Para el Gobierno, el tren no habría tenido fallas técnicas
Aunque los análisis determinaron que el maquinista no estaba alcoholizado, las autoridades apuntan al “error humano” como la causa de la tragedia. En total hubo 50 muertos y 703 heridos.
El Gobierno dice que esperará los resultados de la investigación judicial sobre la tragedia de Once, que apenas comienza, antes de aplicar sanciones. De todas maneras, va apuntando los cañones sobre la hipótesis de que no hubo problemas técnicos ni por falta de mantenimiento, sino un error humano.
"No tenemos la constancia en el marco de la investigación judicial y todas las pericias que estamos haciendo, de que hubiera habido fallas o problemas de frenos", dijo ayer ante la prensa el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
El funcionario expuso en forma detallada una serie de datos técnicos sobre la formación registrados gracias al GPS ubicado en el tren. Dijo, además, que antes de chocar había realizado diez recorridos sin inconvenientes y que el maquinista había comenzado su turno a las 7.49.
El martes por la noche habían circulado versiones que decían que el chofer podría haber estado enviando mensajes de texto en el momento del choque.
La causa judicial avanza con los tiempos que le son propios, por los que no se esperan novedades rápidamente. El juez federal Claudio Bonadío, a cargo del caso, fijó como prioridad que se identificara a los muertos en el accidente y que los cuerpos fueran entregados a sus familiares.
En cuanto a la investigación de las causas de la tragedia, estuvo personalmente al mediodía en la estación Once, recorriendo el lugar, y constituyó una junta de tres peritos ingenieros (uno del Poder Judicial y dos de la Universidad de Buenos Aires) para que trabajen en el caso. Ante la consulta de este diario, Bonadío fue cortante: "No hay ninguna información para dar".
Una de las pocas novedades concretas desde el frente judicial que se dio a conocer fue que dio negativo el test de alcoholemia que le hicieron a Antonio Córdoba, el maquinista que conducía el tren.
Además, trascendió que se investigará la calidad de la chapa del vagón que colapsó y en el que se produjeron la mayor cantidad de muertes. Según especialistas ferroviarios, la estructura del coche debería haber resistido mejor el impacto.
Otra de las cuestiones que el juez deberá resolver en las próximas horas es si acepta la presentación del Gobierno como querellante en la causa.
El querellante es el particular damnificado por un delito y, como tal, tiene acceso al expediente, puede pedir medidas de prueba y acusar a quien considere que corresponda.
No hay dudas de que el lugar de querellante le corresponde a los heridos y a los familiares de los muertos. Sin embargo, es más dudosa la situación del Poder Ejecutivo, porque algunos de sus funcionarios pueden ser eventualmente imputados en la causa y por tener a su cargo el control de la concesión del servicio del ferrocarril Sarmiento.
Bonadío notificó formalmente tanto a la empresa TBA, como a la Secretaría de Transporte, que pueden designar a un perito de parte para que trabaje junto a los del juzgado. Otra causa penal se abrió por la tragedia, ya que una ONG denunció a Schiavi "por no proveer al mando constitucional de brindar información adecuada y veraz".
"No tenemos la constancia en el marco de la investigación judicial y todas las pericias que estamos haciendo, de que hubiera habido fallas o problemas de frenos", dijo ayer ante la prensa el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
El funcionario expuso en forma detallada una serie de datos técnicos sobre la formación registrados gracias al GPS ubicado en el tren. Dijo, además, que antes de chocar había realizado diez recorridos sin inconvenientes y que el maquinista había comenzado su turno a las 7.49.
El martes por la noche habían circulado versiones que decían que el chofer podría haber estado enviando mensajes de texto en el momento del choque.
La causa judicial avanza con los tiempos que le son propios, por los que no se esperan novedades rápidamente. El juez federal Claudio Bonadío, a cargo del caso, fijó como prioridad que se identificara a los muertos en el accidente y que los cuerpos fueran entregados a sus familiares.
En cuanto a la investigación de las causas de la tragedia, estuvo personalmente al mediodía en la estación Once, recorriendo el lugar, y constituyó una junta de tres peritos ingenieros (uno del Poder Judicial y dos de la Universidad de Buenos Aires) para que trabajen en el caso. Ante la consulta de este diario, Bonadío fue cortante: "No hay ninguna información para dar".
Una de las pocas novedades concretas desde el frente judicial que se dio a conocer fue que dio negativo el test de alcoholemia que le hicieron a Antonio Córdoba, el maquinista que conducía el tren.
Además, trascendió que se investigará la calidad de la chapa del vagón que colapsó y en el que se produjeron la mayor cantidad de muertes. Según especialistas ferroviarios, la estructura del coche debería haber resistido mejor el impacto.
Otra de las cuestiones que el juez deberá resolver en las próximas horas es si acepta la presentación del Gobierno como querellante en la causa.
El querellante es el particular damnificado por un delito y, como tal, tiene acceso al expediente, puede pedir medidas de prueba y acusar a quien considere que corresponda.
No hay dudas de que el lugar de querellante le corresponde a los heridos y a los familiares de los muertos. Sin embargo, es más dudosa la situación del Poder Ejecutivo, porque algunos de sus funcionarios pueden ser eventualmente imputados en la causa y por tener a su cargo el control de la concesión del servicio del ferrocarril Sarmiento.
Bonadío notificó formalmente tanto a la empresa TBA, como a la Secretaría de Transporte, que pueden designar a un perito de parte para que trabaje junto a los del juzgado. Otra causa penal se abrió por la tragedia, ya que una ONG denunció a Schiavi "por no proveer al mando constitucional de brindar información adecuada y veraz".
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