Clientelismo, villa y la deuda social
La fundadora y administradora del comedor comunitario Los Piletones, Margarita Barrientos, denunció hoy (13/12) que "el 80%" de las personas que ocupan el parque Indoamericano desde el martes último "tiene casa" y tomó ese predio porteño alentado por "punteros políticos" con la promesa de recibir "subsidios". El caso Mónica Ruejas.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Las declaraciones realizadas esta mañana (13/12) por Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones -lindero a los terrenos ocupados en el parque Indoamericano en Villa Soldati- puso sobre tapete la trama clientelar en la zona, uno de los ejes mafiosos sobre los que se monta el conflicto habitacional y político.
Esta mañána, en diálogo con el periodista Nelson Castro, Barrientos dijo que desde el viernes pasado, decenas de familias que concurren al comedor no reciben alimento porque la usurpación impide la llegada de las donaciones al lugar.
"Desde el viernes no podemos darle de comer a los chicos porque nos cortaron la calle y los camiones no pueden entrar a distribuir las donaciones. El médico tampoco puede hacerlo", destacó al referirse al conflicto que transcurre a solo 100 metros de la sede que dirige. Y añadió: "Hoy no podemos dar desayuno porque no tenemos los medios".
Barrientos conoce la problemática de la pobreza en la zona desde muy cerca y conoce al detalle la interna que se da en la zona. En este marco, reveló que "el 80 por ciento de la gente que está tomando el predio tiene casa dentro de la villa". "No tienen cara ni escrúpulos para hacer lo que están haciendo" en la zona ocupada, dijo.
Además dijo que muchos de los delegados de villas y grupos piqueteros como Mónica Ruejas (una delegada del barrio Los Piletones, lindero con el parque Indoamericano), tienen causas judiciales.
Sobre ésta última, la titular del comedor Los Piletones precisó que esta mujer ya participó en otro hecho similar ocurrido en el parque Polideportivo durante la gestión de Aníbal Ibarra. "Ella fue desalojada de ese parque. Rompió todo, lo tomó y lo dividió para meter gente. Ella es representante de su propio bolsillo, no de Los Piletones, como dice", cuestionó.
La historia de Rueja en Los Piletones tiene larga data: la acusaron en varias oportunidades es utilizar la representación de Los Piletones en beneficio propio frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
* La historia de Los Piletones y el ascenso de Rueja y otros punteros políticos
El barrio Los Piletones nació en 1984 cerca del lago aliviador de Soldati, en un sitio donde se emplazan unos enormes piletones de hormigón que alguna vez sirvieron como depósito de aguas en tránsito hacia su purificación y posterior consumo en la zona sur de la Ciudad. Diez años después, la población de Los Piletones creció con los habitantes desplazados de la Villa 3. En abril de 2006 el Gobierno de la Ciudad declaró a este barrio y al resto de los existentes en Soldati y Mataderos como “zona de riesgo sanitario”, advirtiendo sobre un posible colapso de cloacas y desagües.
Antes, en el año 1998, mediante la ley 148 se creó la Comisión Coordinadora Participativa, para el "diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales", debiendo garantizar la "representación vecinal y el adecuado ajuste" de las necesidades de los pobladores.
Las elecciones vecinales están reguladas por el artículo 4, por el cual "se integrará por un representante de cada villa…que haya sido electo en comicios regulares…En aquellas villas que no tenga regularizada su representación, su integración se realizará tomando como base la última elección abierta".
Por ello, hay personas que tienen en sus manos la decisión y la problemática de cada uno de esas villas, en relación directa con el gobierno de la ciudad, generando extorsiones y presiones de quienes manejan el poder dentro de la villa, toda vez que las minorías no quedan representadas. El uso político es para marchas y movilizaciones, extorsionando a la gente, por ejemplo, con los planes sociales, por cuanto es el delegado quien recibe los fondos, donaciones y materiales, siendo el encargado de distribuirlos entre los beneficiarios.
En 2007 los vecinos denunciaron entonces a “un pequeño grupo encabezado por la Sra. Mónica Ruejas” como único “intermediario” con el Estado.
“Ellos suscriben la entrega de subsidios que nunca llegan a la gente, venden mercaderías que se reciben para paliar el hambre o las envían al interior del país y derriban las casillas de los que se oponen a estas prácticas.” Así lo dijeron dejaron sentado en denuncias judiciales Luciano Ramón López (causa Villa 20 contra Instituto de la Vivienda de la CABA sobre Amparo, exp. 12975/0) contra “un grupo de personas que usurpa la representación barrial en beneficio propio, tanto de la Junta Vecinal como de la Mutual Flor de Ceibo y de la Federación de Villas, quienes reciben la mayor parte de los materiales de construcción y los administran caprichosamente en beneficio propio”.
Este poder, encarnado en los presidentes de las juntas vecinales es la base del negocio de clientelismo político y de manejos turbios y corruptos de los fondos destinados a los más necesitados. Situaciones de este tipo han sido denunciadas las Madres de Plaza de Mayo que generaron una querella por la concentración en la entrega de recursos y ayudas, manejados ilícitamente por quienes debían distribuirlos o como arma de extorsión.
Otra de las que abrieron causas contra Ruejas fueron las Madres de Plaza de Mayo. Dos que entraron en pugna cuando las Madres comenzaron con los planes de viviendas subsidiadas por el Estado.
Según informa la página Que no se repita, el conflicto entre Madres y Ruejas comenzó cuando la Asociación liderada por Hebe de Bonafini se presentó a una licitación para construir viviendas en este barrio, ganándola con un proyecto que ya había implementado en otro lugar de escasos recursos, como Ciudad Oculta. Las Madres finalmente ganaron la licitación, con un detalle no menor en su proyecto: se iban a emplear a los propios habitantes del barrio para la construcción, a quienes además capacitaba.
Al llegar a la villa se encontraron con una situación, aclarada en la querella: Mónica Ruejas apareció "atribuyéndose una representación que no posee". Quien, además, se ha "interpuesto entre los habitantes del barrio y los recursos y ayudas que brinda el Gobierno de la Ciudad". Esta representante no legítima requería, según la querella, ser ella misma quien designe a los vecinos que iban a trabajar en las obras. Por otro lado, según la presentación habría reclamado que se le pague un sueldo semanal a ella y algunas personas cercanas para algunos cargos.
Pero todo este conflicto no es nada más que la profunda deuda social con una economía que casi se duplicó en los últimos veinte años, pero una pobreza alcanza todavía a tres de cada diez argentinos, según un informe de Ecolatina.
Y explica: Cabe notar que esta situación no es la que signa a la historia del país ya que hasta inicios de los ‘70 este flagelo alcanzaba a sólo uno de cada veinte.
Si bien las transferencias de ingresos a sectores vulnerables permiten paliar tal adversidad, se debe profundizar la ofensiva para revertir su crecimiento y evitar los estragos que genera una tasa tan elevada y sostenida en el tiempo (pobreza estructural). Necesariamente deberían atenderse dos cuestiones: la dinámica de los precios y las condiciones del mercado laboral.
Como se explicó en reiteradas ocasiones, las familias de menores recursos son las más expuestas al alza de precios, especialmente cuando la suba se concentra en los alimentos. En un contexto donde los incrementos superan a la recomposición de los ingresos, se pierde poder adquisitivo y la puja precios-salarios registrados se dispara, empeorando la situación.
Por su parte, fomentar una elevada creación de empleo implica combatir directamente a la pobreza. Además, aumentar la formalidad laboral es otro punto fundamental, pues los salarios no registrados reciben siempre menores ingresos y cobertura social.
A diferencia de la década del ’90, donde el desempleo era una cuestión central, actualmente el problema urgente es la inflación. Por ello, la implementación de una política antiinflacionaria sería el puntapié inicial de un proceso genuino de mejora social. De hecho, en las condiciones que comienza la década una mayor certidumbre en materia económica impulsaría, por ejemplo, proyectos de inversión impactando positivamente en el mercado laboral.
La decisión es fundamentalmente política, pero claramente requiere de un consenso amplio para garantizarla. En países similares (Brasil, Uruguay, Chile) la actividad crece a un ritmo elevado, con un nivel de inflación controlado y baja desocupación. En ese contexto mejoran genuinamente la mayoría de los indicadores sociales.
Pueden ser enumeradas otras cuestiones no menos importantes que atañen a la deuda social, como revertir el déficit educativo y habitacional o fortalecer seriamente las instituciones. Pero los desafíos vuelven a unificarse sobre el requerimiento de consenso para definir las prioridades y perseguir mancomunadamente los objetivos dispuestos.
La oportunidad para la Argentina en la nueva década está abierta. El punto de partida y el contexto internacional es favorable. Resta que el conjunto de la sociedad se decida a asumir el compromiso de trabajar para alcanzar un nivel de bienestar superior en la década que se inicia.
Las marchas
Además, se van sumando las convocatorias: vecinos de Villa Lugano conovan a la única movilización en Avenida Argentina y Rucci.
En tanto, otros convocan a una marcha en Ruta 3 y Camino de Cintura y exigen la presencia del intendente en La Matanza, Espinoza.
Esta mañána, en diálogo con el periodista Nelson Castro, Barrientos dijo que desde el viernes pasado, decenas de familias que concurren al comedor no reciben alimento porque la usurpación impide la llegada de las donaciones al lugar.
"Desde el viernes no podemos darle de comer a los chicos porque nos cortaron la calle y los camiones no pueden entrar a distribuir las donaciones. El médico tampoco puede hacerlo", destacó al referirse al conflicto que transcurre a solo 100 metros de la sede que dirige. Y añadió: "Hoy no podemos dar desayuno porque no tenemos los medios".
Barrientos conoce la problemática de la pobreza en la zona desde muy cerca y conoce al detalle la interna que se da en la zona. En este marco, reveló que "el 80 por ciento de la gente que está tomando el predio tiene casa dentro de la villa". "No tienen cara ni escrúpulos para hacer lo que están haciendo" en la zona ocupada, dijo.
Además dijo que muchos de los delegados de villas y grupos piqueteros como Mónica Ruejas (una delegada del barrio Los Piletones, lindero con el parque Indoamericano), tienen causas judiciales.
Sobre ésta última, la titular del comedor Los Piletones precisó que esta mujer ya participó en otro hecho similar ocurrido en el parque Polideportivo durante la gestión de Aníbal Ibarra. "Ella fue desalojada de ese parque. Rompió todo, lo tomó y lo dividió para meter gente. Ella es representante de su propio bolsillo, no de Los Piletones, como dice", cuestionó.
La historia de Rueja en Los Piletones tiene larga data: la acusaron en varias oportunidades es utilizar la representación de Los Piletones en beneficio propio frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
* La historia de Los Piletones y el ascenso de Rueja y otros punteros políticos
El barrio Los Piletones nació en 1984 cerca del lago aliviador de Soldati, en un sitio donde se emplazan unos enormes piletones de hormigón que alguna vez sirvieron como depósito de aguas en tránsito hacia su purificación y posterior consumo en la zona sur de la Ciudad. Diez años después, la población de Los Piletones creció con los habitantes desplazados de la Villa 3. En abril de 2006 el Gobierno de la Ciudad declaró a este barrio y al resto de los existentes en Soldati y Mataderos como “zona de riesgo sanitario”, advirtiendo sobre un posible colapso de cloacas y desagües.
Antes, en el año 1998, mediante la ley 148 se creó la Comisión Coordinadora Participativa, para el "diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales", debiendo garantizar la "representación vecinal y el adecuado ajuste" de las necesidades de los pobladores.
Las elecciones vecinales están reguladas por el artículo 4, por el cual "se integrará por un representante de cada villa…que haya sido electo en comicios regulares…En aquellas villas que no tenga regularizada su representación, su integración se realizará tomando como base la última elección abierta".
Por ello, hay personas que tienen en sus manos la decisión y la problemática de cada uno de esas villas, en relación directa con el gobierno de la ciudad, generando extorsiones y presiones de quienes manejan el poder dentro de la villa, toda vez que las minorías no quedan representadas. El uso político es para marchas y movilizaciones, extorsionando a la gente, por ejemplo, con los planes sociales, por cuanto es el delegado quien recibe los fondos, donaciones y materiales, siendo el encargado de distribuirlos entre los beneficiarios.
En 2007 los vecinos denunciaron entonces a “un pequeño grupo encabezado por la Sra. Mónica Ruejas” como único “intermediario” con el Estado.
“Ellos suscriben la entrega de subsidios que nunca llegan a la gente, venden mercaderías que se reciben para paliar el hambre o las envían al interior del país y derriban las casillas de los que se oponen a estas prácticas.” Así lo dijeron dejaron sentado en denuncias judiciales Luciano Ramón López (causa Villa 20 contra Instituto de la Vivienda de la CABA sobre Amparo, exp. 12975/0) contra “un grupo de personas que usurpa la representación barrial en beneficio propio, tanto de la Junta Vecinal como de la Mutual Flor de Ceibo y de la Federación de Villas, quienes reciben la mayor parte de los materiales de construcción y los administran caprichosamente en beneficio propio”.
Este poder, encarnado en los presidentes de las juntas vecinales es la base del negocio de clientelismo político y de manejos turbios y corruptos de los fondos destinados a los más necesitados. Situaciones de este tipo han sido denunciadas las Madres de Plaza de Mayo que generaron una querella por la concentración en la entrega de recursos y ayudas, manejados ilícitamente por quienes debían distribuirlos o como arma de extorsión.
Otra de las que abrieron causas contra Ruejas fueron las Madres de Plaza de Mayo. Dos que entraron en pugna cuando las Madres comenzaron con los planes de viviendas subsidiadas por el Estado.
Según informa la página Que no se repita, el conflicto entre Madres y Ruejas comenzó cuando la Asociación liderada por Hebe de Bonafini se presentó a una licitación para construir viviendas en este barrio, ganándola con un proyecto que ya había implementado en otro lugar de escasos recursos, como Ciudad Oculta. Las Madres finalmente ganaron la licitación, con un detalle no menor en su proyecto: se iban a emplear a los propios habitantes del barrio para la construcción, a quienes además capacitaba.
Al llegar a la villa se encontraron con una situación, aclarada en la querella: Mónica Ruejas apareció "atribuyéndose una representación que no posee". Quien, además, se ha "interpuesto entre los habitantes del barrio y los recursos y ayudas que brinda el Gobierno de la Ciudad". Esta representante no legítima requería, según la querella, ser ella misma quien designe a los vecinos que iban a trabajar en las obras. Por otro lado, según la presentación habría reclamado que se le pague un sueldo semanal a ella y algunas personas cercanas para algunos cargos.
Pero todo este conflicto no es nada más que la profunda deuda social con una economía que casi se duplicó en los últimos veinte años, pero una pobreza alcanza todavía a tres de cada diez argentinos, según un informe de Ecolatina.
Y explica: Cabe notar que esta situación no es la que signa a la historia del país ya que hasta inicios de los ‘70 este flagelo alcanzaba a sólo uno de cada veinte.
Si bien las transferencias de ingresos a sectores vulnerables permiten paliar tal adversidad, se debe profundizar la ofensiva para revertir su crecimiento y evitar los estragos que genera una tasa tan elevada y sostenida en el tiempo (pobreza estructural). Necesariamente deberían atenderse dos cuestiones: la dinámica de los precios y las condiciones del mercado laboral.
Como se explicó en reiteradas ocasiones, las familias de menores recursos son las más expuestas al alza de precios, especialmente cuando la suba se concentra en los alimentos. En un contexto donde los incrementos superan a la recomposición de los ingresos, se pierde poder adquisitivo y la puja precios-salarios registrados se dispara, empeorando la situación.
Por su parte, fomentar una elevada creación de empleo implica combatir directamente a la pobreza. Además, aumentar la formalidad laboral es otro punto fundamental, pues los salarios no registrados reciben siempre menores ingresos y cobertura social.
A diferencia de la década del ’90, donde el desempleo era una cuestión central, actualmente el problema urgente es la inflación. Por ello, la implementación de una política antiinflacionaria sería el puntapié inicial de un proceso genuino de mejora social. De hecho, en las condiciones que comienza la década una mayor certidumbre en materia económica impulsaría, por ejemplo, proyectos de inversión impactando positivamente en el mercado laboral.
La decisión es fundamentalmente política, pero claramente requiere de un consenso amplio para garantizarla. En países similares (Brasil, Uruguay, Chile) la actividad crece a un ritmo elevado, con un nivel de inflación controlado y baja desocupación. En ese contexto mejoran genuinamente la mayoría de los indicadores sociales.
Pueden ser enumeradas otras cuestiones no menos importantes que atañen a la deuda social, como revertir el déficit educativo y habitacional o fortalecer seriamente las instituciones. Pero los desafíos vuelven a unificarse sobre el requerimiento de consenso para definir las prioridades y perseguir mancomunadamente los objetivos dispuestos.
La oportunidad para la Argentina en la nueva década está abierta. El punto de partida y el contexto internacional es favorable. Resta que el conjunto de la sociedad se decida a asumir el compromiso de trabajar para alcanzar un nivel de bienestar superior en la década que se inicia.
Las marchas
Además, se van sumando las convocatorias: vecinos de Villa Lugano conovan a la única movilización en Avenida Argentina y Rucci.
En tanto, otros convocan a una marcha en Ruta 3 y Camino de Cintura y exigen la presencia del intendente en La Matanza, Espinoza.
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