lunes, 11 de abril de 2011

González Oro: quiebra y mentiras

Por qué habría simulado su verdadera situación económica en una convocatoria de acreedores.


"Dale gas”, dice Oscar “El Negro” González Oro ante el micrófono de Radio 10 y el volumen de la música aumenta. Pero lo que crece día a día, sin que él lo pida, es su complicada situación legal.

La Justicia estableció que habría mentido y simulado su verdadera condición económica al solicitar la apertura de su convocatoria de acreedores y pretender pagar solo una pequeña parte de su deuda.

La Justicia Nacional Comercial le decretó la quiebra porque consideró que la oferta presentada a sus acreedores era “abusiva y en fraude a la ley” ya que la propuesta de pago que hizo era muy baja y porque “exageró sus deudas y ocultó sus bienes de manera fraudulenta”.

Bajo juramento ante el juez, Oro declaró que su sueldo era de $13.000, pero fuentes del mercado televisivo y radial aseguraron a NOTICIAS que –en realidad– cobraría $130.000, es decir, once veces más.

Con su voz inconfundible, conduce “El Oro y el moro” en la segunda mañana de Radio 10, que durante muchos años fue el programa más escuchado de la Argentina. También tiene un ciclo de entrevistas en el canal de noticias C5N llamado “Posdata”.

Garré suma denuncias penales: 3 en 6 días

El abogado Ricardo Monner Sans denunció a Nilda Garré por el presunto "encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público", ya que no planteó ante la Justicia las irregularidades que, según dijo, existen en la Policía Federal. La ministro de Seguridad también fue denunciada por el abogado Enrique Piragini, quien le imputó el delito de "abandono de persona". La semana pasada había sido demandada por el Gobierno porteño.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La ministro de Seguridad, Nilda Garré, fue denunciada por los presuntos delitos de "encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público", por no haber planteado ante la Justicia las presuntas irregularidades detectadas en la Policía Federal sobre las que habló públicamente en las últimas horas. 

El abogado Ricardo Monner Sans formuló la denuncia, que recayó ante el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide (otra causa más, y van...), con intervención del fiscal Jorge Di Lello. 

La denuncia sostiene que pese a las expresiones de Garré, no hay constancias de que "haya promovido la acción penal respecto de lo que conoce como conductas delictuales ocurridas dentro de la Policía Federal Argentina", ni tampoco que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, "haya instruido a algún Fiscal para que promueva las acciones que puedan corresponder". 

Monner Sans parafraseó expresiones de Garré en el Centro Cultural Zaguán Sur, en donde sostuvo que la Policía Federal se desenvuelve bajo un "autogobierno", que existen disputas respecto del predominio por determinadas zonas, que existirían mecanismos de extorsión contra comerciantes, vendedores ambulantes o inmigrantes. 

"Debió la Ministra pedir el enjuiciamiento de los que habían tolerado esta situación por ella descrita. Entre otros, respecto del Jefe de Gabinete -el abogado Aníbal Fernández- ya que bajo su jurisdicción tuvo durante mucho tiempo a la Policía Federal", subraya la presentación. 

También contra Garré, pero por otras razones, formuló denuncia el abogado Enrique Piragini, en su caso ante la Cámara del Crimen porteña. 

El abogado imputó a la ministra el delito de "abandono de persona con motivo de la orden de retirar la custodia que personal policial venía realizando en distintos establecimientos hospitalarios, poniendo en riesgo tanto al personal que allí se desempeña como a quienes concurren en demanda de asistencia".

Cabe destacar que la semana pasada Garré también fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por violatoria de la llamada “ley Cafiero”, tras la decisión del ministerio de Seguridad de retirar a la Policía Federal de las edificios que dependen del Gobierno porteño, como escuelas, parques, hospitales y establecimientos oficiales.

La denuncia fue realizada por la administración macrista y, ¡oh casualidad!, recayó también en manos de Oyarbide (ver nota relacionada).

Preocupa la enorme distorsión entre la inflación del INdEC y la real

“En los 50 meses comprendidos entre enero de 2007 y febrero de 2011, la inflación calculada por INdEC alcanzó a 39,4%, mientras que los aumentos de precios medidos en los centros de estadísticas de las provincias de Santa Fe y San Luis (ambos índices ponderados con metodologías similares al IPC del INdEC) ascienden a 100% y 123% respectivamente", explicó Economía & Regiones, que sufre una injusta persecución de la Secretaría de Comercio Interior, por elaborar relevamientos de precios minoristas mensuales.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). Han pasado ya más de 4 años desde el cambio de autoridades del INdEC, a lo largo de los cuales se acumularon significativas diferencias entre la inflación que calcula el instituto oficial y las mediciones de precios alternativas, como consultoras privadas, universidades y direcciones de estadísticas provinciales. 

A modo de ejemplo, entre los 50 meses comprendidos entre Enero de 2007 y Febrero de 2011, la inflación calculada por INdEC alcanzó un 39,4%, mientras que los aumentos de precios medidos en los centros de estadísticas de las jurisdicciones de Santa Fe y San Luis (ambos índices ponderados con metodologías similares al IPC del INdEC) ascienden a 100% y 123% respectivamente. 

En otras palabras, las estadísticas de Santa fe y de San Luis muestran una inflación que es un 154% y 212% (respectivamente) más elevada que la de INdEC. 

Este fenómeno se amplifica si contrastan específicamente los capítulos de “alimentos y bebidas” de los índices: Mientras los precios de los alimentos y bebidas habrían aumentado sólo un 37,3% en Buenos Aires durante el período bajo estudio, se habrían incrementado un 125,7% y un 170,3% en Santa fe y en San Luis respectivamente. 

Por último, cabe resaltar que antes de la intervención del INdEC (en Enero de 2007) los aumentos de precios de las 3 jurisdicciones eran similares, e incluso la inflación de GBA era un poco más elevada que la de Santa Fe y San Luis.

Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la estrategia que está detrás de la intervención del INdEC, o, en otras palabras, con qué objetivo el Gobierno Nacional desdibuja la verdadera dinámica de los precios.

> En 1er. lugar, una parte de los pasivos del Gobierno se ajusta por la inflación oficial.

De este modo, el 23% de la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con sus acreedores, se encuentra ajustada por la dinámica de los precios medida a través del “Coeficiente de Estabilización de referencia” (CER) que replica las variaciones del IPC de INdEC. Por ende, al subestimar los incrementos de precios, se reducen los servicios futuros de la deuda; con lo cual, se genera una reducción de los flujos a desembolsar, a medida que vencen el capital y los intereses de la deuda pública nacional.

> A su vez, la subestimación de la inflación genera importantes distorsiones en lo que respecta a otras estadísticas oficiales, con diferente grado de relevancia práctica, yendo de las mediciones del nivel de actividad, hasta las cifras de indigencia y pobreza. 

En materia de indicadores de actividad, la subestimación de la inflación tiende a sobrestimar el crecimiento. Esto sucede ya que al deflactar la facturación de algunos sectores para obtener su evolución en términos reales, se tiende a “inflar” artificialmente de su ritmo de expansión. 

En el caso del PIB, las distorsiones serían mayores a 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento, mientras que en el caso las ventas minoristas la discrepancia resulta mucho más significativa (cercana a 10 puntos porcentuales). 

Lo mismo sucede con los índices de pobreza e indigencia. Una inflación menor trae aparejada canastas -básica y alimenticia- más baratas, lo que implica -también- menos pobreza e indigencia. 

En síntesis, la sobreestimación del nivel de actividad y la subestimación de la marginalidad terminan siendo 2 activos “inflados” en lo que respecta a los resultados de la gestión pública del Gobierno Nacional.

> Otro beneficio que se obtiene al desdibujar la tasa de inflación puede ser la distorsión que se genera en la formación de las expectativas de los agentes económicos. 

Las expectativas tienen un papel determinante en la formación de los precios, y si los agentes le creen a las estadísticas oficiales (cosa que sólo podría haber ocurrido durante los primeros meses de la intervención) la expectativa inflacionaria será menor y la inflación efectiva probablemente también lo sea.

Por otro lado, si la inflación esperada es menor a la efectiva, la política monetaria expansiva tiene efectos sobre las variables reales y se traduce en mayor nivel de actividad.

No obstante, hoy en día, los agentes descreen de los índices oficiales; a modo de ejemplo, las paritarias piden incrementos de salario mayores al 20% (que incluso alcanzan el 30% en algunos sectores), lo que neutraliza los beneficios señalados anteriormente. 

Los beneficios se revierten y los precios empiezan a tener una dinámica propia que surge de la percepción o -mejor dicho- de la incertidumbre de los agentes. Esto es: empresarios que remarcan los precios de sus productos en función a lo que ellos “creen” será la inflación del año y trabajadores cuyos reclamos salariales intentan recuperar el poder adquisitivo de su ingreso según su propia percepción acerca de los incrementos futuros. 

La distorsión de precios relativos que implica este proceso se potencia por la falta de estadísticas confiables que muestren fehacientemente cuál fue la inflación del período pasado. 

En este marco de desconcierto, nadie quiere ceder parte de su ingreso, todos ajustan para arriba y una vez comenzado, este círculo se hace muy difícil de detener. 

A fin de cuentas, el “verdadero” aumento de precios termina siendo similar a lo que los agentes proyectaron equivocadamente y lo que el Gobierno Nacional creía que era beneficioso termina siendo perjudicial.

> Por último, otra ventaja de tener “pisado” el índice de precios es la discrecionalidad que se gana en el momento de ajustar las partidas de gasto (ya sea salarios públicos, jubilaciones, asignaciones familiares, subsidios, obra pública, etc.). 

Mientras que los ingresos del sector público se actualizan directamente con el aumento de precios (vía mayor recaudación de los tributos ligados directamente con la inflación como IVA, Ganancias, etc.), el incremento de las erogaciones -necesario para mantener constante el gasto en términos reales- fluctuará según el interés o el poder de negociación del gobierno. 

Negociación cuyo interlocutor no siempre es un sindicato y por lo general tiene menos herramientas coercitivas. En pocas palabras, cuanto más difusa sea la “verdadera” inflación, más poder de negociación tendrá el gobierno para actualizar sus compromisos.

martes, 5 de abril de 2011

Se profundizan los cruces entre el gobierno nacional y el porteño

Nilda Garré alertó sobre la "mala intención" de quienes dicen que los porteños quedarán desprotegidos con la retirada de la Policía Federal de los edificios de la Ciudad. En tanto, Mauricio Macri se queja: "¿Por qué se jode con la seguridad de los porteños?" 

05/04/2011 | 16:31


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La ministro de Seguridad, Nilda Garré, alertó este martes (05/04) sobre la "mala intención" de quienes presentan a la decisión de retirar a la Policía Federal de los edificios de la Ciudad como una medida que dejará desprotegidos a los hospitales y escuelas porteños.

Garré subrayó que la medida fue adoptada en el marco de "una estrategia de seguridad", y recordó que el Gobierno porteño le adeuda a la Policía Federal $30 millones, equivalentes a siete meses de la prestación de esos servicios.

"Debían mucha plata, siete meses de retraso, pero no es por eso", aclaró Garré sobre el reordenamiento de los efectivos, y dijo que la medida es para "responder a la lógica de más policía para todos los vecinos y no de custodios de edificios o funcionarios", según publicó la agencia oficial de noticias Télam.

La funcionaria manifestó que los hechos relacionados con el robo al Hospital Piñero, denunciado en las últimas horas, “son anteriores pero se han resucitado, aparentemente”. En este sentido, advirtió que “hay como una mala intención” de señalar que “esto implica que los hospitales van a quedar desguarnecidos”.

Además, Garré desestimó, en diálogo con Radio Continental, los cuestionamientos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y de otros sectores de la oposición, y recordó que en febrero pasado le adelantó "al ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, que queríamos poner más presencia policial en las calles y él entendió”.

Puntualizó luego que la decisión fue adoptada para ofrecer mayor seguridad porque el policía en la calle “tiene poder disuasorio ya que el delincuente se ve limitado, a la gente le transmite tranquilidad y, en caso de ocurrir delitos, la policía está ahí para conjurarlos”.

También recordó que la Policía Metropolitana cuenta con dos mil efectivos, "que es gente preparada, capacitada para esa tarea".

Resaltó además que buena parte del personal de la Policía Federal, cumplía también tareas de custodia del propio Jefe de Gobierno, de sus ministros, de sus familiares y de otras personas, como la ex esposa de Macri y otras personas vinculadas a él.

“Esas personas lógicamente pueden ser custodiadas por servicios privados”, consideró.

# Macri: La Presidente y Garré ponen en peligro a la gente"

Por su parte, Mauricio Macri negó que su Policía Metropolitana tenga la capacidad operativa para hacer cargo de esas vigilancias. 

"No hay manera que 2.000 personas cubran las tareas de los 'treintipico mil' que tiene la Federal, que abandonan sus tareas. Por turno son 700 policías (metropolitanos) que ocupan 10 barrios porteños, es imposible", lanzó el precandidato a presidente del PRO.

"Lo hicieron en forma inconsulta, el viernes pasado le dijimos que no lo hagan y lo hicieron igual. Ellos son los responsables de la seguridad en la ciudad. La Presidente y (Nilda) Garré ponen en peligro a la gente", continuó.

En el macrismo creen que el trasfondo de esta decisión del Gobierno nacional es político. Según expresó el jefe comunal, "las directoras de las escuelas, los maestros, los padres de los alumnos, los empleados de hospitales están preocupados. Ella (por Garré) dice que es para mejorar la seguridad, pero no creo que la mejore".

Además, reveló que su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pidió ante la Justicia que la Nación reintegre las custodias de la Policía Federal en los edificios públicos de la Ciudad.

"Montenegro está llevando a cabo una presentación en la Justicia para que la Nación devuelta las custodias a la Ciudad", afirmó Macri. "¿Por qué se jode con la seguridad de los porteños?", se preguntó. "No entiendo hacia dónde va la Presidente con esta decisión".

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