"Argentina tiene instituciones débiles y una Justicia ineficaz y politizada"
Lo dice un documento procedente del Departamento de Estado de EEUU, en el sostiene que esos factores obstaculizan la lucha contra la corrupción. Menciona los casos Schoklender y Ricardo Jaime, las "malas condiciones carcelarias" y los abusos de las fuerzas de seguridad.
En el capítulo "Corrupción Oficial y Transparencia gubernamental", el informe del Departamento de Estado sostiene que "aunque la ley prevé penas para la corrupción estatal, hay reportes de prensa que alegan que funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participan de practicas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falla en la implementación efectiva de la ley". En ese contexto habla de "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado" que obstaculizan la lucha contar la corrupción.
La evaluación que hace el Departamento sobre Argentina es parte del documento anual que envió al Congreso sobre el estado de derechos humanos en el mundo, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país.
El informe menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007 y la causa que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.
"El 3 de junio, un juez federal inició una investigación sobre presunto fraude y malversación de fondos públicos relacionados con Sergio Schoklender, el administrador financiero de la ONG Madres de Plaza de Mayo", subraya el informe y especifica que "la ONG había recibido aproximadamente 765 millones de pesos desde 2008 a través de un contrato con el gobierno para construir viviendas de bajo costo en todo el país".
Agrega que Schoklender "también alegó la corrupción gubernamental en la asignación de fondos para obras públicas, afirmando que los fondos fueron utilizados a veces para pagar las campañas políticas y que los proyectos se adjudicaron a menudo sobre la base de sobornos".
Puntualiza que "el 8 de febrero, el juez Norberto Oyarbide acusó a Héctor Capaccioli de sostener contacto en 2007 con gente del entorno de la presidenta Cristina Kirchner para recaudar fondos" y destaca el caso del ex secretario Jaime "por supuestamente recibir regalos y favores ilegales durante su mandato".
Menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía que "a veces culmina con muertes", así como "acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa" y las "continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas".
Advierte sobre las "malas condiciones carcelarias" que incluyen el "maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional" y cita la preocupación por la "eficiencia judicial e independencia" y la "corrupción de funcionarios". Enciende el alerta sobre "la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil".
Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que "las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas" y lo subraya como "un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos".
La evaluación que hace el Departamento sobre Argentina es parte del documento anual que envió al Congreso sobre el estado de derechos humanos en el mundo, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país.
El informe menciona diversos casos de presunta corrupción como el caso por el que se investiga al ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, la investigación sobre un supuesto esquema de financiamiento de las campañas ilegales del oficialismo de 2007 y la causa que involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto delito de haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar.
"El 3 de junio, un juez federal inició una investigación sobre presunto fraude y malversación de fondos públicos relacionados con Sergio Schoklender, el administrador financiero de la ONG Madres de Plaza de Mayo", subraya el informe y especifica que "la ONG había recibido aproximadamente 765 millones de pesos desde 2008 a través de un contrato con el gobierno para construir viviendas de bajo costo en todo el país".
Agrega que Schoklender "también alegó la corrupción gubernamental en la asignación de fondos para obras públicas, afirmando que los fondos fueron utilizados a veces para pagar las campañas políticas y que los proyectos se adjudicaron a menudo sobre la base de sobornos".
Puntualiza que "el 8 de febrero, el juez Norberto Oyarbide acusó a Héctor Capaccioli de sostener contacto en 2007 con gente del entorno de la presidenta Cristina Kirchner para recaudar fondos" y destaca el caso del ex secretario Jaime "por supuestamente recibir regalos y favores ilegales durante su mandato".
Menciona entre los principales problemas vinculados a los derechos humanos el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía que "a veces culmina con muertes", así como "acciones que ponen en riesgo la libertad de prensa" y las "continuas violaciones en los derechos de los pueblos indígenas".
Advierte sobre las "malas condiciones carcelarias" que incluyen el "maltrato a algunos prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de manera ocasional" y cita la preocupación por la "eficiencia judicial e independencia" y la "corrupción de funcionarios". Enciende el alerta sobre "la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso infantil, la trata sexual y trabajos forzados -sobre todo en el interior del país- y el trabajo infantil".
Con respecto a lo sucedido durante la última dictadura militar, el informe destaca que "las autoridades continúan investigando y enjuiciando a los individuos implicados en desapariciones, asesinatos y torturas" y lo subraya como "un foco de la política del gobierno argentino en materia de derechos humanos".
Comenta que hay "nuevas investigaciones sobre el 'plan sistemático' que tenía la última dictadura", que incluía "la apropiación de hijos de detenidos y el asesinato de los detenidos en los vuelos de la muerte". Según datos del CELS citados por el informe, hay "270 investigaciones judiciales en curso y 734 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar".
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