vial a fines de noviembre, tanto la Nación como la provincia salieron a bloquear la iniciativa. Ante el temor de que la medida se generalice en el resto del país, la administración kirchnerista le solicitó a la Corte Suprema que declare inconstitucional la tasa extra que impuso la provincia de Córdoba.
 
Por su parte, el gobierno bonaerense buscó frenar la ofensiva municipal con el argumento de que tenía en estudio una iniciativa similar para aplicar en todo el ámbito provincial.
 
Pero lejos de tomar en cuenta esos mensajes, los intendentes optaron por seguir adelante y asegurarse una fuente de recaudación extra que le permita reducir, en parte, la dependencia económica que tienen de La Plata y la Casa Rosada."
 
El déficit
 
Luego, se publicó de la consultora Economía & Regiones una proyección sobre la economía 2013, en especial el siguiente fragmento:
 
"A escala provincial, no prevemos grandes modificaciones en la dinámica fiscal. Por el lado de los recursos, si bien habría un incremento significativo en las transferencias federales (tanto automáticas como discrecionales), se volverá a incrementar la presión tributaria con el objetivo de evitar un ajuste del gasto en un año electoral. Al menos 11 jurisdicciones ya han aprobado o buscan implementar subas de alícuotas, principalmente en Ingresos Brutos e Inmobiliario. 
 
En forma global, los ingresos provinciales se expandirían un 28% (+5 pp vs 2012). Por la elevada incidencia de la partida de personal en la estructura de gastos, la definición de la pauta salarial determinará el tamaño del déficit anual. 
 
Prevemos que se sostendrá una política salarial “contenida”, similar a la de 2012, con aumentos en torno al 24%. Dado que cada punto de aumento salarial significa $1.700 millones de gasto adicional, las provincias necesitarán $40.000 millones para financiar los aumentos, a lo cual se suman los $15.000 millones provenientes de las actualizaciones por antigüedad y la anualización de los aumentos 2012. 
 
En síntesis, el gasto de personal se expandiría en $55.000 millones durante 2013, lo que se asemeja al total de recursos que se destinarían a erogaciones de capital. Con dicha pauta del 24% nuestro escenario base proyecta un déficit de $20.400 millones, un 6.5% mayor al cierre 2012.
 
En forma consolidada, el gasto provincial se incrementaría un 27%, tres puntos por arriba de la tasa 2012. Esta aceleración sería explicada por las partidas de capital, dado que los gastos corrientes mantendrían estable su ritmo de crecimiento. Esta dinámica obedece al clásico repunte en la ejecución de obras públicas durante un año electoral, las cuales pasarían de $29.000 a $37.000 millones, con mayor financiamiento discrecional (focalizado en aquellas jurisdicciones al Gobierno Nacional) y automático, a partir del sólido crecimiento esperado en
 
En lo que respecta a los servicios de deuda, se incrementarían un 35.5%, llegando a $21.100 millones, que sumados al déficit primario llevan las necesidades de financiamiento a $34.000 millones. 
 
En consecuencia, las provincias intensificarán la salida a los mercados de deuda, dado que la brecha financiera se incrementaría en $4.800 millones. Respecto a la asistencia financiera del Gobierno Nacional, el Presupuesto 2013 da cuenta que se continuará con la política de dejar a las provincias libradas a su suerte: la cuota presupuestaria destinada al Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales se reduce a $5.800 millones, desde los $15.000 millones presupuestados en 2012. Esta cifra permitiría cubrir el 17% de las necesidades financieras proyectadas para el 2013, restando financiar $28.200 millones."
 
La presión tributaria
 
La presión tributaria argentina supera con mucho la media de la región (que oscila el 20%) al ubicarse en el 37% del PBI, un nivel récord que, para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y la consultora Federico Muñoz y Asociados, es consecuencia del salto en las erogaciones estatales de la última década en los subsidios a las empresas uno de los pilares fundamentales.
 
El conjunto de presión tributaria reduce la capacidad de compra de la población, es cierto. Pero ¿por qué deben resignar sus ajuste provincias y municipios cuando la Nación no resigna nada? 
 
La Nación ni siquiera ajusta el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, pero pretende que gobernadores e intendentes acomoden sus tributos a la conveniencia de la Nación...
 
Por ese camino, se avanza hacia la rebelión fiscal.
 
Iaraf redactó un informe que da cuenta de que el aumento de la presión fiscal refleja que el objetivo de suficiencia, es decir recaudar recursos para el financiamiento del gobierno, es el primordial del sistema tributario argentino, por sobre los objetivos de eficiencia y equidad.
 
La entidad que dirige Nadin Argañaraz, señala que la presión tributaria efectiva (recaudación en porcentaje del producto) alcanzó en el 2011 35% del PBI, 54% más alta que la de 2000. En ese marco, sostiene que 2012 cerrará con una presión fiscal en nuevos máximos: en torno a 37%, que podría llegar a 39% si se computa el impuesto inflacionario.
 
En ese marco Iaraf atribuye el aumento de la presión tributaria en la última década, esto es durante el gobierno kirchenrista, a los Derechos de Exportación, el Impuesto al Cheque y a los Ingresos Brutos.
 
Por su parte, Federico Muñoz (de la consultora Federico Muñoz y Asociados) indica en su panorama semanal que el gasto público federal pasó de 12,9% en el segundo trimestre de 2003 (inicio de la era kirchnerista) a 22.3% en el tercer trimestre de 2012. “En poco menos de una década, el kirchnerismo aumentó las erogaciones federales en nada menos que 9,4 puntos del producto”, puntualiza.
 
Indica que el salto en las erogaciones se explica por ítems como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ley de Financiamiento Educativo o la virtual universalización de la jubilación básica, o los programas de generación de contenidos televisivos. “Pero todas juntas llegan a explicar la mitad del fenomenal aumento del gasto en la era K”. Al respecto, enfatiza “el festival de subsidios, hoy en 3,6% del PBI” es el principal factor que explica el crecimiento del gasto en los últimos diez años.
 
En noviembre pasado, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino advirtió que "el problema no es el tamaño del gasto público sino la falta de sentido estratégico y las deficiencias en su gestión. Para legitimar la alta presión impositiva se necesita un razonable rendimiento social en el uso de los fondos públicos", en el marco de una presión tributaria que creció 8 puntos del PBI y el gasto lo hizo en 12 puntos del PBI.
 
El campo padece también esta situación: En mayo, la presión tributaria y descuentos comerciales que pagan un productor bonaerense se llevaban el 84 por ciento de sus ingresos, y representa el pago de erogaciones anuales por 3.392 pesos por hectárea, según informó el Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
 
Brasil tiene un problema similar en cuanto a la presión tributaria. Se escandaliza la prensa de ese país pero acotan al pasar algo que debería provocar conmoción en la Argentina: solo supera a Brasil... la presión tributaria argentina.

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