Preocupa la enorme distorsión entre la inflación del INdEC y la real

“En los 50 meses comprendidos entre enero de 2007 y febrero de 2011, la inflación calculada por INdEC alcanzó a 39,4%, mientras que los aumentos de precios medidos en los centros de estadísticas de las provincias de Santa Fe y San Luis (ambos índices ponderados con metodologías similares al IPC del INdEC) ascienden a 100% y 123% respectivamente", explicó Economía & Regiones, que sufre una injusta persecución de la Secretaría de Comercio Interior, por elaborar relevamientos de precios minoristas mensuales.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). Han pasado ya más de 4 años desde el cambio de autoridades del INdEC, a lo largo de los cuales se acumularon significativas diferencias entre la inflación que calcula el instituto oficial y las mediciones de precios alternativas, como consultoras privadas, universidades y direcciones de estadísticas provinciales. 

A modo de ejemplo, entre los 50 meses comprendidos entre Enero de 2007 y Febrero de 2011, la inflación calculada por INdEC alcanzó un 39,4%, mientras que los aumentos de precios medidos en los centros de estadísticas de las jurisdicciones de Santa Fe y San Luis (ambos índices ponderados con metodologías similares al IPC del INdEC) ascienden a 100% y 123% respectivamente. 

En otras palabras, las estadísticas de Santa fe y de San Luis muestran una inflación que es un 154% y 212% (respectivamente) más elevada que la de INdEC. 

Este fenómeno se amplifica si contrastan específicamente los capítulos de “alimentos y bebidas” de los índices: Mientras los precios de los alimentos y bebidas habrían aumentado sólo un 37,3% en Buenos Aires durante el período bajo estudio, se habrían incrementado un 125,7% y un 170,3% en Santa fe y en San Luis respectivamente. 

Por último, cabe resaltar que antes de la intervención del INdEC (en Enero de 2007) los aumentos de precios de las 3 jurisdicciones eran similares, e incluso la inflación de GBA era un poco más elevada que la de Santa Fe y San Luis.

Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la estrategia que está detrás de la intervención del INdEC, o, en otras palabras, con qué objetivo el Gobierno Nacional desdibuja la verdadera dinámica de los precios.

> En 1er. lugar, una parte de los pasivos del Gobierno se ajusta por la inflación oficial.

De este modo, el 23% de la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con sus acreedores, se encuentra ajustada por la dinámica de los precios medida a través del “Coeficiente de Estabilización de referencia” (CER) que replica las variaciones del IPC de INdEC. Por ende, al subestimar los incrementos de precios, se reducen los servicios futuros de la deuda; con lo cual, se genera una reducción de los flujos a desembolsar, a medida que vencen el capital y los intereses de la deuda pública nacional.

> A su vez, la subestimación de la inflación genera importantes distorsiones en lo que respecta a otras estadísticas oficiales, con diferente grado de relevancia práctica, yendo de las mediciones del nivel de actividad, hasta las cifras de indigencia y pobreza. 

En materia de indicadores de actividad, la subestimación de la inflación tiende a sobrestimar el crecimiento. Esto sucede ya que al deflactar la facturación de algunos sectores para obtener su evolución en términos reales, se tiende a “inflar” artificialmente de su ritmo de expansión. 

En el caso del PIB, las distorsiones serían mayores a 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento, mientras que en el caso las ventas minoristas la discrepancia resulta mucho más significativa (cercana a 10 puntos porcentuales). 

Lo mismo sucede con los índices de pobreza e indigencia. Una inflación menor trae aparejada canastas -básica y alimenticia- más baratas, lo que implica -también- menos pobreza e indigencia. 

En síntesis, la sobreestimación del nivel de actividad y la subestimación de la marginalidad terminan siendo 2 activos “inflados” en lo que respecta a los resultados de la gestión pública del Gobierno Nacional.

> Otro beneficio que se obtiene al desdibujar la tasa de inflación puede ser la distorsión que se genera en la formación de las expectativas de los agentes económicos. 

Las expectativas tienen un papel determinante en la formación de los precios, y si los agentes le creen a las estadísticas oficiales (cosa que sólo podría haber ocurrido durante los primeros meses de la intervención) la expectativa inflacionaria será menor y la inflación efectiva probablemente también lo sea.

Por otro lado, si la inflación esperada es menor a la efectiva, la política monetaria expansiva tiene efectos sobre las variables reales y se traduce en mayor nivel de actividad.

No obstante, hoy en día, los agentes descreen de los índices oficiales; a modo de ejemplo, las paritarias piden incrementos de salario mayores al 20% (que incluso alcanzan el 30% en algunos sectores), lo que neutraliza los beneficios señalados anteriormente. 

Los beneficios se revierten y los precios empiezan a tener una dinámica propia que surge de la percepción o -mejor dicho- de la incertidumbre de los agentes. Esto es: empresarios que remarcan los precios de sus productos en función a lo que ellos “creen” será la inflación del año y trabajadores cuyos reclamos salariales intentan recuperar el poder adquisitivo de su ingreso según su propia percepción acerca de los incrementos futuros. 

La distorsión de precios relativos que implica este proceso se potencia por la falta de estadísticas confiables que muestren fehacientemente cuál fue la inflación del período pasado. 

En este marco de desconcierto, nadie quiere ceder parte de su ingreso, todos ajustan para arriba y una vez comenzado, este círculo se hace muy difícil de detener. 

A fin de cuentas, el “verdadero” aumento de precios termina siendo similar a lo que los agentes proyectaron equivocadamente y lo que el Gobierno Nacional creía que era beneficioso termina siendo perjudicial.

> Por último, otra ventaja de tener “pisado” el índice de precios es la discrecionalidad que se gana en el momento de ajustar las partidas de gasto (ya sea salarios públicos, jubilaciones, asignaciones familiares, subsidios, obra pública, etc.). 

Mientras que los ingresos del sector público se actualizan directamente con el aumento de precios (vía mayor recaudación de los tributos ligados directamente con la inflación como IVA, Ganancias, etc.), el incremento de las erogaciones -necesario para mantener constante el gasto en términos reales- fluctuará según el interés o el poder de negociación del gobierno. 

Negociación cuyo interlocutor no siempre es un sindicato y por lo general tiene menos herramientas coercitivas. En pocas palabras, cuanto más difusa sea la “verdadera” inflación, más poder de negociación tendrá el gobierno para actualizar sus compromisos.

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