Comunicados de ADEPA y la SIP por la denuncia de Clarín

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la asociación que nuclea a los editores de diarios, ADEPA, rechazaron hoy la inclusión de periodistas en una presentación efectuada ante la Justicia por el Grupo Clarín en la que pide se investigue si funcionarios cometieron el delito de "incitación a la violencia y coacción agravada".



"El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse de los constantes ataques que recibe del gobierno" de la presidenta Cristina Kirchner, "pero no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión", expresó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP mediante un comunicado.

Según señaló la entidad iberoamericana, la solicitud incluyó también "como propagadores" de "incitación a la violencia" a seis periodistas: Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.

La entidad destacó que el Grupo Clarín aclaró en las últimas horas que con la denuncia "no se busca imputar a periodista alguno", sino que "sólo serán testigos" para que, "de poseerla, aporten información sobre los hechos denunciados". Aunque Paolillo afirmó que aún como "testigos", los periodistas no pueden ser forzados a dar información sobre sus fuentes en la Justicia.

Ayer, los abogados del Grupo Clarín -José María Sáenz Valiente, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada- explicaron que "se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva (art. 212 del Código Penal)".

Asimismo, remarcaron que "la acción está orientada a revelar si la conducta del Estado y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable" y que "no se busca imputar a periodista alguno".

ADEPA, por su parte, opinó que "no debe judicializarse" la labor de los periodistas. 
"Ante la polémica generada por la denuncia penal iniciada por el Grupo Clarín por supuesta incitación a la "violencia colectiva", en la que se menciona a un grupo de periodistas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) recuerda que la labor de la prensa está sometida a eventual análisis judicial posterior sólo en caso de que, en ejercicio de la libertad de expresión, se haya cometido delito o se haya causado daño civil", expresó en un comunicado.

"No obstante, esta entidad ha advertido en reiteradas ocasiones la inconveniencia de judicializar innecesariamente el trabajo de la prensa, así como formular acusaciones genéricas contra periodistas y medios de comunicación, aun en un ámbito extrajudicial. Ello puede condicionar el libre ejercicio de la actividad y plantear un contexto de violencia moral que termine actuando como mecanismo indirecto de censura previa", indicó.

El texto agrega que "los periodistas no deben ser citados como testigos para revelar las fuentes informativas. ADEPA fue una de las principales impulsoras de la protección específica que estas reciben en el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de su reforma en 1994. En tal sentido, ADEPA toma nota de la reciente aclaración presentada por Clarín, que desiste incluso de proponer como testigos a los periodistas mencionados en su presentación, con lo cual se ratifica el principio de no judicializar la labor periodística". 


"Una vez más, ADEPA convoca a todos los sectores de la sociedad a respetar las libertades de prensa y de expresión y a evitar presiones y descalificaciones contra periodistas y medios de comunicación", cierra el comunicado.

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