Uruguay resiste un pedido de los Kirchner: La otra cara de una reforma

El diario Últimas Noticias, de Montevideo, revela cuál fue la premura del presidente uruguayo José Mujica de enviar un proyecto de ley para flexibilizar el secreto bancario, realizado previo al viaje de Mujica a la Ciudad de Buenos Aires para el Bicentenario: "intenta ganar tiempo y quitarle argumentos a Argentina, que exige acceder a datos de depósitos (en Uruguay) de sus ciudadanos".

| 27/05/2010 | 16:19


MONTEVIDEO (Últimas Noticias). Uruguay y Argentina llevan adelante una dura negociación por varios temas.

El gobierno de Cristina Fernández presiona a Uruguay para obtener información acerca de los depósitos de argentinos en nuestro país. Este es uno de los temas que integra el paquete de asuntos pendientes -incluido el piquete de Gualeguaychú- que ambos Estados negocian, pero mientras para Argentina es prioritario, Uruguay busca solucionar otros aspectos y postergar éste en el tiempo, confirmaron a Ultimas Noticias altas fuentes del Poder Ejecutivo.

El tema fiscal forma parte del menú que será tratado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica en Anchorena el próximo 2 de junio. El país vecino insiste en firmar un acuerdo para evitar la doble imposición de tributos, dijo a Ultimas Noticias otra fuente oficial.

Así, la Administración General de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina, además de gravar las rentas que sus ciudadanos generen en Uruguay, estaría en condiciones de exigirle datos a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre los depósitos de argentinos en nuestro país. El funcionario precisó que la intención de Argentina no es saber "qué cantidad de plata hay" en Uruguay, sino "la cantidad de cuentas y sus titulares".

Estrategia

El país vecino (la Argentina) mantiene firme su pedido y quiere que el gobierno de Mujica ceda. Su argumento es que Uruguay mantiene la condición de paraíso fiscal, que no cumple con los parámetros de transparencia internacional y que no colabora con información.

En este escenario, no fue casual el anuncio que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, realizó el lunes al mediodía respecto al gravamen de activos uruguayos en el exterior y las facilidades que la DGI dispondrá para levantar el secreto bancario frente a sospecha de evasión.

Fuentes oficiales dijeron a Últimas Noticias que la intención era quitarle argumentos al gobierno argentino previo al viaje de Mujica a Buenos Aires apelando al proyecto de ley que demuestra la intención de Uruguay de ceñirse a los requerimientos de la Ocde.

Durante su visita en Buenos Aires, Mujica respaldó la iniciativa y explicó que Uruguay se está "adaptando al mundo contemporáneo" donde están apareciendo "nuevas reglas (...) porque los países centrales están mandando a parar con el libertinaje financiero".

A esto se suman los 12 acuerdos que Uruguay firmó con otros Estados, en línea con las exigencias de la Ocde, para evitar la doble tributación e intercambiar información tributaria.

Los depósitos

Consultado por Ultimas Noticias, el actual director de Rentas, Pablo Ferreri, había dicho que no le sería facilitada información a Argentina a no ser que existiera un convenio que así lo avalara, "como los tratados para evitar la doble imposición de tributos que se han firmado" con otros países en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Se estima que los depósitos de argentinos en Uruguay son la mayoría de las colocaciones de no residentes que registra el Banco Central del Uruguay. La cifra total de depósitos en la plaza local fue de US$ 12.851 millones en abril de 2010, de los cuales, US$ 9.829 millones corresponden a los activos de residentes y US$ 3.022 millones a los depósitos de no residentes, que representan el 23,5% del total.

Argentina expresó en múltiples oportunidades su temor por la evasión fiscal que podrían estar cometiendo sus ciudadanos al desviar fondos hacia Uruguay, donde los movimientos son amparados por el secreto bancario.

En este contexto, la Afip solicitó en varias instancias acceder a información bajo la sospecha de evasión fiscal, a lo que Uruguay se negó alegando al marco legal del derecho bancario y tributario.

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